Contradicciones y tesis enfrentadas: Rajoy y Cospedal, contra otros testigos y datos del sumario de Kitchen

La vista oral sobre el caso Kitchen ha sumado su tercera semana de sesiones. Aunque aún queda mucho camino por delante (no se prevé que acabe hasta finales de junio), casi 50 testigos han desfilado ya ante el tribunal de la Audiencia Nacional que enjuicia la operación activada en 2013 en el seno del Ministerio del Interior para espiar a Luis Bárcenas, a su familia y a su entorno. En estos días, los magistrados han podido escuchar, entre otros, al propio extesorero popular; a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del PP durante el despliegue policial; y a María Dolores de Cospedal, antigua secretaria general del partido. Pero, también, a más de una veintena de agentes, que ofrecieron datos que refuerzan buena parte de la tesis de las acusaciones sobre la trama.

Pese a ello, Rajoy decidió el jueves, cuando fue interrogado, salir en apoyo de su excolaborador y hombre de confianza, Jorge Fernández Díaz, principal acusado. Su versión, así como la de Cospedal y los procesados, se contradice y enfrenta con las de otros testigos y con la información que obra en los miles de folios del sumario.

¿Un operativo legal? Durante su declaración, el expresidente del Gobierno decidió dar un paso más allá de los que había dado hasta ahora y se alineó directamente con las defensas. Rajoy, que en ocasiones anteriores había hablado de “actuaciones ilegales” al referirse a Kitchen —como en diciembre de 2021, en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre el caso—, cambió el tercio el pasado jueves y rechazó que los cargos que colocó en Interior y la Policía Nacional pusieran en marcha un despliegue al margen de la ley. “Estoy convencido de que esa operación policial se adecuó a la legalidad”, zanjó, en referencia a los seguimientos a Bárcenas y su familia.

Es más, el antiguo jefe del Ejecutivo afirmó que los implicados buscaban “el dinero” que el extesorero podía ocultar y “sus testaferros”. Más allá de Fernández Díaz, que siempre se ha escudado en que él nunca supo nada de nada, esa es la línea argumental esgrimida por el comisario Eugenio Pino, a quien el PP de Rajoy puso al frente de la Policía Nacional; y de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, que insiste en que siempre creyó que la operación era legal.

Sin embargo, como se esfuerzan en hacer ver la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones (que sostienen que los imputados buscaban material incriminatorio de cargos del PP para que no se incorporara al caso Gürtel), esa versión de las defensas —y, ahora, también de Rajoy— chirría con las pruebas e indicios acumulados en las pesquisas. Una decena de agentes de la Unidad Central Operativa de Apoyo (UCAO) y de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), ajenas al grupo de policías de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que sí estaba investigando el rastro del dinero de Bárcenas por orden de la Audiencia Nacional, han admitido al tribunal que participaron en seguimientos a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y que incluso colocaron una cámara de videovigilancia frente al edificio que alberga el despacho del entonces abogado del extesorero, Javier Gómez de Liaño, que les permitió fotografiar durante días a quienes entraban, salían o simplemente rondaban el inmueble.

Este dato resulta clave. Porque la UCAO y la UAI, que dependían en 2013 de dos comisarios acusados (Enrique García Castaño, alias El Gordo, y Marcelino Martín Blas), nunca informaron de sus seguimientos al equipo de la UDEF, ni le facilitaron los datos que obtuvieron, según han manifestado en el juicio varios de sus entonces responsables y el inspector jefe Gonzalo Fraga, principal investigador del caso Kitchen. Esa circunstancia impacta en las defensas y en el razonamiento planteado por Rajoy; ya que, si los acusados solo buscaban el dinero de Bárcenas, ¿por qué nunca dijeron nada a los policías que ya estaban en ello y bajo mandato y dirección directa del juez Pablo Ruz, instructor de la Audiencia Nacional?

El propio Ignacio Cosidó, exparlamentario del PP y director general de la Policía Nacional en aquella época, mostró su extrañeza ante el entrometimiento de dos unidades ajenas a la UDEF. “En determinadas operaciones de crimen organizado, una unidad puede pedir apoyo. Pero siempre sería bajo la responsabilidad de la UDEF y, entiendo, que bajo la supervisión de la autoridad judicial”, dijo al tribunal. “No se me pidió ayuda de la UDEF”, añadió Enrique Barón, que era el comisario jefe de la Comisaría General de Información, de la que dependía la UCAO. A lo que Manuel Vázquez, entonces comisario jefe de la UDEF, remachó que él tampoco pidió apoyo, ni le informaron de esos seguimientos ajenos a su grupo. Es más, según apostilló, nunca le hubieran hecho falta: “Teníamos una sección propia de vigilancias”. “¿Y es posible que una unidad de apoyo vaya por libre?”, preguntaron a otro policía del servicio de coordinación del Cuerpo. “Yo entiendo que no”, sentenció.

