La exconsejera de Mazón investigada en la dana presenta una queja contra la jueza ante el Poder Judicial

La jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la dana de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, encara nuevos ataques de los exaltos cargos del expresidente Carlos Mazón imputados en la causa que rastrea la responsabilidad penal en las 230 muertes que dejó la riada. La última ofensiva contra la magistrada está pilotada por la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat y principal investigada, Salomé Pradas. Tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) tumbó ayer una querella del abogado y youtuber Ruben Gisbert contra la instructora y su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, Pradas ha presentado un escrito contra la magistrada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de los jueces.

La exconsejera sostiene que Ruiz Tobarra pudo comerte una “falta muy grave” al permitir que su pareja participara en la toma de declaración de testigos en la fase inicial de la investigación en el juzgado de Catarroja. Una acusación que ha desmontado el TSJ valenciano, que ayer elogió incluso el “esfuerzo y laboriosidad de la instructora” en el auto en el que rechazaba investigar a Mazón, que al ser aforado por su condición de diputado autonómico, sólo puede ser imputado por este órgano superior.

El documento presentado por Pradas al Poder Judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, tilda la instrucción de la causa de “precipitada”. E insta a este órgano de gobierno de la judicatura a que requiera unos audios divulgados por Ok Diario en los que se oye supuestamente al marido de la jueza en la toma de declaración de víctimas. “Puede suponer la indebida intromisión de un magistrado en una causa conducida por otro. [...] Puede haberse producido una indebida revelación de los hechos objeto de la instrucción en favor de un magistrado”, argumenta el abogado de la exconsejera, el exmagistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Urbano.

Pradas pide ahora al CGPJ que cite a Gisbert, el letrado que presentó la querella contra la jueza de Catarroja, y a sus seis representados. La exconsejera fragua así una alianza con este abogado, que fue invitado por el PP y Vox a la comisión de investigación de la dana de las Cortes Valencianas y que solicitaba en su querella apartar a Ruiz Tobarra de la causa, someterla a un análisis psiquiátrico y echar cautelarmente a la magistrada y a su marido de la carrera judicial. El TSJ valenciano cortocircuitó ayer las pretensiones de este letrado, que se hizo célebre por divulgar el bulo de que en el aparcamiento del centro comercial Bonaire de Aldaia (Valencia) se acumulaban cientos de muertos.

Ruiz Tobarra, que enmarca los manejos de Gisbert en una campaña para apartarla de la investigación, denunció el pasado septiembre una estrategia similar para minar su imagen pública de imparcialidad urdida entonces por el abogado José María Bueno Manzanares, que defiende al otro exalto cargo de Mazón imputado, el exdirector general de Emergencias, Emilio Argüeso. La magistrada denunciaba entonces que este letrado pretendía invertir los términos y que se situara a la instructora bajo el foco de las pesquisas.