Asuntos Internos implica en el juicio de Kitchen a las cúpulas de Interior y la Policía de Rajoy: “Fue coordinado en el ministerio”

El inspector jefe Gonzalo Fraga camina con tranquilidad hasta el micrófono colocado ante los tres magistrados de la Audiencia Nacional que enjuician el caso Kitchen. Este agente de Asuntos Internos de la Policía Nacional, curtido en la lucha contra la corrupción dentro del propio Cuerpo, tiene una amplia experiencia en batallas de este tipo. Pero este lunes no afronta una lid como las anteriores. A las espaldas de Fraga, que va a desgranar durante casi siete horas los infinitos recovecos de la operación de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, no se sientan ahora unos cualquiera. Desde el banquillo de los acusados, lo observan las antiguas cúpulas de la Policía y del Ministerio del Interior de la época de Mariano Rajoy: es decir, quienes fueron sus superiores, que escuchan cómo el inspector los implica sin ambages en una trama ilegal urdida en 2013 para vigilar a Bárcenas y robarle documentación sensible que aún pudiera guardar del PP. “Hijo de puta, mentiroso”, farfulla un procesado contra él durante el receso del mediodía, consciente del daño que acaba de infligir a las defensas.

Fraga, convertido en una verdadera pesadilla para los acusados de Kitchen, se presenta ante el tribunal como un agente minucioso y detallista (“tiene una memoria prodigiosa”, le dice en un momento dado la abogada de Luis Bárcenas). El investigador navega sin respiro y con absoluta familiaridad por el sumario que acorrala a los ex altos cargos de Interior. Empujado por las preguntas del fiscal Anticorrupción, César de Rivas, ofrece al tribunal profusos datos sobre la operativa desplegada contra Bárcenas: la captación de su chófer como confidente, los pagos con dinero de los fondos reservados, la “sustracción” de dispositivos electrónicos del extesorero para volcar su contenido, las vigilancias al popular y su familia sin control judicial, así como los seguimientos al contable del PP y a su entorno durante su estancia en prisión provisional...

Todo, con un objetivo: boicotear el caso Gürtel, la trama de corrupción que desde 2009 cercaba al PP y por la que el partido conversador acabaría condenado años después. “¡Y no es que lo diga yo, es que lo dicen ellos!”, ha subrayado el inspector jefe de Asuntos Internos, que ha sacado a colación un audio grabado por el comisario José Manuel Villarejo donde le dice a su compañero Enrique García Castaño, alias El Gordo —otro comisario que admitió su implicación en la trama de espionaje, pero que no se sienta en el banquillo de este juicio por su mal estado de salud—, que querían quitarle al extesorero “los papeles que pudieran comprometer al presidente”. Sobre Rajoy, Fraga ha añadido que varios miembros de la trama se referían a él como El Asturiano o El Barbas —quien, según un informe del sumario, tenía conocimiento del operativo irregular, aunque la instrucción lo descartó por falta de indicios—.

El juicio de Kitchen se ha trasladado este lunes a la sede de la Audiencia Nacional ubicada junto a la madrileña calle de Génova, a escasos metros del cuartel general del PP (reformado, precisamente, con dinero negro reflejado en la caja b que llevaba Bárcenas). La pasada semana, la vista se celebró en el edificio que el tribunal tiene en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid), donde se abordaron las cuestiones previas y los magistrados rechazaron todos los intentos de frenar el proceso (tanto de las defensas, que solicitaron anular la causa y pruebas clave, como del PSOE, personado como acusación popular, que reclamó devolver el sumario a instrucción para indagar en la implicación de cargos populares como María Dolores de Cospedal).

De los 10 acusados, solo uno ha faltado a la cita de este lunes: Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior de Rajoy de 2011 a 2016 y principal procesado. El expolítico, que mantuvo las distancias con el resto de imputados durante los descansos de las sesiones de la semana pasada, ya se ha aferrado a la dispensa que el tribunal les otorgó para no tener que acudir a todos los días del juicio. Quien no se ha perdido la tercera jornada de la vista, en cambio, ha sido su antigua mano derecha y secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que ha salido bastante malparado de la declaración del inspector jefe Fraga.

El funcionario de Asuntos Internos y principal investigador de Kitchen, identificado con el número de agente 111.470, ha dibujado al ex secretario de Estado como una pieza clave del espionaje a Bárcenas. Según ha dicho al tribunal, estaba al tanto de la trama; conocía la captación del chófer del extesorero; y participó en “el control en tiempo real” de Bárcenas en prisión. También lo ha situado en la batería de maniobras impulsadas para presionar y “quitar” de en medio al inspector jefe Manuel Morocho, encargado de las pesquisas sobre el caso Gürtel que acorralaban a los populares. “Fue una operación absolutamente coordinada en el ámbito del ministerio”, ha resumido el agente Fraga, que ha remachado: “Es una constante el dominio de Martínez sobre Villarejo”.

