El juicio de Kitchen muestra las crudas entrañas de la Policía

Es junio de 2021 cuando, sentado con un enorme archivador repleto de papeles sobre las rodillas, el inspector jefe Manuel Morocho desgrana ante el magistrado Manuel García-Castellón la infinidad de perrerías que le hicieron dentro de la propia Policía Nacional para que sus averiguaciones sobre el caso Gürtel no llegaran a buen puerto. El principal investigador de la trama de corrupción que anidó en el corazón del PP, minucioso y exhaustivo, ofrece durante horas al juez los detalles de cómo varios de sus superiores se alinearon con las presiones políticas de los conservadores para ralentizar sus indagaciones, sacar nombres clave de sus informes (como el de Mariano Rajoy), apartarle de su unidad e, incluso, tratar de comprarlo con un destino mejor. “Hablando claramente, se buscaba una situación que fuera insostenible personalmente y profesionalmente para que yo abandonara la investigación y les dejara expedito el campo para que pudieran manejarla como ellos pensaban hacer”, remacha Morocho.

—Me deja usted un panorama desolador —le reconoce ese día García-Castellón, que dirigía entonces las pesquisas sobre la Operación Kitchen.

—Esta honestidad me cuesta mucho mantenerla, como se puede imaginar —responde contundente el inspector.

Kitchen no fue solo un despliegue de espionaje urdido en 2013 en el seno del Ministerio del Interior contra el extesorero popular Luis Bárcenas. Sino también, según inciden las acusaciones en el juicio que ha comenzado este abril en la Audiencia Nacional, una operación contra otros policías. Los impulsores de la trama querían frenar como fuera las indagaciones sobre Gürtel y para ello, según explica la Abogacía del Estado, además de tratar de robar la información “comprometedora” que el excontable del PP aún pudiera guardar sobre altos cargos del partido para que nunca saliera a la luz, se conjuraron para “intimidar al jefe del equipo investigador”. Es decir, a Morocho, a quien el tribunal prevé escuchar como testigo este próximo lunes.

La declaración del inspector jefe servirá para mostrar aún más las entrañas de la institución y para destripar todavía más los tejemanejes en el Cuerpo, donde un grupo de altos funcionarios decidió que no importaba saltarse las líneas rojas. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior de Rajoy de 2011 a 2016, y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, encabezan la lista de acusados que se sientan en el banquillo. Pero a su lado lo acompañan cinco comisarios de la Policía (entre ellos, Eugenio Pino, el máximo jefe operativo de la institución en esa época; el oscuro José Manuel Villarejo; y José Luis Olivera, a quien se atribuye la ejecución de las presiones a Morocho); dos inspectores jefe; y un octavo agente, Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas que colaboró con la trama como confidente y que en 2015, cuando se puso fin a Kitchen, aprobó las pruebas para servir con placa y pistola —unas oposiciones que las acusaciones sospechan que fueron amañadas—.

Esta semana, con los interrogatorios a los primeros testigos, los magistrados ya han podido hacerse una idea de las irregularidades. Una veintena de agentes han desfilado ante sus ojos. El segundo destacó por encima del resto. Fue Gonzalo Fraga, inspector jefe de Asuntos Internos y principal investigador de Kitchen, que implicó sin ambages a las cúpulas de Interior y la Policía de Rajoy. Que su número de carné profesional (el 111.470) aparezca al final de un oficio, constituye una verdadera pesadilla para los acusados, al igual que lo fue el de Morocho (el 81.067) para el PP y los implicados en Gürtel. De hecho, ambos se parecen bastante. Como demuestran cada vez que comparecen ante un tribunal para ofrecer los resultados de sus averiguaciones, son detallistas, meticulosos, precisos, escrupulosos... Hacen gala de una memoria prodigiosa para navegar por los miles de datos y pruebas que plagan sus informes, que apuntalan las tesis de Anticorrupción.

