La batalla por la participación, el punto más caliente de la elección judicial

En unos días se celebrarán unas de las elecciones más grandes de la historia de México y la mayoría de la población todavía no sabría decir en qué fecha exacta serán. El 77% no conoce a los candidatos, pero el 72% está convencido de que los comicios son necesarios. Las encuestas previas han cambiado el foco y ya no miden quién va a ganar, sino si la gente va a salir a votar. Los académicos y la sociedad civil se debaten entre ir o no ir a las urnas y difunden las listas de los 10 argumentos para uno y otro lado. La oposición no encuentra una respuesta efectiva ante la elección, mientras para Morena, impulsor de la reforma, la batalla central se ha trasladado a la participación: cuanto más alta, más legitimidad —y viceversa—. Lo resume a la perfección la presidenta, Claudia Sheinbaum, que cada tantos días repite la misma tonada: “Hay que votar el primero de junio, votar, votar, votar, que salga la ciudadanía a votar”.

No importa si son cinco o 20 millones de mexicanos los que ejerzan su derecho al voto, los próximos jueces, magistrados y ministros del país se van a elegir este domingo. Están en juego los titulares de 881 cargos federales y 1.800 estatales. Esta elección inédita para México y para el mundo, que levanta pasiones y críticas por igual, provocará un drástico cambio en el mapa institucional del país, con apenas antecedentes y muy pocas certezas.

Una encuesta de EL PAÍS ha revelado que el 62% de los ciudadanos cree que los resultados no serán representativos si no se alcanza un 60% de participación, es decir, tanta como en las presidenciales. Algo que parece a estas alturas imposible, pero más cercano que hace unas semanas, cuando a Sheinbaum se le escapó reconocer que un 5% o un 10% de la participación sería, aun así, “un éxito”. Una afirmación que parecía orientada en preparar el terreno para una abstención masiva.

Sin embargo, los últimos sondeos electorales ha dado un subidón a las expectativas de Morena, principal —y casi único— promotor de esta elección. El promedio de las encuestas de Mitofsky para El Universal y la de Enkoll para EL PAÍS arroja que el 34% de las personas cree “muy probable” acudir a las urnas y el 27% lo ve como “algo probable”.

Esta es una elección inédita en México, por lo que es difícil la comparación con otras votaciones. Las elecciones presidenciales suelen tener una participación cercana al 60%, pero esta se reduce al 45% para las elecciones intermedias, que nombran a diputados. Este porcentaje se hunde en otros ejercicios electorales extraordinarios: por ejemplo, la votación por la revocación de mandato —promovida por Andrés Manuel López Obrador en 2022— tuvo una participación apenas superior al 17%, y la consulta popular sobre si había que enjuiciar a los expresidentes —también auspiciada por López Obrador, en 2021— atrajo solo al 7% de la lista de electores. Estos dos últimos han sido los ejercicios electorales federales con menor asistencia desde 1994.

Los expertos en temas electorales y judiciales acortan las expectativas de las encuestas. “Creo que van a tener una participación menor a los dos dígitos”, apunta el investigador de la UNAM, Josafat Cortez. “Se habla de un 10%, que sería una participación bajísima, sería un poder judicial ilegítimo”, añade el abogado Luis Tapia. “Yo no creo que sea tan baja como en la consulta popular porque ahí no estaba nada en juego, aquí sí hay incentivos de grupos muy variados, desde los grandes intereses económicos hasta del crimen organizado, para movilizar”, cuenta Javier Martín Reyes, “creo que terminaremos en un escenario intermedio entre el 7% y el 40% de una elección intermedia”. Los especialistas desgranan los principales factores que van a afectar a la participación, desde la falta de presupuesto, la complejidad y las propias exclusiones a los comicios.

Falta de presupuesto

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha contado con un presupuesto de apenas 800 millones de pesos para organizar la elección judicial, mientras que para los comicios federales del año pasado ascendió a 8.800 millones, 10 veces más. Esta reducción de los fondos va a tener un impacto directo en las casillas electorales: mientras en 2024 instalaron unas 170.000 en todo el país, la nueva jornada electoral solo contará con 84.000 casillas, es decir, menos de la mitad.

Los candidatos tampoco han podido recibir fondos, ni públicos ni privados, para hacer campaña. Podían usar sus recursos personales hasta un tope de 220.000 pesos (unos 10.000 dólares), no importa si aplican a la Suprema Corte de Justicia o a jueces de distrito. Por comparar, los candidatos a la presidencia de México podían llegar a gastar 660 millones de pesos y los aspirantes a la Cámara de Diputados, más de 2,2 millones de pesos. Aunque sea con su dinero propio, los candidatos a la elección judicial tienen prohibido utilizarlo para hacer publicidad en medios de comunicación, por lo que se ven orillados a usar sus propias redes sociales, hacer pequeñas concentraciones o repartir volantes casa por casa.

