La gran pregunta que marca el juicio de Kitchen e impacta en el PP: ¿quién ordenó espiar a Bárcenas?

Nadie puede negar que José Manuel Villarejo era un comisario muy, muy, muy metódico. Además de grabar en secreto durante lustros a decenas de personas con las que compartió mantel, reservados y confidencias, el policía llevaba una sistemática agenda donde anotaba sus profusos contactos, conversaciones e impresiones. El agente, acostumbrado a moverse por las sombras, estaba convencido de que la información era poder; y, para recordar la infinidad de datos que manejaba, necesitaba registrarlos. Así, en julio de 2013, apuntó en sus cuadernos la palabra “chef” y, junto a ella, las siguientes frases: “Al principio desconfiado, después se ha mostrado más receptivo. Quedo en darle mañana 2.000 y tfno., después todo lo demás”. Sin pensar que algún día saldría a la luz, Villarejo dejaba así huella de la captación como confidente del chófer del extesorero popular Luis Bárcenas y de una de las operaciones más turbias gestadas en las cloacas del Estado: la Operación Kitchen, que se juzga desde este lunes en la Audiencia Nacional.

A partir de este 6 de abril y durante los tres próximos meses, este tribunal especializado —acostumbrado a las complejas tramas de crimen organizado— se enfrenta a una dimensión totalmente diferente. Kitchen no es un caso más de corrupción. El sumario describe cómo en 2013, cuando el PP vivía cercado por la investigación del magistrado Pablo Ruz sobre el caso Gürtel (por la que acabaría condenado) y EL PAÍS publicó Los papeles de Bárcenas, un dispositivo sin control judicial se activó en el seno de la Policía Nacional para espiar a Bárcenas, que se había enfrentado ya abiertamente a su partido y amenazaba con tirar de la manta. El objetivo era robarle supuestamente documentación sensible que aún pudiera guardar, lo que permitía boicotear esa causa que mantenía abierta Ruz en la propia Audiencia Nacional y que afectaba de lleno a la formación instalada en La Moncloa con Mariano Rajoy.

Tras revisar las decenas de miles de páginas del sumario, pocas dudas quedan de que altos mandos de la Policía pusieron en marcha una operación para seguir los pasos de Bárcenas. Tras detener a Villarejo en 2017, la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo le intervino grabaciones de las conversaciones que el comisario mantuvo con el chófer del extesorero, Sergio Ríos, al que monitoreaba tras captarlo y bautizarlo con el nombre en clave de “chef” (porque le recordaba al cocinero Sergi Arola). A esos audios se suman más pruebas del despliegue, como los recibís firmados por el propio conductor de los pagos de 2.000 euros que recibía de los fondos reservados; o las fotografías y actas de vigilancia del entorno de Bárcenas elaboradas por los agentes. Por lo que, realmente, las grandes preguntas que afronta el tribunal son otras: ¿Quién dio la orden de ejecutar Kitchen? ¿Cada uno de los procesados actuó con pleno conocimiento de que se hacía al margen de la ley?

Para el juez Manuel García-Castellón, que dirigió la instrucción, esas incógnitas quedaron despejadas en 2021, cuando dio por finalizadas sus pesquisas. Entonces, el magistrado desechó la tesis de algunas defensas —que insisten en que el operativo era una investigación policial legal sobre un sospechoso por corrupción, aunque al juez Pablo Ruz nunca se le informó— y concluyó que existen indicios de que altos mandos del Ministerio del Interior y la Policía se conchabaron para sobrepasar sus funciones e impulsar una misión “ilícita” para robar a Bárcenas, sabotear el caso Gürtel y salvaguardar los intereses del PP. Además, para García-Castellón, la X tiene un nombre: Jorge Fernández Díaz, hombre de confianza del expresidente Mariano Rajoy y su ministro del Interior de 2011 a 2016.

El juez, que circunscribió toda la responsabilidad a ese departamento, coloca en la cúspide de Kitchen a Fernández Díaz, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama 15 años de cárcel. El magistrado considera que todo partió del ministro, que “instó” a su mano derecha y secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a desplegar la operación de espionaje. Y, de esta forma y siguiendo las directrices de su jefe, según señala García-Castellón, Martínez “coordinó” el despliegue ilegal, cuya “planificación” y “desarrollo” se encomendó al director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, considerado el muñidor de la policía patriótica (un grupo de agentes que maniobraba contra adversarios del PP durante el Gobierno de Rajoy y al que también se sitúa detrás de la Operación Cataluña contra los independentistas o la fabricación de pruebas falsas contra Podemos).