Para más inri, el sumario apunta que Kitchen se activó en el verano de 2013. Para entonces ya hacía meses (y se había publicado) que había llegado a España y a la propia Policía una comisión rogatoria de las autoridades de Suiza que indicaba que Bárcenas ocultaba allí su fortuna de millones de euros. Además, el comisario Enrique García Castaño confesó que el chófer de Bárcenas, captado como confidente, les entregó en secreto en octubre de 2013 varios dispositivos electrónicos del extesorero (dos móviles y una tableta), que clonaron sin permiso judicial. Esa escena ha sido confirmada en la vista por otros dos agentes que participaron en la extracción de información, quienes atestiguaron que les cuadra que fuese el conductor quien facilitó los aparatos.

La supuesta grabación de Rajoy. El expresidente del Gobierno centró parte de sus esfuerzos en tirar por tierra el testimonio de Bárcenas, que unos días antes volvió a acusarle de conocer la caja b del PP. El extesorero contó que la trama Kitchen le “robó” una grabación que él guardaba de una conversación que mantuvo con el exlíder del PP, donde se escuchaba cómo Rajoy destruía una copia de la última página de la contabilidad paralela. “Eso es absolutamente falso”, respondió el jueves el exjefe del Ejecutivo, que lleva años negando esa escena: “Es metafísicamente imposible que los destruyera [...] Yo no he triturado lo que no ha estado en mis manos”, afirmó en 2021, durante el juicio de Los papeles de Bárcenas.

Rajoy agrega que Bárcenas ha cambiado varias veces de versión sobre ese audio y que llegó, incluso, a negar su existencia. Pero el extesorero justificó que no reconoció antes que lo había tenido porque no le venía bien a la estrategia de defensa que mantenía en sus causas pendientes. Pese a todo, la Fiscalía insiste en que, de cara al fondo del juicio de Kitchen, no tiene mayor importancia si esa grabación se produjo o no porque, según ahonda, la trama estaba convencida en 2013 de que existía y, por ello, iban detrás de ella. Como ejemplo, el 4 de marzo de 2014, el turbio comisario José Manuel Villarejo —que, entre otras maniobras, se encargó de captar al chófer como confidente— escribió el siguiente apunte en su agenda personal: “Varias llamadas sobre papel interceptado a Sánchez, colega de LB. Hay que localizar al sujeto que tiene los audios que dice que hay que anular”.

Al sumario de Kitchen se incorporó, precisamente, un documento que refuerza parte de la tesis de que Bárcenas guardaba un audio de Rajoy (o, al menos, de que, cuando entró en prisión preventiva en 2013, ya iba diciendo en privado que lo tenía). Instituciones Penitenciarias ha facilitado a la Audiencia Nacional una nota manuscrita que se intervino en marzo de 2014 a uno de sus compañeros de la cárcel, cuya autoría atribuye al excontable popular. Ese papel reza literalmente: “Hay que destruir todos los audios de M. R. cuando yo te dé la orden”. En el juicio, ese recluso ha reconocido que Bárcenas le encargó “borrar unos archivos” durante un permiso, pero aseveró que no pudo ejecutar el plan porque la policía lo detuvo antes y lo devolvió al centro penitenciario.

“El objetivo de recuperar esa información no era utilizarla; sino en aquel momento, al contrario, era destruirla, porque había habido una aproximación hacia mí por parte de personas vinculadas al PP”, relató Bárcenas en fase de instrucción al referirse a ese episodio.

SMS olvidados y negados. Rajoy incidió el jueves en que solo recordaba uno de los mensajes que se cruzó con Bárcenas: el famoso “Luis, sé fuerte”. Pero, ante el tribunal de Kitchen, el expresidente también negó ser el autor de un SMS remitido al extesorero el 26 de febrero de 2012, que decía: “Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo”. “No tengo ni idea de lo que es eso”, afirmó ante los magistrados a preguntas del abogado de Podemos, Jaime Montero, que ejerce la acusación popular. Sin embargo, en julio de 2017, durante su declaración como testigo en el juicio de la pieza principal del caso Gürtel, el exdirigente popular sí admitió que él escribió ese texto: “Era una respuesta a ese mensaje y a otro [de Bárcenas], en que él expresaba sus dificultades [...] ‘Hacemos lo que podemos’ significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar a ningún proceso”, reconoció en esa vista oral.

