Las supremas candidatas de México: entre impartir justicia y una campaña electoral

Entre semana, juezas de la Suprema Corte de Justicia. En fin de semana, candidatas de mitin. Las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, muy cercanas al oficialismo, han iniciado la carrera por la cacería de votos de cara a la elección judicial del 1 de junio, en la que buscan salir electas para conservar su lugar en el Supremo. No solo eso. La candidata más votada presidirá el Alto Tribunal los siguientes dos años, conforme a las reglas de la reforma judicial instaurada por Morena, el partido gobernante, y que ha cambiado radicalmente la manera como se elige a los jueces en México. Las ministras aún deben despachar asuntos judiciales en la Corte bajo criterios de imparcialidad, a la vez que salen a las plazas a prometer una impartición de justicia acorde con los valores de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta, Claudia Sheinbaum. Las juezas van de la toga al chaleco guinda, del mallete al jingle, de la sentencia a la promesa. Ninguna ha considerado separarse temporalmente del cargo en el Supremo para no afectar el trabajo judicial.

Las campañas para convertirse en juez comenzaron oficialmente este fin de semana, pero las supremas candidatas iniciaron la promoción de sus candidaturas hace semanas, adelantándose a los tiempos marcados por el INE, que organiza la inédita elección. Las ministras han tenido un lugar privilegiado respecto de sus competidores y han aprovechado sus puestos públicos para dar impulso a sus campañas. Han hecho visitas a los Estados a foros organizados por los gobernadores, legisladores o líderes políticos locales (que, en teoría, deberían mantenerse al margen de la elección judicial). Han dado entrevistas a medios con toda la apariencia de inserciones pagadas. Han dedicado tiempo y recursos a grabar videos para subirlos a sus cuentas oficiales de redes buscando enganchar. La frontera entre el funcionario público y el candidato ha quedado difuminada, borrada la línea entre juez y político, entre interpretación de la ley y demagogia. Lo que las juezas hacen como parte de su función jurisdiccional se convierte en un insumo para su campaña.

Este fin de semana fue posible ver a las candidatas del Supremo en un ambiente puramente electoral. Los medios reportaron cómo hubo organizaciones sindicales o de comerciantes que llevaron a sus agremiados a los mítines de las ministras, cómo se repartió comida entre los asistentes, cómo se dispuso de autobuses para transportar a los “simpatizantes”, todo lo que en México ha constituido históricamente la práctica del acarreo, muy de los tiempos del PRI y, ahora, de Morena. La composición de las bases de apoyo a las ministras da cuenta de las fuerzas políticas detrás de sus candidaturas.

La ministra Ortiz fue arropada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Cooperativa Cruz Azul y comerciantes de La Merced. En un auditorio prestado por el SME, donde hubo un enorme cartel con el rostro de la jueza, flanqueada ella misma por Martín Esparza, dirigente de los electricistas, Ortiz trajo a cuento a López Obrador, quien la impulsó al cargo de integrante de la Corte, aunque dijo que ella es “independiente y autónoma”. “Soy una chulada de mujer, porque, a mis 70 años, no estoy tan mal”, dijo la jueza, entre aplausos, “y tengo también la capacidad”, complementó. Ortiz ha declarado anteriormente que tiene definido un calendario para hacer campaña tras cumplir su horario como togada y en fines de semana, que la justicia duerme. La jueza ha señalado que el Supremo aprobó un cronograma para desahogar los asuntos pendientes y ha acordado ya no turnar a los ministros salientes nuevos casos, a la espera de la nueva integración que saldrá de las urnas. “La nueva Corte va a empezar con ocho mil asuntos. Eso no me parece buena idea, yo no estuve de acuerdo”, ha referido Ortiz, y ha lanzado un dardo a una de sus colegas. “La ministra Lenia Batres ya se quería ir de campaña”, ha dicho.

Yasmín Esquivel recibió el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en el Estado de México. La ministra inició su campaña en el municipio de Ecatepec, uno de los más sobrepoblados y pobres. Los habitantes acudieron al mitin de arranque no solo a mostrar su apoyo, sino también a reclamar que han vivido décadas sin agua potable. Esquivel, que arrastra señalamientos por el plagio de sus tesis de licenciatura y doctorado, ha hecho durante su discurso un recorrido por el imaginario obradorista. Habló de transformar un sistema judicial en manos de unos cuantos, de democratizar la justicia, de impartir sentencias con vocación humanista, de limpiar la corrupción, del pueblo. “Es tiempo de abrir la puerta de la justicia para quienes han sido olvidados”, ha dicho. Esquivel ha conseguido un enorme despliegue mediático para apuntalar sus aspiraciones, y se ha vuelto la candidata a vencer en la disputa por la presidencia del Supremo.

La ministra Lenia Batres, que se ha hecho llamar Ministra del Pueblo, encabezó una caminata en la alcaldía Tlalpan (Ciudad de México) y luego un mitin, rodeada, según se explicó, de vecinos de la misma demarcación. “Creo que soy la única candidata que está empezando con la gente, empezando en la calle, en un espacio abierto”, ha puntualizado, en referencia a Esquivel y Ortiz, que arrancaron en auditorios. La jueza, hermana de Martí Batres, exjefe de Gobierno de Ciudad de México y actual titular del ISSSTE, criticó las limitaciones que ha impuesto el INE a los candidatos a la elección judicial, por ejemplo, que no puedan apoyarse en partidos políticos. “Es una campaña muy particular, no nos están dejando mucho espacio para difundir información”, ha referido.

La campaña es, en efecto, peculiar. Los mexicanos votarán a cientos de cargos judiciales entre miles de candidatos, mediante numerosas boletas llenas de nombres y materias judiciales. En teoría, los aspirantes solo pueden hacer campaña en debates y foros académicos, en caminatas en las calles y a través de redes sociales —aunque sin pagar pautas publicitarias—, y deben usar sus propios recursos económicos, sin sobrepasar un tope establecido por el INE. La intención de estas restricciones es salvaguardar de alguna manera la independencia de quienes aspiran a convertirse en jueces, una meta que se antoja difícil cuando la impartición de justicia se ha abierto al torrente de la política.