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Declaración de Sergio Ríos en la Audiencia Nacional el 25 de noviembre de 2020

Sin embargo, la Fiscalía siempre ha dudado de que la guerra sucia contra el caso Gürtel se gestara exclusivamente en Interior. En su propio escrito de acusación para este juicio sobre Kitchen, que se limita a las antiguas cúpulas de Interior y la Policía, el ministerio público destaca que no puede “descartarse la intervención de otras personas”. Es decir, intuye que no todos los implicados responderán ante la justicia. De hecho, durante la instrucción, Anticorrupción logró que el juez imputara a María Dolores de Cospedal, quien fuera secretaria general del PP, y a su entonces marido, Ignacio López del Hierro, con quienes Villarejo departió de manera asidua durante los meses de la trama. Sin embargo, García-Castellón los dejó finalmente fuera de la vista oral al considerar que no existían suficientes indicios contra ellos —una decisión que fue avalada después por la Sala de lo Penal—. Sus indagaciones tampoco alcanzaron al expresidente Mariano Rajoy.

Para las acusaciones (e, incluso, para alguna defensa) esta situación supone una paradoja: en el banquillo de los acusados no se sienta ninguno de los responsables orgánicos del PP, ni tampoco el propio partido como persona jurídica, pese a que era el gran beneficiado de la operación. Para tratar de paliar este déficit, el PSOE, personado como acusación popular, llegó a solicitar que se procesase a la formación conservadora como partícipe a título lucrativo para que, en el caso de condena, costee el desvío de los fondos reservados utilizados para Kitchen (más de 53.000 euros, según el sumario). Sin embargo, García-Castellón no aceptó esa iniciativa. Aun así, según fuentes socialistas, se volverá a plantear esta propuesta durante la primera semana del juicio, dedicada a la fase de cuestiones previas.

La estrategia del exministro

La Audiencia Nacional prevé que 10 personas se sienten en el banquillo desde este lunes, ya que la causa contra un undécimo acusado (el comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo) se archivó tras sufrir un ictus. El foco principal se situará sobre Jorge Fernández Díaz, pero lo acompañarán Francisco Martínez, Eugenio Pino, Sergio Ríos, José Manuel Villarejo y otros cinco ex altos mandos de la Policía —dos inspectores jefes: José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano; y tres comisarios: Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de Cospedal; José Luis Olivera, exjefe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) y exdirector del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado); y Marcelino Martín Blas, antiguo responsable de Asuntos Internos—.

La estrategia que despliegue el exministro será otra de las claves de la vista oral, ya que su versión impacta directamente en la defensa de su antiguo número dos. Desde que el juez lo imputara, Fernández Díaz no solo ha negado su implicación en la trama, sino que ha insistido en que nunca supo nada de la Operación Kitchen, ni de la captación de Sergio Ríos como confidente. Pero en su contra juegan unos mensajes de teléfono que Francisco Martínez aportó a la Audiencia Nacional y que, según dijo, recibió de su jefe en pleno despliegue contra el extesorero. Esos SMS, que el exsecretario de Estado llevó a un notario, hacen referencia explícita al conductor de Bárcenas —“Chófer B. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”— y a la supuesta sustracción de los dispositivos electrónicos del extesorero y su pareja para acceder a su contenido —“la operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y un iPad)”—.

—Alguien te dio esa información y tú querías comprobar si era verdad o no. Porque, si no, de qué me invento yo esto. ¿A santo de qué? —le espetó Francisco Martínez a Fernández Díaz el 13 de noviembre de 2020.

Ese día, durante la fase de instrucción, se celebró un tenso careo en la Audiencia Nacional, durante el que el exministro negó haber enviado esos mensajes que lo incriminan. Ambos se acusaron entonces mutuamente de mentir. Y ninguno se ha movido de su posición en estos años.

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Declaración de Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez

Cualquier juicio es impredecible, pero el sinfín de recovecos que esconde el sumario de Kitchen convierte a este en una bomba de relojería para la actual dirección del PP, que lleva años tratando de marcar distancias. Por la vista oral desfilarán una larga lista de los principales dirigentes populares de los últimos años para declarar como testigos: Mariano Rajoy, Soraya Saénz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, Juan Ignacio Zoido, Javier Arenas... E, inevitablemente, el proceso navegará por algunos truculentos episodios que impactan de lleno en la historia reciente de la formación conservadora: como las presiones al principal investigador del caso Gürtel, el inspector Manuel Morocho, para que obviara los indicios contra el partido del Gobierno; el violento asalto perpetrado en la casa de los Bárcenas en 2013 por un falso cura, que decía buscar documentos que podían derrocar al Ejecutivo; la entrada ilegal en un estudio que tenía Rosalía Iglesias en Madrid; las sospechosas visitas que recibió el extesorero en prisión en pleno caso Gürtel, a quien los agentes clonaron sin control judicial un móvil y una tableta que le sustrajeron...

Las agendas de Villarejo dan fe de buena parte de ello. Con una enorme precisión, el comisario plasmó los principales hitos que componen Kitchen. El 17 de octubre de 2013, escribió: “copiando Tfnos”, en referencia a ese clonado. Y el 8 de junio de 2015, cuando la operación se acercaba a su fin, añadió: “Lo que le quitaron a LB está en el despacho de Gago. Este verano lo va a copiar. Chisco [sobrenombre que usaba para referirse a Francisco Martínez, número dos del ministro] fue quien ordenó que dejara yo los contactos con Sergi”.