Las primeras elecciones judiciales de México solo alcanzan un 13% de participación

Las primeras elecciones judiciales en la historia de México han arrojado una participación de alrededor del 13%, muy por debajo de la que recogían las últimas encuestas. La escasa presencia de ciudadanía en las casillas electorales durante todo el día vaticinaba un desenlace así. Los miles de candidatos que se postulaban para cubrir 2.681 puestos eran perfectos desconocidos para la inmensa mayoría de los electores, lo que sumado a la complejidad de las más de seis papeletas que había que rellenar ha disuadido a la población, que no tenía siquiera el recurso de votar por un partido sin pensar en nombres. Los resultados definitivos se prolongarán a lo largo de esta semana.

Claudia Sheinbaum, que justo hace un año lograba un abrumador triunfo, ha calificado la elección de “éxito” y ha celebrado los 13 millones de electores que han participado en ella. Como en días previos, ha recordado que si el Gobierno hubiera querido poner a los jueces de su preferencia no habrían dejado que el pueblo decidiera. En un vídeo emitido poco después de conocerse el dato de participación, en torno a la medianoche, ha cargado contra el poder judicial que venía “favoreciendo al crimen organizado” y los “delitos económicos”. Hoy, sin embargo, “México es el país más democrático del mundo”. En días pasados, Sheinbaum daba por buena incluso una participación del 5% del censo: una cifra de dos dígitos parece ganancia. En la conferencia de este lunes, sin embargo, reconoció que “todo es perfectible” y que se tomarán conclusiones de posibles disfunciones para la próxima ronda en 2027.

Una de las imágenes del día electoral ha sido la del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que ha salido a votar entre la curiosidad de periodistas y ciudadanos en Chiapas. No era para menos, el exmandatario lleva fuera de la vida pública desde que entregó el poder a su sucesora el 1 de octubre pasado, lejos de los focos, ajeno a las cámaras, retirado en su vivienda de Palenque, donde se dedica a escribir. Desde entonces, no se ha tenido de él una imagen ni unas declaraciones, hasta este domingo: “Tenemos la mejor presidenta del mundo”, dijo al acudir a su casilla electoral. Está bien de salud, añadió, y se mostró feliz por tener el derecho de elegir jueces, magistrados y ministros por primera vez: “Me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático”.

López Obrador puso los primeros ladrillos de la reforma judicial que ha tenido que implementar Sheinbaum, tras ser aprobada por las Cámaras con poco tiempo y nulo consenso político. La comparación entre ambos presidentes será objeto de análisis por su capacidad movilizadora del electorado. Sheinbaum, a pesar de su enorme popularidad y de haber ganado las elecciones con más votos y porcentaje que ningún otro presidente anterior, no ha logrado arrastrar a la ciudadanía en esta ocasión, mientras que López Obrador consiguió un 17% de participación cuando se sometió, a mitad de mandato, a unos comicios igualmente inéditos para continuar o no en el poder. Se trataba entonces del famoso y polémico Revocatorio, que quedó fijado por ley y por el que tendrá que pasar también su sucesora.

Las prisas para consumar esta elección no han ayudado. La ciudadanía no ha tenido mucho tiempo para preparar el voto en una enredada selección entre miles de candidatos. El sistema es inédito en el mundo, solo en un puñado escaso de países eligen a los jueces por voto popular, pero en ninguno de ellos a los de todas las instancias, como es el caso. Apenas el partido gobernante, Morena, y sus aliados han sacado adelante la reforma judicial. Esa es la razón de que buena parte de los afines a partidos opositores hayan seguido la consigna de no acudir a las urnas.

La elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte constituye el punto más polémico de la reforma judicial y es posiblemente el asunto de índole doméstica que ha dado más dolores de cabeza a la presidenta Sheinbaum en sus ocho meses exactos de mandato. El partido gobernante cuenta con una enorme mayoría y el idilio entre la presidenta y la ciudadanía está lejos aún de apagarse, pero la escasa participación ha aguado la fiesta morenista.

La histórica elección ya se ha cumplido, lo que está por ver es qué capacidad tendrán estos nuevos jueces de combatir los mayores defectos que aquejan a los tribunales mexicanos, podridos algunos de corrupción, clasismo y colusión política. Pronto se conocerá a los ganadores para la Suprema Corte, una instancia muy denostada por los líderes de Morena para la que se han postulado los únicos nombres con cierta popularidad. Algunas de las candidatas ya eran ministras de este tribunal supremo y sus nombres sonaban mucho entre los electores de la capital, por ejemplo. Cabe la posibilidad de que repitan, ahora con el voto popular.