Todo esto ha repercutido en un desconocimiento casi total de los candidatos. “Ese es el principal reto que enfrenta la elección judicial: la ciudadanía tiene serios obstáculos para poder ubicar a los candidatos, comparar las ofertas y sobre todo tener acceso a la información que se requiere para elegir en las mejores condiciones”, apunta Josafat Cortez, que señala que esto ha orillado a los candidatos a ser ubicados por su “color y número” antes que por su trayectoria profesional.

La complejidad

El abogado Luis Tapia reunió a un grupo de académicos en Washington (Estados Unidos) donde vive, para hacer un simulacro de la elección judicial. “No lo entendían”, resume, “veían el sistema de colores y se me quedaban viendo… Es una elección con un grado de complejidad alto”. Cada elector va a recibir el domingo seis boletas con un color diferente según sea para la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina, el Tribunal Electoral (sala superior o sala regional), los magistrados para tribunales de circuito y los jueces. Dentro de algunas boletas se añade también otro código de color, según la materia de esos juzgadores: civil, penal, administrativo… Además, a las seis boletas federales se sumarán en 19 Estados las papeletas de las elecciones locales. El INE ha calculado que cada persona va a tardar entre ocho y 14 minutos en votar.

Esta complejidad puede repercutir, por un lado, en un mayor número de votos nulos. Por ejemplo, si se coloca el número de una candidata mujer en la columna de los hombres, o el de la materia civil en la casilla de la civil, o un número que corresponde a un candidato a juez de distrito en la boleta a magistrado de distrito.

La dificultad —y falta de difusión— también puede llevar a un voto cruzado, es decir, que la participación sea mucho más alta para la Suprema Corte que para la sala regional del Tribunal Electoral. “Hay que distinguir entre personas que acuden a votar y número de votos. Por ejemplo, en la boleta de ministras y ministros una persona puede emitir hasta nueve votos: cinco para mujeres y cuatro para hombres. Yo creo que lo que va a pasar es que mucha gente no va a utilizar todos sus votos”, reflexiona el investigador de la UNAM Javier Martín Reyes.

Exclusiones

El domingo culmina la reforma del sistema de justicia sin los principales afectados por el sistema de justicia. En México hay más de 90.000 personas en la cárcel que no han recibido una sentencia, según el último informe de la Secretaria de Seguridad Pública, y que no van a poder participar en la elección donde son las principales interesadas. “El INE lo decidió por falta de presupuesto y de tiempo”, explica Luis Tapia: “Es un elemento que se suma a la simulación de los objetivos de la reforma judicial: se dice que es para mejorar la legitimidad, para que los jueces sean más cercanos al pueblo, pero termina siendo el pueblo una creación imaginaria, una masa no definida”.

Así, a diferencia de las pasadas elecciones, las personas en prisión preventiva no van a poder votar y tampoco van a poder hacerlo los mexicanos en el extranjero, que en 2024 emitieron más de 184.000 votos. El voto exterior también pudo participar en la consulta popular sobre los expresidentes, pero no en esta.

Indefinición de los críticos

Las dudas sobre si votar o no han marcado a los sectores contrarios a la reforma judicial. Por un lado, señala Luis Tapia: “La falta de una contrapropuesta, no solo de la oposición, sino del poder judicial ha terminado por dejarnos sin opciones”. El comité del poder judicial decidió dejar de participar en el proceso en febrero, por lo que nunca pudo mandar a sus propios candidatos. Además, los líderes del PRI y PAN siguen revolviéndose contra la elección, por lo que rechazan ir a votar. El investigador Josafat Cortez apunta ante eso que “la historia de los movimientos abstencionistas en este país nunca han sido exitosa”: “Llamar a no votar nunca ha sido una estrategia exitosa”.

Por eso, muchos de los críticos con la elección judicial sí abogan por ir a las urnas, para poder elegir a candidatos independientes y formados. “Yo creo que tenemos que aprovechar cualquier oportunidad para influir en la reforma judicial. Ya se aprobó y es desastroso”, apunta Cortez, “pero si la ciudadanía no sale a votar lo que va a pasar es que Morena, que es el partido mayoritario, va a movilizar a sus bases y ellos son los que van a terminar configurando el nuevo poder judicial”.