El firmante de los protocolos de residencias reconoce ante la jueza que no hubo medicalización, según la acusación

Carlos Mur, un alto cargo clave en las decisiones de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, ha reconocido este lunes ante una jueza que un hombre mayor enfermo murió en una residencia sin recursos adecuados, según ha dicho a los medios la abogada de la acusación. Su declaración, a la que no tenía acceso la prensa, es la primera que hace como imputado en uno de los juzgados de la región que investigan la crisis de 2020 en las residencias de mayores, cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso elaboró unos protocolos de triaje que limitaron drásticamente las hospitalizaciones. Ni Mur ni su abogado han hablado con los periodistas.

Esta admisión es relevante para los hijos de los fallecidos porque buscan demostrar que sus padres sufrieron discriminación en el acceso a la sanidad. La abogada acusadora, Alejandra Jacinto, ha relatado a los periodistas que Mur ha asegurado que los protocolos tenían sentido en tanto en cuanto las residencias fuesen medicalizadas, y ha reconocido que al menos en este caso concreto ese refuerzo no se produjo. A los periodistas que esperaban esta mañana en Plaza de Castilla, Jacinto les ha contado que Mur había dicho que la plantilla médica de la residencia “no era suficiente”.

Los jueces analizan caso por caso las muertes porque la causa no ha sido agrupada en un solo órgano judicial. En este supuesto, investigado por el juzgado de instrucción 23, la jueza Sonia Agudo Torrijos indaga sobre la muerte de Ángel Armingol, que falleció sin ser derivado al Hospital Gregorio Marañón.

Esta residencia, Amavir Valdebernardo, en el sureste de la capital, tenía 180 plazas. Entre marzo y junio de 2020, murieron 87 personas de ese centro, según las cifras que dio el Gobierno de Ayuso. El centro contaba con médico en la mañana y tarde, pero no los fines de semana ni por las noches.

Dos doctoras que formaban parte de la plantilla han relatado a EL PAÍS que los primeros días de la crisis carecían de material básico. Se cubrían con un traje de plástico que parecía “una bolsa de basura” y mascarillas de tela. “Nos lavábamos con lejía después de atender a los pacientes que sospechábamos estaban contagiados”, ha dicho una. Las dos han pedido anonimato para evitar ser señaladas.

Mur ha hablado durante unos 40 minutos por videoconferencia desde Andorra, donde reside. Ha respondido a preguntas de su abogado, de la fiscal y de la jueza.

En estos casi seis años, Mur había declarado como testigo judicial y en el parlamento pero nunca como imputado. Mur es un psiquiatra aragonés de 49 años que al llegar la pandemia ostentaba el puesto en la Consejería de Sanidad encargado de conectar el sistema sanitario autonómico con las 475 residencias de mayores de la región, el de director general de coordinación sociosanitaria.

Durante una intervención en 2021 ante los diputados madrileños, Mur ya se había referido a la falta de medicalización. Dijo entonces que la idea original era que los sanitarios de atención primaria reforzaran la atención en las residencias, pero ese plan saltó por los aires el 20 de marzo, cuando se presentó la medida estrella de Ayuso, el hospital campaña de Ifema, que absorbió a ese personal.

La cita de hoy se producía después de que un médico que participó en la elaboración de los protocolos de triaje, Javier Martínez Peromingo, incriminara a Mur en diciembre, al decir a este misma jueza que él se opuso a ellos por considerarlos discriminatorios, según reveló entonces la abogada Jacinto. Sobre esto, la letrada ha dicho hoy que Mur ha “devuelto la pelota”, al decir que él firmó los protocolos, pero que fueron los geriatras liderados por Peromingo quienes redactaron las cuatro versiones de los protocolos.

Había mucha expectación entre las familias por la declaración de Mur. Las dos asociaciones que los amparan, Marea de Residencias y Verdad y Justicia, consideran que este exalto cargo debería “tirar de la manta” e incriminar al exconsejero de Sanidad, el hoy senador Enrique Ruiz Escudero, y a la presidenta Ayuso. Como en otras tantas citas judiciales, varias decenas de miembros de estos grupos aguardaron con pancartas, sin importar en esta ocasión la llovizna y el frío.

No muy lejos, en el céntrico Hotel Four Seasons, Ayuso participaba en un desayuno informativo en el que volvió a atacar a estas asociaciones. Aprovechó una pregunta sobre el lenguaje grueso en política para decir: “El jueves estaba en la Casa de Correos (sede de su Gobierno) y estaba escuchando que lo de las residencias no eran muertes, sino asesinatos. Pero claro, ¿qué les voy a pedir a los miembros de un Gobierno que han utilizado y retorcido el dolor de las víctimas en cada situación que ha ocurrido en España", ha dicho la baronesa popular.

“En mi caso, por ejemplo, 142 sentencias judiciales les han demostrado que se está implementando un relato para retorcerlo y para vivir de él, por cierto, activistas y ex políticos, que se han quedado fuera de las listas, y son los que componen estas campañas”, ha agregado.

Las familias han fracasado una y otra vez en sus intentos de obtener una condena, pero el año pasado lograron un avance al conseguir por primera vez la imputación de varios exresponsables, entre ellos Mur, Peromingo y otros dos más, el gerente de las ambulancias del Summa 112, Pablo Busca, y el asesor para la covid Antonio Burgueño. Ese giro se ha producido después de que sus abogados invocaran el delito de discriminación en el acceso a la asistencia sanitaria, que conlleva penas de seis meses a dos años de cárcel.

En breve podría conocerse otra decisión con potencial de transformar la causa. La Audiencia Provincial debe resolver el recurso que las familias presentaron en septiembre para acumular todas las investigaciones en un solo juzgado, el número 3 de instrucción. Esa resolución se conocerá de modo inminente, según fuentes judiciales.

Además de Mur, hoy iban a declarar tres médicos de la residencia Amavir Valdebernardo. Allí estaban sentadas en un pasillo de la planta séptima esperando su turno, pero la jueza salió para decirles que había decidido suspender su declaración porque el abogado de Mur alegó que no había sido notificado. Jacinto cree que esto es una táctica dilatoria.

La jueza les informó de que iba a convocarlas para el 23 de abril.

−Mira qué bien. Ese es el Día del Libro,- dijo la fiscal.

−Pues aprovecho para recomendarles uno. Se llama Morirán de forma indigna,−intervino Jacinto, recordando el libro del exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que narra el abandono que dio su Gobierno a las residencias.

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