Una jueza cita para el lunes al firmante de los protocolos para residencias, Carlos Mur, que aún no ha declarado como investigado

Una jueza ha citado para declarar el lunes como investigado a Carlos Mur, firmante de los protocolos madrileños que limitaron la hospitalización durante la pandemia de coronavirus, según han informado este viernes dos asociaciones de familiares de fallecidos. La comparecencia se producirá después de que otro de los imputados en esa causa, el médico Javier Martínez Peromingo, “incriminara” a Mur en una vista judicial en diciembre, según contó entonces la abogada de las familias. Peromingo, que declinó hablar con la prensa, manifestó que había protestado porque consideraba que el contenido de los protocolos era discriminatorio, de acuerdo con esa letrada, Alejandra Jacinto.

Mur está citado a las 10.00 en el juzgado 23 de instrucción, en Plaza de Castilla. Comparecerá por videoconferencia desde Andorra, donde reside. En diciembre no se presentó a la vista en la que declaró Peromingo a pesar de que las asociaciones comunicaron que había sido citado. Según explicó Mur a EL PAÍS, no había recibido aquella notificación. Desde la pandemia, Mur ha declarado en la Asamblea de Madrid y como testigo en los juzgados, pero nunca como imputado.

A instancias de sus superiores en la Consejería de Sanidad, Mur reunió en marzo de 2020 a un grupo de geriatras de hospitales públicos madrileños con la misión de diseñar un filtro más exigente para las llamadas desde las 475 residencias de mayores de la región. A las personas mayores enfermas de covid se les trataría en esos centros, donde supuestamente se iba a producir un refuerzo. El objetivo era evitar un colapso del sistema hospitalario. Sin embargo, miles de personas murieron en las residencias en condiciones penosas.

Mur y Peromingo están siendo investigados desde el año pasado por una serie de juzgados de Madrid como supuestos autores de un delito de discriminación en el acceso a un servicio público, castigado con penas de seis meses a dos años.

De acuerdo con el conteo de las asociaciones, es la quinta vez que Mur está citado a declarar como imputado, pero en todas las ocasiones anteriores esa declaración no se produjo por distintas causas.

Cuando estalló la pandemia, Mur era director general de coordinación sociosanitaria, el enlace entre el sistema de salud y las residencias. En sus declaraciones parlamentarias y como testigo judicial, ha negado que los protocolos fuesen discriminatorios, pero ha dicho que los sanitarios que iban a reforzar las residencias fueron enviados al hospital de Ifema. Mur fue destituido en mayo y su puesto lo asumió Peromingo.

En diciembre, Mur aclaró a este diario que esperaría a la próxima ocasión que le llamaran para contar con detalle lo que sabe. “Iré encantado”, dijo. “Las víctimas y sus familias merecen conocer toda la verdad de lo acontecido durante la pandemia de forma minuciosa. Con todo tipo de documentación. ¡Faltaría más!“

La causa investigada en el juzgado 23, cuya titular es Sonia Agudo Torrijos, tiene su origen en la querella interpuesta por la familiar de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo, en la capital, y que fue rechazada por el Hospital Gregorio Marañón.

Las dos asociaciones de familias, Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia, creen que la justicia debería investigar al exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En sendos comunicados de prensa, han pedido este viernes a Mur que “tire de la manta y cuente lo que sabe sobre lo ocurrido durante la pandemia en las residencias de Madrid”.

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