La elección judicial cristaliza el sueño de López Obrador de que los tribunales no entorpezcan su proyecto político

Hace un par de años, Andrés Manuel López Obrador ensayaba que debía reformarse el esquema de elección judicial para que los ministros de la Suprema Corte fuesen votados por la gente. Sin embargo, los frecuentes desencuentros con los togados y los jueces federales que revocaron sus leyes o suspendieron sus proyectos de infraestructura lo llevaron a concluir que el Poder Judicial era un obstáculo mayúsculo, un problema que no se subsanaría con una simple elección de la cúpula judicial. El cambio debía ser de gran calado. El recorrido de la reforma constitucional que dio origen a los comicios del pasado domingo refleja el cambio gradual de un López Obrador receloso de los jueces, a otro que consideró inevitable la renovación absoluta de la Judicatura. El expresidente quería que los nuevos juristas no fuesen abiertos opositores a su proyecto político, como muchos en el Poder Judicial saliente. Aprovechando el ciclo electoral de apoyo a Morena, era factible que los nuevos integrantes del Poder Judicial fuesen afines a su credo político. Así que el partido gobernante desplegó una importante maquinaria de dirección del sentido del voto.

Este periódico ha relatado cómo, dentro del mismo entorno de López Obrador y de quien sería su sucesora, Claudia Sheinbaum, hubo asesores que intentaron suavizar la reforma que el expresidente ya tenía en mente. Conscientes del intrincado andamiaje que supondría organizar una elección de toda la Judicatura, y de los costos políticos de echar a la calle a un poder atrincherado por décadas, los asesores proponían que la elección popular fuese únicamente para los ministros del Supremo, los más visibles opositores al gobierno de López Obrador. Pero el dirigente se sostuvo en la necesidad de una sacudida completa y de raíz, agregando un candado, según su idea, difícil de vulnerar: el instrumento del voto popular.

Muy adepto a una visión mística de la política, el expresidente cree que el voto directo no solo sirve para renovar las instituciones, sino para purificarlas. Tanto López Obrador como ahora Sheinbaum sostienen que, entre más elecciones, entre más cargos públicos se sometan a la lógica electoral, más democracia hay en México. Sin embargo, más allá de ese ideal abstracto, elegir a los jueces en las urnas también entrañaba para Morena la oportunidad de movilizar el voto, de colocar a perfiles afines, de fundar un Poder Judicial no solo nuevo, sino con integrantes inclinados hacia los principios del obradorismo.

Las tendencias en el recuento de los votos emitidos en la pasada elección judicial sustentan las críticas que desde hace tiempo ha repetido la oposición: que a los tribunales llegaron jueces aprobados por Morena. Tan solo un botón de muestra: los nuevos integrantes de la Suprema Corte son exactamente los mismos que aparecían en uno de los acordeones —hojas que indicaban cómo votar— repartidos antes y durante la elección por parte de operadores morenistas. El candado resultó vulnerado, a manos del propio partido de López Obrador y de Sheinbaum.

La pregunta en este punto es qué tan profundo habrá llegado el control del oficialismo sobre los tribunales. Es muy probable que la circunstancia se repita para el Tribunal de Disciplina Judicial, el nuevo órgano de vigilancia de los jueces, criticado por muchos juristas por sus poderes sin contrapesos. Otros cargos codiciados eran los de magistrados del Tribunal Electoral. En unos días, cuando el INE concluya el recuento de votos, se sabrá cuántos tribunales colegiados y juzgados de distrito estarán conformados por jueces cercanos a Morena.

Algunos analistas sostienen que no se puede considerar que la elección judicial ha sido una simple vendetta de López Obrador contra los jueces o que todo se explique en función del cálculo político del control judicial. Los niveles de impunidad en México son alarmantes —9 de cada 10 delitos quedan sin castigo— y la justicia se convirtió en una necesidad de difícil acceso para quien no tuviese dinero o influencias. Se diría que en este punto de la historia hubo una conjunción entre los intereses del gobierno y los anhelos de justicia de la población.

La abogada Vanessa Romero encuentra un trasfondo más complejo que el afán elemental de controlar el sistema judicial. La académica señala que López Obrador tendió un dique de contención en torno a Sheinbaum para blindar a su proyecto político del lawfare [guerra jurídica] que la derecha suele desplegar desde la Judicatura, como le sucedió a Lula en Brasil. “Ante la desconfianza que tiene López Obrador en el Poder Judicial, pero en general de los abogados, le trasladó la decisión al único actor en el que confía, que es el pueblo”, plantea.

Romero advierte que, más allá de la mera democratización de la Judicatura mediante el voto directo, López Obrador sembró la necesidad de la renovación constante de los cargos judiciales, algo que ocurría poco en el anterior esquema de servicio profesional de carrera. “Como sucede con el Ejército: los batallones militares son constantemente renovados porque son fácilmente corrompibles. Quizá él encontró valor en esa dualidad: sí dárselo al pueblo, pero que no fuera lo más importante; lo importante es la rotación, para que [los jueces] no tuvieran ese coto de poder inamovible que los hace profundamente corruptos”, indica.

El politólogo Javier Rosiles llama la atención sobre la “poca legitimidad” del proceso porque solo participó uno de cada 10 mexicanos en posibilidad de votar. El académico apunta que eso desmonta el esfuerzo de López Obrador de hacer creer que la reforma judicial era una demanda ciudadana, y no al revés: una imposición de la cúpula política. “La reforma se impulsó con un discurso de cercanía con el pueblo, pero lo que consiguió fue producir un enorme estrés en la ciudadanía y los órganos electorales. A la ciudadanía se la metió en una elección difícil de entender y, por lo tanto, no participó”, sostiene. Para Rosiles, el ideal democrático de López Obrador fracasó porque, sencillamente, el desempeño del poder Judicial sigue una lógica distinta a la representación política.

A muchos les sorprendió ver a López Obrador salir de su retiro para participar en la votación de jueces. Desde la oposición se dijo que el expresidente se había recluido por temor al rechazo de la gente, sin tomar en cuenta que, al contrario, dejó el cargo con una popularidad sin precedentes. Y sin tomar en cuenta que el expresidente es el claro arquitecto de la elección judicial. Lo sorprendente hubiese sido que el padre no fuese al encuentro de su creatura.