Estos mensajes están incorporados al sumario de Kitchen porque El Gordo entregó en la Audiencia Nacional un documento en formato PDF que, según narró, contenía los SMS, wasaps, emails y la agenda de contactos de Bárcenas que consiguieron sacar de los teléfonos y la tableta que les entregó el chófer. El policía encargado del volcado ha asegurado en el juicio que ese PDF tiene una estructura “compatible” con el archivo generado en la extracción.

Las citas de Cospedal con Villarejo. La ex secretaria general admitió el jueves que se reunió durante años con el comisario, pero alegó que nunca le hizo “encargos” y que solo le hacía “preguntas”. Esas palabras contrastan con audios de los encuentros grabados por el propio Villarejo, como uno publicado por EL PAÍS que recoge una conversación donde ella le insta a él a “parar” la “libretita” de Bárcenas. Pero, además, el juicio ha dejado otras contradicciones al respecto. La expolítica aseguró que únicamente se reunió “ocho o nueve” veces con el policía en la sede de los populares y en una cafetería, y siempre “a iniciativa de él”. “Nunca a iniciativa mía”, recalcó. Pero su antiguo asesor, José Luis Ortiz, recordó ante el tribunal que, como mínimo, un encuentro se produjo en el Ministerio de Defensa; y que Cospedal también le pedía al agente que se viera con ella.

Las llamadas con el comisario. A preguntas de la abogada del PSOE, Gloria de Pascual, que ejerce la acusación popular, Cospedal subrayó ante los jueces que “no” hablaba por teléfono con Villarejo, ni por fijo ni por móvil. Esa versión se enfrenta, por un lado, al audio de “la libretita”, donde ella arranca esa frase con la expresión “por eso te estoy llamando”. A su vez, EL PAÍS ha tenido acceso a un informe de junio de 2021 firmado por el inspector jefe Fraga, principal investigador de Kitchen, que señala que la dirigente del PP telefoneó al policía a las 15.41 del 11 de julio de 2013. Ese contacto duró 19 segundos, según el documento policial, de acceso restringido y que el tribunal no está permitiendo que se exhiba durante el juicio. Este informe, que se basa en el análisis de las comunicaciones “albergadas” en un móvil intervenido a Villarejo al arrestarlo en 2017, añade que, tan solo tres minutos después, el agente llama a Ignacio López del Hierro, entonces marido de la popular.

Y Villarejo lo anotó todo en su agenda personal. Ese día, junto al nombre de Cospedal, puso: “Muy mosca con la citación. Le aconsejé que llamara a Chisco. Lo hizo más tarde”. Chisco era el apodo que usaba para Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, con el que también presuntamente tuvo una conversación esa jornada: “Charla de casi 45 minutos. Plan contra LB. Interv. [sic] comunicaciones, registros y citación de mujer e hijo”. Junto a las siglas de López del Hierro (ILH), apuntó: “Toque porque Chisco me pidió comprobar si la Cospe había pactado ser citada”. Entonces, la tensión entre los populares marcaba máximos ante los rumores de que Bárcenas iba a tirar de la manta en una declaración ante el juez Ruz —confesión que se produciría finalmente el día 15 de ese mes—.

¿Y ahora qué? Las mediáticas declaraciones de Rajoy y Cospedal tienen una innegable repercusión política, pero el impacto en el fondo de la causa resulta limitado. El juicio se reanuda este lunes con interrogatorios a más testigos. Entre otros, a dos antiguos pesos pesados del PP, Soraya Saénz de Santamaría y Javier Arenas. Pero de ambos tampoco se esperan grandes revelaciones. Según explican fuentes de varias acusaciones y defensas, buena parte de su interés se centra ahora en la sesión del miércoles, cuando está previsto que comparezca el inspector jefe Manuel Morocho, cuya declaración estaba prevista para el pasado lunes y fue pospuesta. Morocho era el principal investigador del caso Gürtel y denunció continuas presiones políticas y dentro de la propia Policía Nacional para boicotear sus pesquisas.