Los correos internos que prueban que el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia

El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso sabía desde los primeros días de la crisis sanitaria de 2020 que las residencias de mayores no eran el espacio adecuado para tratar a las personas contagiadas. Esa idea de “medicalizar” las residencias la había anunciado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el jueves 12 de marzo de 2020, pero ocho días después, un alto cargo de su departamento, Carlos Mur, alertó de que el plan no estaba funcionando y de que había que “trasladar” a los hospitales a más personas de las previstas, aquellas que se pudieran “salvar”, y a las que no, “ayudarles a morir dignamente”, según un correo que forma parte de una cadena a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”, advirtió Mur aquel viernes 20 de marzo.

A pesar de esta advertencia, las derivaciones hospitalarias cayeron a su nivel más bajo en los días 20, 21 y 22 y no recobraron la normalidad hasta principios de abril, según los expertos de la comisión ciudadana por la verdad. Los datos oficiales autonómicos y del Instituto Nacional de Estadística muestran que en marzo y abril murieron más de 7.200 residentes sin hospitalización.

Esta revelación de EL PAÍS se conoce casi seis años después, cuando la justicia sigue investigando los fallecimientos, ahora como un supuesto delito de discriminación en el acceso a un servicio público. Las asociaciones que representan a las familias de los fallecidos han conseguido la imputación de cuatro ex responsables autonómicos, entre ellos Mur, y consideran que Escudero y Ayuso deberían ser investigados.

Los correos preceden a los que envió el 22 de marzo el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, advirtiendo a Escudero del abandono de las residencias, muertes “indignas” y una “discriminación de graves consecuencias legales”. En esta correspondencia anterior de nuevo se aprecia cómo los choques en aquel Gobierno de coalición de Partido Popular y Ciudadanos afectaron a la respuesta a una situación crítica.

Mur, que el lunes fue interrogado por primera vez como imputado, ha declinado hablar con este diario. Como director de Coordinación Sociosanitaria, se encargaba de conectar a la red sanitaria pública con las 475 residencias de mayores de la región. Por orden de Escudero, el consejero de Sanidad, se había reunido el viernes 13 de marzo con un grupo de médicos ―recién denominados “geriatras de enlace”― que iban a ejercer un filtro exigente a las llamadas de las residencias pidiendo hospitalización. Las personas con dependencia física o cognitiva (una buena parte de la población de las residencias) serían tratadas en esos centros, para evitar el colapso de los hospitales. Su primer protocolo de triaje fue distribuido el miércoles 18.

El viernes 20, el escenario era “espantoso”, según describió Mur en su e-mail, enviado a las 14.00. Tres días antes, se había producido una conmoción cuando la prensa reveló que al menos 19 personas mayores habían muerto en la residencia Montehermoso. Aquella noche, Ayuso dijo en Telecinco que esa residencia era una excepción y que “en su práctica totalidad están [estaban] todas medicalizadas“.

El correo iba dirigido a una alto cargo de la Consejería de Políticas Sociales, Begoña Cortés. Puso en copia a cinco responsables, los consejeros de Sanidad, Escudero, y de Políticas Sociales, Reyero, además de a otros tres cargos de esos dos departamentos.

Mur reprochó a Gómez, directora de Atención al Mayor, que no estuviesen llegando médicos a las residencias. Días antes, Sanidad había pasado un listado de sanitarios voluntarios a Políticas Sociales. “Si no avanzáis en la contratación de médicos, no vamos a poder tratar allí según el modelo de residencia medicalizada que tenemos”, escribió el alto cargo de Sanidad. Políticas Sociales, en poder de Ciudadanos y sin competencias sanitarias, debía cumplir un plan de “medicalización” que había sido diseñado a sus espaldas por Sanidad, controlada por el Partido Popular, a pesar de que este último departamento disponía de una plantilla de 62.547 sanitarios.

Luego, Mur anunció su propuesta: “Mi idea firme es que debemos trasladar a aquellos que podamos salvar y los que no, ayudarles a morir dignamente. Si ni siquiera podemos darles cuidados paliativos dignos en las residencias, el protocolo inicial de funcionamiento no es realizable”. Añadió su admonición: “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”.

Debido a esta falta de personal, Mur pidió trasladar “DIRECTAMENTE” a los hospitales públicos de media estancia especializados en rehabilitación como la Fundación Instituto San José (oeste de la capital) o el Virgen de la Poveda (municipio de Villa del Prado). También se refirió a la posibilidad de derivar al resto de hospitales públicos si estos consiguieran aliviar la presión asistencial gracias a Ifema y los hoteles medicalizados. Todo esto era un plan de corto plazo, para ese fin de semana. Propuso retomar el proyecto de residencias medicalizadas cuando la consejería de Políticas Sociales consiguiese el personal médico.

Mur sabía que los mayores tampoco iban a ser admitidos en el nuevo hospital de campaña del recinto ferial de Ifema, que había sido anunciado esa misma mañana. Se lo había dicho un día antes el consejero Escudero, quien le explicó que buscaban “pacientes sin problemas para la actividad básica de la vida diaria y sin deterioro cognitivo”, según reveló Mur en 2021 en la Asamblea de Madrid.

Ifema reventó la idea del plan Burgueño de reforzar las residencias con los sanitarios de atención primaria. Era lo que el asesor especial Antonio Burgueño había discutido en la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo madrileño, con Ayuso y Escudero, antes de que el consejero de Sanidad anunciara la medicalización. Días después, este “hospital milagro” absorbió a más de 1.000 sanitarios de la atención primaria madrileña.

Choque

Cuarenta minutos después del correo de Mur, respondió la mano derecha de Escudero, Ana Dávila. Como viceconsejera de Asistencia Sanitaria estaba al frente del Servicio Madrileño de Salud, el Sermas. (Ayuso la nombró después consejera de Asuntos Sociales en junio de 2023 y aún mantiene el puesto). Dávila parece reprender a Gómez, de Políticas Sociales, por no haberles comunicado qué médicos habían aceptado ir a las residencias de entre los incluidos en un listado de 151 voluntarios enviado que les habían trasladado dos días antes.

Gómez contestó de inmediato que esa misma mañana le había dicho a Mur que las residencias no habían podido contratar a ningún médico de esa lista. Le explicó que esos facultativos eran de otras comunidades autónomas y no querían desplazarse y que algunos presentaban síntomas. Solo habían podido contratar a tres doctores, pero por otra vía.

Esa misma tarde, Mur firmó a las 16.37 un protocolo de triaje, que distribuyó por correo a las 17.32. Ese protocolo, el segundo de los cuatro que se enviaron a los hospitales, relajó algo los “criterios de exclusión”, que se basaban en una escala de dependencia física del 0 al 100 conocida como Barthel y otra de dependencia cognitiva llamada GDS.

A pesar de esta relajación, los datos de la Comunidad muestran que los traslados desde residencias a hospital siguieron cayendo. Los tres días de toda la crisis con menos traslados fueron el 20, 21 y 22 de marzo.

Justo antes de la pandemia el promedio de hospitalizaciones procedentes de residencias había sido de 120 al día, pero entre el 7 marzo y el 31 marzo la media cayó a 65 personas por día, según la comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid. Ese informe destacó que “lo esperable es que (los traslados) hubieran aumentado fuertemente por el aumento de contagios”, pero ocurrió lo contrario.

Las residencias no recibieron un refuerzo médico relevante hasta el 6 de abril, según admitió Mur a este periódico en 2020. Múltiples testimonios lo acreditan. Esos días muchos mayores agonizaron sin auxilio.

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