Pero el testigo ha puesto la diana todavía más arriba cuando la defensa del exministro trataba de desvincularlo de la trama. El abogado de Fernández Díaz, Jesús Mandri, ha hecho hincapié en que los “únicos” indicios contra su cliente son unos mensajes que llevó el ex secretario de Estado a un notario y que, según dijo, le envió su jefe en pleno desarrollo del espionaje. Esos SMS se referían al chófer de Bárcenas y a la sustracción de los dispositivos electrónicos del extesorero y su pareja. El letrado ha insinuado que el ex número dos de Interior pudo falsearlos por una animadversión hacia el exdirigente del PP, ya que este había dicho en la prensa que no sabía nada de Kitchen. Sin embargo, Fraga lo ha descartado: “Me parecen significativos los datos que aparecen en esos SMS porque coinciden temporalmente con la captación real [del chófer] y con las [anotaciones] de las agendas de Villarejo [...] E incluyen datos que el señor Martínez no podía conocer”.

Al dar por acabada sus pesquisas, el juez instructor Manuel García-Castellón definió al ex secretario de Estado como el “coordinador” del operativo ilegal. El magistrado concluyó que, tras recibir la orden de Fernández Díaz de poner en marcha la red de espionaje, se la encomendó al entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, y a un grupo de altos mandos del Cuerpo que operaban bajo la batuta del máximo jefe policial. Sin embargo, Martínez siempre ha defendido su inocencia y ha repetido que, aunque conoció que se había puesto en marcha un dispositivo de seguimiento, siempre pensó que era legal y que se dirigía contra quien entonces era uno de los principales sospechosos de corrupción del país, Luis Bárcenas.

Esa es, de hecho, la línea de defensa que esgrime el antiguo DAO. Pero el inspector de Asuntos Internos ha disparado igualmente contra él: “En los diarios de Villarejo son muchos los ejemplos de la dación de cuentas que este daba a Eugenio Pino de la información que le facilitaba Sergio Ríos [el conductor de Bárcenas]”. Una información que nunca se trasladó a los agentes, a las fiscales o al juez de la Audiencia Nacional que estaban investigando a Bárcenas y al PP por Gürtel. “Había una opacidad evidente en lo que se estaba desarrollando”, ha remarcado el testigo. Es más, los sospechosos no registraron ningún detalle de Kitchen en el sistema interno de la Policía hasta 2015, cuando ya se le había puesto fin. Las acusaciones creen que eso no fue más que una estratagema para, si les pillaban, intentar justificarse y salvarse.

“Conversaciones con Rajoy”

Para entender Kitchen hay que remontarse más de una década. A principios de 2013, los avances del caso Gürtel amenazaban a los populares, que ya se habían instalado en La Moncloa con Mariano Rajoy y se habían hecho con el control del Ministerio del Interior. El PP estaba muy preocupado y la formación vivía atravesada por el runrún de que Bárcenas aún guardaba mucha documentación comprometedora del partido y de sus altos cargos. Ante ese contexto, ha puntualizado el funcionario de Asuntos Internos, los implicados en el espionaje al extesorero creían que ocultaba pendrives “con audios de conversaciones” con el propio presidente del Gobierno y Javier Arenas, ex secretario general de la fuerza política, así como papeles que se había “llevado de Génova”.

Según el principal investigador de Kitchen, la trama “temía” entonces que Luis Bárcenas podía esconder todo “ese material” en un estudio de su esposa, al que accedió el comisario García Castaño. “Y García Castaño le reconoce a Villarejo que tiene cuatro cosas de Luis Bárcenas”, ha expuesto este lunes el inspector jefe Gonzalo Fraga, que ha rememorado que, ante la negativa de El Gordo de facilitarle una copia de ese material, Villarejo anota en sus agendas: “No cumple lo prometido”.

El “punto débil”

El testimonio del funcionario de Asuntos Internos ha resultado tan extenso que el agente, que ha comenzado a declarar de pie sobre las 10.30, ha acabado sentado ante el tribunal y se ha extendido hasta las 18.48 (con varios recesos). En esas horas, su relato se ha centrado también en los pagos con fondos reservados a Sergio Ríos. El investigador ha especificado que la trama daba 2.000 euros mensuales al conductor de Luis Bárcenas, a través de los comisarios Villarejo y Andrés Gómez Gordo —este último fue asesor de Cospedal—. “En los audios de Villarejo se escuchan, incluso, las entregas de dinero”, ha ahondado el inspector jefe, que ha apostillado que los sospechosos le compraron y entregaron una pistola Glock por valor de 1.700 euros.

Un chófer que después se convirtió en un “punto débil” para las cúpulas de Interior y la Policía, según ha expuesto el investigador de Asuntos Internos. En ese sentido, Fraga ha incidido en que, según se desprende de los audios y del material intervenido, la trama estaba preocupada de que se pudiera ir de la lengua. Por ello, ha dicho, Villarejo propuso al secretario de Estado “hacer policía” a Sergio Ríos, que entró en el Cuerpo en 2015. “Era una manera de tenerlo trincado”, según ha concluido este lunes el inspector jefe, que continuará declarando el martes.