La ‘matrioshka’ de Kitchen: la Policía investiga a la Policía por boicotear a la Policía

El caso Kitchen es como una auténtica matrioshka rusa. Cada capa esconde otra. Un complejo juego de niveles al que se tendrán que enfrentar desde esta semana, una vez dejada atrás la fase de cuestiones previas, los magistrados de la Audiencia Nacional que lo enjuician. El tribunal prevé escuchar este lunes el testimonio del inspector jefe de la Policía Nacional identificado con el número 111.470, que encabezó la investigación sobre la operación de espionaje urdida en 2013 en el seno del propio cuerpo policial para lograr, según el sumario, arrebatar al extesorero popular Luis Bárcenas el material comprometedor que aún pudiera guardar sobre altos cargos del PP, y, de esta forma, boicotear las pesquisas que otro agente lideraba contra el partido (el llamado caso Gürtel). Toda una paradoja: es la Policía investigando a la Policía por haber saboteado a la propia Policía.

La declaración del inspector 111.470 servirá al tribunal para entrar de lleno en Kitchen. Él es el primer testigo citado al juicio, según el calendario de la vista oral, que afronta su segunda semana de sesiones. Y su papel resulta fundamental. En octubre de 2018, este agente de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) fue quien firmó y envió a la Audiencia Nacional el primer informe que dio lugar a abrir la causa sobre la trama. Era un análisis de 89 páginas, donde señalaba que habían encontrado numerosos indicios de que el comisario José Manuel Villarejo había participado en una operación “sin cobertura legal ni judicial” bautizada como Kitchen o Cocina, “encargada desde órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado”.

Sus indagaciones preliminares ya apuntaban a que el despliegue irregular consiguió captar como confidente al chófer del extesorero, Sergio Ríos, y que tuvo por objetivo averiguar dónde podía Bárcenas guardar “documentos y grabaciones comprometedoras” de altos cargos del PP, como “Javier Arenas, María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy”. Es decir, hablaba de una supuesta operación ilegal urdida desde un poder del Estado (el Ejecutivo) para boicotear a otro (el Judicial) y salvar así al PP, instalado en La Moncloa. Una tesis que, según la Fiscalía Anticorrupción, confirmó la posterior instrucción judicial, por la que se sientan en el banquillo las antiguas cúpulas del Ministerio del Interior y de la Policía, encabezadas por Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino, quienes fueran, respectivamente, ministro del Interior, secretario de Estado de Seguridad y DAO (director adjunto operativo del cuerpo) del Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

Cosidó, como testigo

Pero esta semana de juicio deparará otro plato fuerte en esa misma línea. La Audiencia Nacional ha citado el martes a Ignacio Cosidó, político del PP, para que declare como testigo. Y tampoco es un cualquiera. El exdiputado y exsenador —autor del famoso mensaje de WhatsApp que presumía en 2018 de que los populares conseguirían por “detrás” el control de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo— era el director general de la Policía durante el despliegue de Kitchen. De hecho, Anticorrupción pidió su imputación durante la fase de instrucción, pero el juez Manuel García-Castellón la descartó.

El 16 de julio de 2021, apenas 13 días antes de que el magistrado diera sorpresivamente por finalizadas sus pesquisas sobre Kitchen y limitara la responsabilidad a Interior (excluyendo así de la causa a cargos orgánicos del PP), la Fiscalía insistía en investigar a Cosidó. Anticorrupción incidía en que el sumario ponía “de manifiesto” la presunta participación de más “responsables políticos” en la trama; y añadía que dos de los principales sospechosos lo habían implicado a él. Los dos se sientan en el banquillo. Son el comisario José Manuel Villarejo y Eugenio Pino, director adjunto operativo (DAO) de 2012 a 2016. Este último dijo ante el juez: “Cosidó lo sabía todo porque yo despachaba todos los días con él”.

Sin embargo, García-Castellón rechazó encausar al popular al considerar que la Fiscalía solo ponía sobre la mesa una serie de sospechas genéricas contra él, sin ofrecer “datos concretos”. En opinión del juez, no había indicios que salpicaran al ex director general de la Policía y su imputación era “innecesaria” e “inútil”. Una decisión que confirmó después la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que le evitó a Cosidó tener que acudir a declarar al tribunal. Aunque el político no se libró de comparecer en la comisión de investigación abierta en el Congreso sobre la trama, donde negó cualquier conocimiento de Kitchen. “Ni se me informó ni se me tenía que informar”, dijo en noviembre de 2021.

Espionaje en prisión

De cumplirse el calendario previsto, otro personaje clave aterrizará el jueves en la vista: Isidro Sánchez, un narco colombiano con conocimientos de informática, que entabló relación con Bárcenas cuando este entró por primera vez en la cárcel. El extesorero contó que encargó a su compañero de prisión que aprovechara un permiso para borrar de un servidor de internet los archivos de audio que conservaba con conversaciones que, según él, había mantenido con Mariano Rajoy y Javier Arenas sobre la caja b del partido conservador. Un plan conocido por la trama, que precisamente buscaba esas grabaciones.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que el espionaje a Bárcenas se extendió a su estancia entre rejas, y que incluyó a quienes trataban con él. El 3 de marzo de 2014, durante un cacheo a Sánchez, los funcionarios del centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) le intervinieron una nota manuscrita que le había entregado el antiguo responsable de las finanzas del PP y que decía: “Álex, hay que destruir todos los audios de M. R. cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”.

Solo un día después, 4 de marzo, el comisario Villarejo reflejaba en su agenda personal la existencia de esa nota. “Varias llamadas sobre papel interceptado a Sánchez, colega de LB. Hay que localizar al sujeto que tiene los audios que dice que hay que anular”, escribió en un apunte que vinculaba con una presunta conversación con Chisco, el apodo que usaba para referirse al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, número dos del ministro Jorge Fernández Díaz.