A la falta de concurrencia en las urnas contribuyeron los partidos opositores, que pidieron abstención en este proceso, con el que siempre estuvieron en desacuerdo. Denunciaron que fueron unas elecciones partidistas y advirtieron al partido gobernante de que no cayera en la tentación de falsear las cifras de participación. Nada más cerrar los colegios, a las seis de la tarde, los líderes del partido conservador Acción Nacional (PAN) salieron a decir que ni de lejos la participación iba a superar el 10%, que no les contaran “cuentos chinos”. Con tan escasa participación, los partidos opositores podrían haber situado sin dificultad algún ministro de su preferencia en la Suprema Corte. Pero optaron por ningunear la elección.

El proceso puede deslegitimarse desde un punto de vista político, pero los nuevos jueces, elegidos están, como reconoció el PAN, cuyo líder nacional, Jorge Romero, les concedió a todos el beneficio de la duda y les advirtió de que a partir de ahora tendrán que demostrar en el ejercicio del cargo si están por la objetividad y la justicia o solo a favor del poder.

En esta ocasión el voto ha sido, libre, secreto y lento, más parecido a un examen: la gente llevaba la chuleta con los nombres y el número de cada candidato y se sentaba en las casillas a escribir un rato, cerca de 10 minutos. En esta jornada, las urnas se han compartido con las elecciones municipales en los Estados de Durango y Veracruz, pero en 2027, la segunda parte de las judiciales coincidirá con las elecciones intermedias en todo el país, más complejo aún.

Todos y cada uno de los aspirantes estaban sometidos a un cese previo si ya ejercían y a presentarse de nuevo al cargo. Salvo en la Suprema Corte, los candidatos no se han hecho notar, porque las campañas han sido muy limitadas legalmente: cada quien ha tenido que buscar el voto con actos muy sencillos y sufragados con su propio dinero. De ahí la polémica sobre las papeletas impresas o digitales que se han rellenado con nombres de candidatos y repartido para orientar el voto, algo muy criticado y sobre lo que tendrá que pronunciarse también el órgano electoral.

La primera criba de los postulantes, que quedó en manos del Poder Ejecutivo y Legislativo (el Judicial acabó por apartarse del proceso) ha estado jalonada de errores y fallas que han permitido la intrusión de perfiles bisoños cuando no relacionados con el narcotráfico o con un pasado corrupto en el ejercicio de sus funciones judiciales. Sobre esas impugnaciones tendrá que decidir también el órgano electoral a toro pasado, no dio tiempo antes de las elecciones, cuando ya las papeletas estaban impresas.

Las sorpresas de la jornada electoral han sido nulas en algunos Estados, habida cuenta de que solo se validó el nombre de un candidato para un único puesto, anulando el ejercicio de elección: el resultado se sabía antes de abrir las urnas y de efectuar el recuento. Más que casualidad, se ha criticado fuertemente la colusión de intereses para situar a la persona elegida en el cargo sin el concurso de otros aspirantes.

Estos comicios se han vendido por parte del partido oficialista como la forma más democrática de selección y el bálsamo contra la corrupción judicial que asola México, donde la impunidad de los delitos supera el 90% y hay miles de inocentes en las cárceles o a la espera de un juicio y una sentencia. Pero es difícil convencer a un mexicano de que el simple voto popular acabará con la corrupción, porque tiene pruebas de sobra, en el terreno político, de lo contrario.

El hecho de que hayan salido a la luz en las últimas semanas algunos nombres de postulantes relacionados con el crimen o con prácticas indeseables ha incrementado la desconfianza. Y las críticas han arreciado contra el partido gobernante, dado que han sido los legisladores, de mayoría morenista, quienes han cribado a los aspirantes, lo que hace sospechar que muchos de ellos serán dóciles a las consignas del poder. Algunos analistas han avisado de que esto se puede venir contra ellos como un búmeran cuando un juez emita una sentencia sospechosa, porque ya no cargarán las quejas contra el poder judicial, como se venía haciendo hasta hoy, sino contra quienes diseñaron este proceso.