El Estado maniobra para no pagar posibles indemnizaciones por el ‘caso Kitchen’

La Abogacía del Estado ha movido ficha en el juicio sobre el caso Kitchen para evitar que la Administración tenga que afrontar el pago de posibles indemnizaciones. Este lunes, durante la primera sesión de la vista oral celebrada en la Audiencia Nacional, la Abogacía se ha aferrado a una cuestión técnica para pedir al tribunal que se tumbe ya (sin esperar a la sentencia) la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de que el Estado “responda” de forma “subsidiaria” por las maniobras urdidas en 2013 en el seno del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas, con el presunto objetivo de robarle documentación sensible que aún pudiera guardar del PP, que entonces se encontraba acorralado por el caso Gürtel y por la publicación de Los papeles de Bárcenas.

Para esquivar las posibles sanciones de una futura sentencia, los servicios jurídicos de la Administración argumentan que, cuando el magistrado instructor Manuel García-Castellón dictó en 2023 la resolución que dio paso a la apertura del juicio oral, “no se hacía constar la condición del Estado como responsable civil”. Según la Abogacía, este déficit ha provocado una vulneración del derecho de defensa del propio Estado y “una situación de injusticia material”, ya que no pudo presentar un escrito de alegaciones para contrarrestar las acusaciones que se le imputan.

Este movimiento de la Abogacía evidencia, además, el doble papel que esta institución desempeña en el juicio sobre el caso Kitchen. Por un lado, los servicios jurídicos de la Administración ejercen la acusación y piden penas para la decena de altos cargos de Interior y de la Policía Nacional de la era del Gobierno de Mariano Rajoy que se sientan en el banquillo, con el exministro Jorge Fernández Díaz a la cabeza. Pero, a la vez, la Abogacía ejerce la defensa del Estado ante la reclamación que hizo la Fiscalía de que responda ante el posible pago de indemnizaciones.

En su escrito de acusación, Anticorrupción pide al tribunal que los acusados paguen una indemnización de 6.000 euros a Bárcenas y 3.000 euros a su esposa, Rosalía Iglesias, por los perjuicios causados por Kitchen. Una cantidad de la que, según insiste el ministerio público, también debe responder “subsidiariamente” la Administración del Estado, ya que esta operación irregular la llevaron a cabo altos cargos de la Policía y de Interior.

Sin embargo, la Fiscalía no es la única acusación que pone esta posibilidad sobre la mesa. La abogada de la familia Bárcenas —que representa al extesorero popular, a su esposa y su hijo, Guillermo Bárcenas— ha solicitado que se condene a los acusados a indemnizar a sus clientes con 1,2 millones de euros. Y añade que el Estado debería responder también como responsable civil subsidiario, ya que “se trata de la comisión de delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”.

Habrá que ver ahora qué postura adopta el tribunal ante la petición de la Abogacía del Estado. Los magistrados han reservado esta semana para la fase de cuestiones previas de la vista oral. De hecho, el juicio se reanuda este martes con la respuesta de las partes a esas primeras reclamaciones de sus adversarios; y la Fiscalía tendrá la oportunidad de replicar a los servicios jurídicos de la Administración.