El redactor de los protocolos para residencias declara ante el juez que protestó porque eran discriminatorios, según la abogada de las familias

El redactor de los protocolos de triaje para las residencias madrileñas, el médico Javier Martínez Peromingo, ha dicho este martes en un juzgado que trasladó en varias ocasiones su oposición a ellos al alto cargo sanitario que le pidió su elaboración, Carlos Mur. Así lo ha manifestado a los medios de comunicación la abogada de las familias, Alejandra Jacinto, presente en la sala, quien ha dicho que Peromingo se opuso porque consideró que eran discriminatorios. Ni Peromingo ni su abogado, Borja Fiestas, han querido hacer declaraciones a EL PAÍS.

Al terminar la sesión de unos 40 minutos, Jacinto ha revelado a la prensa que no se han presentado los otros dos ex responsables de la crisis citados hoy por la mañana en el juzgado de instrucción 23 de Plaza de Castilla, Carlos Mur, ex director general de coordinación sociosanitaria; y Pablo Busca, ex gerente del Summa 112. Por ello, ha explicado, van a solicitar al juez que los declare en busca y captura. “Nos parece un chasco y una absoluta vergüenza que de nuevo Carlos Mur haya vuelto a eludir la acción de la justicia”, ha dicho Jacinto. “El juzgado alega que no ha podido ser citado porque no lo encuentran, que lo han intentado de todas las maneras hasta en tres o cuatro ocasiones y lo cierto es que este señor parece estar desaparecido o se está detrayendo de la acción de la justicia”.

La comparecencia de Peromingo es la primera de un ex responsable autonómico como imputado por la gestión de las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia, cuando miles de personas murieron sin asistencia hospitalaria. En primavera, se suspendieron las declaraciones de varios ex altos cargos en dos ocasiones, por distintos incidentes procesales.

El choque entre Peromingo y Mur se remonta a los primeros días de la crisis, cuando el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunció que los mayores enfermos que vivían en las residencias iban a ser tratados allí mismo. Como parte de ese plan, Carlos Mur, que era director de coordinación sociosanitaria, convocó el 13 de marzo de 2020 a un grupo de geriatras liderado por Peromingo para que redactaran unos protocolos de hospitalización para las residencias de mayores que recomendaban descartar a los mayores con dependencias físicas o mentales. Se distribuyeron a los hospitales cuatro versiones de esos protocolos, el 18, 20, 24 y 25 de marzo.

Peromingo ya había atacado a Mur cuando compareció en una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. Entonces, en marzo de 2021, Peromingo ocupaba el cargo de director general de coordinación sociosanitaria, que ocupó después de que Mur fuera destituido en mayo del año anterior. Peromingo criticó que Mur había enviado a hospitales y residencias un borrador técnico que no estaba listo, sin el consentimiento de los geriatras. Peromingo dijo entonces que a ellos no les gustaba ni el lenguaje ni los criterios para no hospitalizar. Sí estuvieron de acuerdo con la última versión, la del 25 de marzo, que también es considerada discriminatoria por las familias.

Jacinto ha valorado que Peromingo ha “incriminado” a Mur. Según la abogada acusadora, Peromingo ha dicho que manifestó “en reiteradas ocasiones tanto por escrito, por correo electrónico, como por WhatsApp” sus objeciones a las peticiones de Mur. Según la abogada, Mur aceptó esas quejas de forma despreocupada y por eso hubo hasta cuatro versiones.

Peromingo también ha dicho que muchas residencias no estaban medicalizadas porque no había ni material ni sanitarios suficientes, según Jacinto. “Había algunas residencias que tenían mejor dotación sanitaria y otras con peor dotación sanitaria, pero en todo caso no se implementó una estrategia de medicalización que es una de las cuestiones que siempre ha defendido el Gobierno de la Comunidad de Madrid”, ha añadido la abogada.

La sesión de hoy, en el juzgado de instrucción 23, cuyo titular es Jesús María Ricardo Serrano. La investigación de este juez gira en torno a la muerte de Ángel Armingol, cuya derivación desde la residencia Amavir Valdebernardo, en la capital, fue rechazada por el Hospital Gregorio Marañón. Otro juzgado, el 2 de Collado Villalba, ha citado a los mismos declarantes para que comparezcan este miércoles a las 10.00. La prensa no puede acceder a las sesiones en fase de instrucción, así que son las partes las que luego eligen si relatan lo que sucede en la sala de vistas.

El caso residencias está fragmentado en múltiples juzgados en función del lugar de la muerte, pero las asociaciones de familiares, Marea de Residencias y Verdad y Justicia, buscan una macrocausa en el juzgado 3 de Madrid, el primero que imputó a exresponsables. La Audiencia Provincial debe resolver un recurso en el que piden esa centralización por la similitud de fondo y forma de los procedimientos.

Hoy en Plaza de Castilla también ha declarado como imputado el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, llamado Eugenio Marañón. Era la persona de ese centro encargada de hacer el triaje telefónico a las residencias de la zona, según los protocolos. Según Jacinto, ese investigado no ha sabido dar detalles sobre el diagnóstico de Ángel. “Me parece muy difícil poder sostener que una persona podía ser tratada en la residencia perfectamente bien cuando ni siquiera sabes si tiene covid o no”.

La hija de Ángel, Ángela Armingol, también se ha dirigido a los medios a las puertas de los juzgados, donde la esperaba una veintena de manifestantes. Ella ha pedido que la investigación llegue hasta la cúpula del Gobierno madrileño. “Se tienen que depurar responsabilidades políticas porque yo no me creo que ningún médico motu proprio ideara aquellos protocolos".

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