Ese rigor vuelve locos a sus enemigos. El pasado lunes, cuando Gonzalo Fraga acumulaba ya cerca de dos horas de comparecencia destrozando a las defensas con pruebas e indicios, un acusado murmuraba entre dientes contra él en un receso: “Hijo de puta”. “Algo le habrán prometido”, le señalaba igualmente Villarejo. A Morocho también trataron de destrozarlo, con el PP a la cabeza, que llegó a pedir en la Audiencia Nacional que se le apercibiera. “Usted, sencillamente, coge contratos, coge donantes, los pone en una hoja Excel y llega a conclusiones. Usted no tiene formación jurídica”, arremetió en 2021 el entonces diputado popular Eloy Suárez Lamata contra el policía, durante la comisión de investigación abierta en el Congreso sobre el caso Kitchen. A día de hoy, un lustro después, los tribunales han confirmado las pesquisas del principal investigador del caso Gürtel, que suma casi un centenar de condenados a cárcel (decenas de ellos, vinculados al PP). Suarez Lamata ahora es senador y preside la comisión abierta en la Cámara alta sobre el caso Koldo.

Guerras y complicidades

El desfile de policías ante el tribunal del caso Kitchen, para declarar como testigos en esta segunda semana de juicio, ha permitido también acreditar ya los excesos bajo el mando de Pino, así como las complicidades y las descarnadas refriegas dentro de la institución. La bautizada como “guerra de comisarios” entre Villarejo y Marcelino Martín Blas, que también se sienta en el banquillo, era un secreto a voces. “Yo era consciente de ese enfrentamiento”, admitió el miércoles Ignacio Cosidó, director general del Cuerpo en aquellos años.

Además, hasta nueve agentes distintos han ahondado ante los magistrados en cómo participaron en el verano de 2013, por orden de sus superiores, en dos operaciones paralelas de espionaje a Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, de las que nunca se dio cuenta a los investigadores de Gürtel. Y otros dos funcionarios han relatado que un confidente entregó varios dispositivos electrónicos para clonarlos y extraer toda la información —la Fiscalía subraya que eran dos teléfonos y una tableta del antiguo responsable de finanzas del PP—. Ese confidente, a quien ambos agentes identificaron después como el chófer del extesorero, era un colaborador de Enrique García Castaño, alias El Gordo, que era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). Este comisario fue el que puso en marcha el despliegue de decenas de efectivos en Kitchen para espiar a Bárcenas y su entorno durante meses; e, incluso, confesó que entró en un estudio de la esposa para robarle documentación sensible.

El comisario Enrique Barón estaba en aquella época al mando de la Comisaría General de la Información, de la que dependía la UCAO, García Castaño y esa multitud de agentes que participaron en los seguimientos a Bárcenas. Con semblante serio, el alto mando contó el miércoles al tribunal que no se enteró de nada de Kitchen y que El Gordo lo puenteaba con Pino. A su vez, aprovechó la oportunidad para tratar de quitar hierro al despliegue: dijo que los casi 70 agentes que participaron en las vigilancias no desatendieron otras operaciones. Y frenó los intentos de algún abogado de poner sobre la mesa los enfrentamientos dentro del cuerpo: “Yo considero que la Dirección General de la Policía no es un patio de colegio”, zanjó, antes de dirigirse hacia la zona por donde salen los testigos. Allí, uno de los acusados, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, se levantó para abrirle la puerta. Barón abandonó entonces la sala y, ya lejos de la mirada del tribunal, se volvió hacia Fuentes Gago para susurrarle que creía que su declaración había ido “bien”; mientras levantaba el pulgar hacia el procesado en gesto de aprobación.

Morocho tiene una anécdota para resumir todos los años de presiones y ataques en ese minimundo que es la Policía. Un día, cuando Pino lo puso directamente en 2015 bajo su tutela en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), le presentó al comisario Enrique García Castaño. Al verlo y decirle su nombre, El Gordo exclamó sorprendido y jocoso: “¿Y tú qué haces aquí, si tenías que estar muerto?”.