Cuatro policías admiten los seguimientos a la mujer de Bárcenas de los que nunca se informó al juez

Cuatro agentes de la Policía Nacional, destinados en dos unidades distintas del Cuerpo cuando se activó en 2013 la operación de espionaje a Luis Bárcenas y su entorno, han relatado ya en el juicio del caso Kitchen que coordinaron o participaron en los seguimientos perpetrados sobre la esposa del extesorero del PP, Rosalía Iglesias. Sus testimonios confirman así la existencia del despliegue sin control judicial, y respaldan buena parte de la tesis de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones. Además, el inspector jefe Gonzalo Fraga, agente de Asuntos Internos y principal investigador de la trama, puso el foco en que esa operación tenía un objetivo “sin cobertura legal” (sustraer material “comprometedor” de altos cargos del PP para que no saliera a la luz), pues nunca se informó de la misma a los agentes, las fiscales y al juez Pablo Ruz que estaban entonces investigando al contable popular y el caso Gürtel.

El policía número 78.793, que prestaba servicio en la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), ha explicado este miércoles que el comisario Enrique García Castaño, su entonces jefe, le ordenó seguir los pasos de Rosalía Iglesias en el verano de 2013. En esa época, Bárcenas ya estaba en prisión provisional. “Me dijo que el DAO le dijo que se hicieran los seguimientos”, ha apostillado en referencia a Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo de la Policía Nacional.

El agente ha añadido que, en aquel momento, era “público y notorio” que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) estaba investigando a Bárcenas por el caso Gürtel y que, en cierta manera, pensó que la estaban apoyando. De hecho, para justificar la maniobra ejecutada desde la UCAO, García Castaño le comentó que iban detrás del “dinero” que podía ocultar del extesorero del PP, así como de sus “testaferros”. Sin embargo, durante la fase de instrucción, este comisario admitió que la operación de espionaje tenía realmente un objetivo muy distinto: “Descubrir si Bárcenas se había llevado algunos discos duros de la sede del PP en los que aparecía la financiación que había recibido el PP de donaciones, pagos...”.

“Estuvimos haciendo seguimientos hasta octubre de 2013, que nos detecta Rosalía”, ha especificado el funcionario 78.793, que ha detallado cómo vigilaron los alrededores del domicilio de Bárcenas y el estudio de su esposa, adonde accedió precisamente García Castaño sin orden judicial en busca del material que pudiera guardar el antiguo contable popular —según él mismo admitió ante el juez instructor Manuel García-Castellón—. Es más, según ha remachado el agente este miércoles, en 2014 volvieron a la carga e instalaron un sistema de videovigilancia frente al edifico que alojaba el despacho del entonces abogado del extesorero. Allí, fotografiaron a quienes rondaban el inmueble y, después, confeccionaron un “archivo” de imágenes que entregaron a García Castaño, conocido en la Policía con el alias de El Gordo.

La Fiscalía Anticorrupción tiene clara la implicación de García Castaño en la trama de espionaje y llegó a pedir 12 años y seis meses de cárcel para él. Pero el comisario no se sienta finalmente en el banquillo en este juicio debido a su mal estado de salud (sufrió un ictus en 2022). Para Pino, el ministerio público reclama 15 años de cárcel. Esa misma pena solicita para Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior de Mariano Rajoy de 2011 a 2016, y para Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, a quien El Gordo señaló como la persona con la que despachaba sobre Kitchen y a la que entregó material sustraído al extesorero. Martínez lo niega.

En esa línea, el agente 78.793 ha destacado que él nunca tuvo contacto con la UDEF sobre los seguimientos y que toda la información recabada se la entregaban a García Castaño. Él la “monopolizaba”. “No sé a quién se la daba”, ha incidido el funcionario. El inspector jefe Gonzalo Fraga, principal investigador de Kitchen, subrayó que nada de ese material llegó a los agentes y al juez que indagaban en Gürtel. Tampoco a la Fiscalía, según prosiguió.

A la UCAO también pertenecía el comisario Mariano Hervás. Y, según ha testificado este miércoles, él se hizo “cargo de la vigilancia” en cierto momento, cuando El Gordo le dijo que había que seguir a la mujer de Bárcenas por “orden directa del DAO”. Hervás ha afirmado que era un operativo “complejo” y que, según le dijeron, tenía por objetivo localizar el “dinero” que podía buscar Bárcenas.

Vigilancias paralelas

Pero los seguimientos desplegados desde la UCAO no fueron los únicos. Otros dos agentes destinados en 2013 en la Unidad de Asuntos Internos, encabezada entonces por el comisario Marcelino Martín Blas (que también se sienta en el banquillo), contaron el martes que ellos vigilaron igualmente a Rosalía Iglesias en el verano de aquel año. El policía 18.693, ya jubilado, ilustró al tribunal con estas palabras: “Recibí una orden de mi jefe, Martín Blas, que me dio en su despacho, que me dijo que Rosalía Iglesias estaba en peligro y que teníamos que proceder a darle protección sin que fuéramos detectados”. “Se le vigilaba a distancia”.

Este funcionario jubilado narró que mantuvieron su dispositivo durante “una o dos semanas”, hasta que se cruzaron con los efectivos de la UCAO. También mostró sus dudas de que tuviera sentido el motivo con el que su superior le justificó el despliegue: “Vamos, la protección [a distancia] es imposible”. “A mí no me dijeron nada de que estuviera en peligro”, reseñó otra agente raso destinada en Asuntos Internos en aquellos días y que, según admitió, participó en esa vigilancias: “Ella no nos podía detectar”, repitió.

Ignacio Cosidó, quien fuera entonces director general de la Policía Nacional, ha sembrado dudas sobre la licitud de todos esos seguimientos de la UCAO y Asuntos Internos. Durante su declaración como testigo ante el tribunal, el exdiputado del PP ha afirmado que Bárcenas y su entorno nunca le pidieron que se adoptaran medidas para protegerlos. Además, en su opinión, cualquier operación de vigilancia tendría que haberse desarrollado bajo la supervisión o el conocimiento de la UDEF y del magistrado que investigaba Gürtel.