Un juez “pide” al autor de los protocolos para residencias pruebas de que se opuso a su contenido discriminatorio, según la acusación

Nuevo avance para las familias en el caso residencias: un juez ha pedido al principal redactor de los protocolos de triaje que aporte las pruebas por escrito de que se opuso a las partes que consideró discriminatorios, según ha asegurado este miércoles uno de los abogados de las asociaciones de familiares. La petición se ha producido después de que ese autor, el médico Javier Martínez Peromingo, reiterara en un juzgado de Collado de Villalba lo que había dicho el día anterior en otra vista judicial, en Plaza de Castilla. Peromingo, que no ha hecho declaraciones a la prensa, está imputado en siete juzgados de la Comunidad de Madrid por muertes sin hospitalización que se produjeron en la primera ola de la pandemia.

La declaración de Peromingo puede ser clave porque lo que se dirime es si se cometió un delito de discriminación en la prestación de un servicio público, en este caso la asistencia sanitaria. Según el relato de los abogados de las familias este martes y miércoles, Peromingo ha desviado las culpas hacia el alto cargo sanitario que le encargó esos protocolos, Carlos Mur. Este también está imputado en ambos procedimientos pero no se ha personado en ninguno. Según le ha dicho a EL PAÍS, no ha sido notificado y está dispuesto a colaborar porque las “familias merecen conocer toda la verdad”. Tampoco ha comparecido otro investigado, Pablo Busca, el gerente de las ambulancias del Summa 112.

“Una vez más ha vuelto a señalar a Carlos Mur como el responsable de estos protocolos”, ha dicho a los periodistas que esperaban en la calle el abogado de las familias, Carlos Castillo, quien ha dicho que Peromingo ha calificado de excluyentes y discriminatorios los criterios para acceder al hospital contenidos en las tres primeras versiones de los protocolos (18, 20 y 24 de marzo de 2020), pero no así el de la última versión, del 25 de marzo. Un grupo de más de 20 geriatras de hospital, entre ellos Peromingo, fueron los encargados de aplicar el triaje para las residencias de sus respectivas zonas, de acuerdo con esas directrices.

Todos los protocolos para residencias recomendaban descartar la hospitalización de los pacientes con dependencia mental o física, pero las primeras versiones de los protocolos usaban la escala de Barthel, que mide del 1 al 100 la autonomía del paciente, mientras que la última introdujo un baremo de fragilidad del 1 al 9.

“Ha señalado que los documentos que le enviaron al señor Mur por el cual ellos establecían una serie de criterios de tratamiento para las personas que residían en las residencias no son los mismos que luego el señor Mur envió en sus correos y que ellos consideraron discriminatorios”, ha dicho Castillo.

Castillo ha añadido que Peromingo también ha hablado de que los geriatras de hospital como él, encargados de aplicar el triaje, habían sido informados por Mur de que las residencias iban a ser medicalizadas, pero esta no se produjo. “Él, por la constancia que tenía de la zona no tuvo constancia de que se hubiera derivado a ningún médico, a ningún tipo de personal sanitario a las residencias”. Peromingo fue encargado de aplicar el filtro a las 47 residencias que dependían de su hospital, el Rey Juan Carlos de Móstoles, en el sur de la región.

El caso de Collado Villalba versa sobre la muerte de Luis Yanci a los 72 años en la residencia Sanitas Torrelodones, sin ser derivado al Hospital Puerta de Hierro.

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