Guerra política y judicial por el Bachillerato en Aragón: el PP quiere pagarlo en centros privados pese a tener 2.500 plazas públicas libres

La decisión del Gobierno de Aragón de extender los conciertos educativos al Bachillerato y al periodo de 0 a 3 años, dos etapas educativas no obligatorias, ha abierto un frente político y jurídico en una región que acudirá a las urnas el próximo 8 de febrero. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) admitió a trámite el 16 de enero un recurso contencioso-administrativo presentado por el sindicato CSIF contra la concertación del Bachillerato. ¿La razón? Que el Gobierno regional, liderado por Jorge Azcón (PP), quiere gastar siete millones de euros en financiar esta etapa en todo tipo de centros privados (concertados o no) mientras tiene 2.500 plazas libres en centros públicos, según un informe de la plataforma de la educación pública de Aragón. “Es una privatización encubierta”, se quejan en la oposición sobre una medida que arrancaría por el segundo curso de Bachillerato.

“Concertar el Bachillerato en Aragón, que es una etapa no obligatoria y que cada vez tiene menos alumnado tanto por el descenso poblacional como por el auge de la Formación Profesional, es completamente innecesario”, sostiene Mónica de Cristóbal, vicepresidenta de CSIF Aragón y responsable de educación del sindicato. “En estos momentos hay 2.500 vacantes de Bachillerato en los centros públicos. Con los impuestos de los aragoneses estamos manteniendo al profesorado y la infraestructura de esas etapas, que ya están creadas. Dedicar otros siete millones a los centros que quieran incorporar el concierto supone una duplicidad”, insiste tras tres jornadas consecutivas de huelga en la educación pública que concluyeron el pasado 22 de enero con un seguimiento el último día del 21,54%, según el Gobierno de Aragón, y del 52,3%, según los convocantes.

Desde el punto de vista de la oposición, el debate no es solo legal, sino también político. El PSOE aragonés considera que se trata de una medida “bastante electoralista” del Ejecutivo que preside Jorge Azcón. “El Bachillerato no es una etapa obligatoria. Los conciertos educativos nacen en 1985, con la LODE, para dar respuesta a una falta de espacios en la escuela pública para etapas obligatorias, no para extenderse sin planificación”, señala María Rodrigo, portavoz socialista de Educación en las Cortes de Aragón.

Para el PSOE, además, la concertación contrasta con la situación de la red pública. “La indignación no es contra la escuela concertada, sino contra un Gobierno que presume del mayor presupuesto educativo de la historia, pero tiene una de las ejecuciones más bajas”, afirma Rodrigo, que cita los últimos datos disponibles en el portal de transparencia autonómico: “En infraestructuras educativas la ejecución es del 42%”.

La secretaria general de Chunta Aragonesista (CHA), Isabel Lasobras, define la propuesta del PP como una “privatización encubierta del Bachillerato”. “Es la escuela pública la que necesita recursos y no recortes disfrazados de libertad de elección, como pretende el Partido Popular”, afirma. “No responde a ninguna necesidad educativa, es una decisión ideológica. Mientras se destinan millones a la concertada, los institutos públicos necesitan inversiones urgentes en infraestructuras, personal y recursos”, sostiene Lasobras.

Educación a dos velocidades

El Gobierno aragonés argumenta que la medida no supone crear nuevas aulas, sino financiar las ya existentes en el Bachillerato privado, siguiendo modelos implantados en otras comunidades autónomas como el País Vasco, Navarra o La Rioja.

Pero uno de los elementos más controvertidos de los conciertos para el Bachillerato es precisamente su impacto territorial. Según los cálculos del Gobierno de Aragón, un total de 54 aulas ―47 en Zaragoza, cinco en Huesca y dos en Teruel― podrían acogerse a la medida. “No hay oferta de concertada en la escuela rural”, subraya la vicepresidenta de CSIF Aragón. “Esto no genera equidad ni libertad de elección real. Perjudica al alumnado de los pueblos, que no tiene esa posibilidad de elegir”.

La oposición coincide en señalar que la medida puede profundizar las desigualdades entre el medio urbano y el rural. “Cuando un niño o una niña vive en un pueblo pequeño tiene que salir de su municipio con 11 años para estudiar secundaria en una cabecera de comarca. Muchas veces eso supone una hora de autobús”, destaca Lasobras. “La concertación del Bachillerato es una bofetada a la igualdad de oportunidades. Es una educación a dos velocidades: una para quien puede elegir y otra para quien no tiene alternativa”.

La socialista María Rodrigo afirma que esta medida no refleja la realidad educativa de la comunidad autónoma y considera que está dirigida principalmente a la ciudad de Zaragoza, donde se concentra casi la mitad de las 2.500 plazas vacantes de Bachillerato público. “Lo que sí responde a una necesidad del territorio es cubrir las carencias que existen ahora mismo en toda la red de la escuela pública”, concluye.

Otro frente abierto

Junto al Bachillerato, el plan del Gobierno de Aragón incluye también ampliar la concertación de la etapa de 0 a 3 años, con una inversión anual estimada de 13,2 millones de euros que comenzaría por las aulas de dos años.

Mónica de Cristóbal señala que “las guarderías públicas de la región no dan cobertura a todo el alumnado que hay”, en un contexto en el que “la ley superior habla de que tiene que haber gratuidad en la etapa de 0 a 3 años”. Por ello, CSIF entiende la urgencia de actuar, aunque insiste en que la solución no puede consolidar el modelo privado. “Lo que exigimos al Gobierno es que amplíe la red pública de centros para que todo el mundo pueda acceder a la gratuidad de la enseñanza en la red sostenida con fondos públicos”. De Cristóbal explica que, precisamente por esa urgencia, el sindicato no ha recurrido esta medida ante la justicia y lo ha mantenido “a nivel de exigencias políticas”.

También desde la oposición se reconoce el déficit de plazas, pero se critica lo que consideran como una falta de planificación para reforzar la red pública. Isabel Lasobras sostiene que “la red pública de escuelas infantiles no llega de un día para otro”, pero cuestiona que el Ejecutivo tenga una hoja de ruta para desarrollarla. “Tampoco se les ve la intención de decir: vamos a reforzar esta red pública, vamos a ir trabajando poco a poco”, afirma.

La secretaria general de CHA amplía las críticas al terreno presupuestario y organizativo. Mientras denuncia la sobrecarga de los equipos directivos en la escuela pública, “sobrepasados porque no hay personal y muchas veces tienen que atender fuera de horario”, recuerda que el Partido Popular anunció el pasado noviembre una partida de 4,7 millones de euros para complementos salariales de los equipos directivos de los centros concertados.

Los socialistas comparten el diagnóstico y pone el foco en esta última partida para criticar que el Gobierno haya optado por “meter un total de casi 20 millones en una parte de la escuela que no lo necesita a día de hoy”, en referencia al conjunto de medidas anunciadas por el Ejecutivo. “La responsabilidad como administradores públicos, es que todos los niños tengan una red donde puedan acceder en condiciones de igualdad, equidad y gratuidad. Eso es lo que debe garantizar el administrador público, todo lo demás es venderse al mercado”, concluye Rodrigo.