Los condenados a cárcel por el caso Gürtel rozan ya los 100

La defensa numantina levantada por Mariano Rajoy en febrero de 2009 tras el estallido del caso Gürtel —“Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden, esto es una trama contra el PP”, dijo— nada ha tenido que ver con la realidad que han dictado los tribunales. La red de corrupción que anidó en la formación acumula ya cerca de 100 sentenciados a penas de cárcel (decenas de ellos, antiguos cargos de la fuerza política) y tres condenas al propio partido por beneficiarse de la trama. Aunque aún falta por celebrarse el último juicio sobre Gürtel (previsto para el próximo noviembre) y aunque Alberto Núñez Feijóo, actual presidente de los conservadores, sigue insistiendo en el bulo de que el Tribunal Supremo anuló la primera sentencia contra los populares, la Audiencia Nacional elevó este 2025 el total de condenados al emitir un nuevo fallo sobre adjudicaciones amañadas en Arganda del Rey (Madrid), donde vuelve a recalcar que Francisco Correa y sus subordinados compraron a dirigentes del PP valiéndose de su influencia.

Los tres magistrados que firman esta última resolución de la Audiencia Nacional (Fernando Andreu, María Teresa García y Javier Mariano Ballesteros) insisten en la línea marcada anteriormente por otros tribunales: “La red de influencias de Francisco Correa, con la que llevaba a cabo sus actividades ilícitas, se extendió a comunidades y municipios gobernados por el Partido Popular debido a la estrecha relación que tanto él como integrantes de su grupo mantenían con algunos cargos y miembros de ese partido político”.

Al relato de “hechos probados” que deja ya la justicia se suma el largo listado de condenados. Según el recuento elaborado por EL PAÍS, los 11 juicios celebrados hasta ahora sobre distintas ramas del caso Gürtel dejan 94 sentenciados a penas de prisión. Entre ellos se encuentran los líderes de la trama: Francisco Correa (con más de 115 años de cárcel acumulados) y su antiguo número dos, Pablo Crespo, quien fuera secretario de Organización de los populares en Galicia. También empresarios y constructores (como Fernando Martín, expresidente de Martinsa y del Real Madrid; José Luis Ulibarri; Alfonso García-Pozuelo; y Carlos Jorge Martínez Massa, expresidente de L’Oréal en España). Y, además, más de una treintena de cargos del PP y sus familiares.

De hecho, la relación de condenados evidencia que la red corrupta permeó en múltiples capas del partido, hasta anidar en sus propias entrañas (además de la financiación irregular de actos electorales, se ha acreditado que los populares manejaban una caja b con la que llegaron a financiar la reforma de su sede de la madrileña calle Génova). Hay cargos de todos los niveles castigados con penas de prisión: desde concejales a responsables orgánicos nacionales y autonómicos. Como los extesoreros Luis Bárcenas y Ángel Sanchís; como el exdiputado y exvicepresidente de Castilla y León Jesús Merino; como Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano y antigua mano derecha de Francisco Camps; como Alberto López Viejo, exconsejero de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid... Y el propio Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego.

La lista es muy amplia. Otros que destacan son, por ejemplo, María Milagrosa Martínez, expresidenta de las Cortes Valencianas; diputados autonómicos como Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, alias El Neveras; Pedro García Gimeno, exdirector de la Radio Televisión Valenciana (RTVV); y media decena de exalcaldes madrileños: Guillermo Ortega, de Majadahonda (73.000 habitantes); Jesús Sepúlveda, de Pozuelo de Alarcón (89.000 habitantes); Arturo González Panero y Juan Jesús Siguero, de Boadilla del Monte (65.000 habitantes); y Ginés López, de Arganda del Rey (59.000 habitantes).

Responsabilidad de la cúpula

Todo comenzó el 6 de noviembre de 2007, cuando un arrepentido concejal popular de Majadahonda, José Luis Peñas, acudió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) con 18 horas de grabaciones que realizó durante dos años a los principales cabecillas de la red corrupta, empresarios y políticos del PP. Los investigadores comenzaron entonces a tirar del hilo en secreto, hasta que el 6 de febrero de 2009 se produjeron las primeras detenciones. Cinco días después, el entonces presidente de la formación, Mariano Rajoy, quien llegaría a La Moncloa en 2011, salió escoltado por la plana mayor del partido a asegurar que el caso Gürtel era una “trama contra el PP”.

Además de cargar contra el juez, la Fiscalía, la Policía y el Ministerio de Justicia, Rajoy dijo ese día: “Todas las contrataciones de esta casa se han hecho en el marco de la legalidad. Quiero dejar claro que el partido no ha recibido ni un solo euro de las personas implicadas en el asunto que nos ocupa”. Estaba acompañado en el escenario por, entre otros, la posterior ministra Ana Mato, que se situó justo a su izquierda y que sería condenada en 2018 por lucrarse con la trama; y por Francisco Camps, que acabaría sentándose en el banquillo de los acusados —él resultó absuelto, pero los tribunales probaron que la red financió irregularmente al PP valenciano que él presidió y que anidó en la Generalitat Valenciana que él dirigió—.

Casi dos décadas después del estallido de Gürtel, las entonces cúpulas del PP siguen negando la existencia de la caja b —que funcionó cerca de 20 años— y viven aferradas a tergiversaciones de la sentencia de 2018 de la Audiencia Nacional sobre la primera gran etapa de la red de corrupción, que puso en marcha la moción de censura de Pedro Sánchez contra Rajoy. Cuando el Supremo la confirmó en 2020, Rajoy emitió un comunicado para minimizar que se condenase al PP por primera vez como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de la trama. Y sacó pecho de que no se condenase a la fuerza política como autor de delitos de corrupción —algo que no podía hacerse porque, cuando se produjeron las ilegalidades, los partidos no podían ser acusados penalmente por esa vía como personas jurídicas—.

Además, el PP repite periódicamente que el Supremo anuló la primera sentencia de la Audiencia Nacional a esa formación sobre el caso Gürtel. “Qué bien les vino a ellos una sentencia contra el PP, que después anuló el Supremo, y a nosotros nos costó salir del Gobierno con una moción de censura”, afirmó Feijóo durante la campaña de las últimas elecciones europeas. Pero el alto tribunal nunca anuló la sentencia. Es más, confirmó la condena al PP, que sumó después otras dos (en 2021 y 2022) como persona jurídica, también ratificadas por el Supremo. “Correa procuró financiación irregular al PP a través de fondos ilícitos”, concluye una de ellas.