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El Gobierno de Ayuso ignoró un plan que daba asistencia 24 horas a las residencias durante la pandemia

El documento del asesor Burgueño, al que ha accedido EL PAÍS, confirma que propuso un refuerzo médico que no llegó porque esos profesionales acabaron en Ifema

Residencias
Fernando Peinado

El plan Burgueño encargado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el miércoles 11 de marzo de 2020 era un breve esquema con propuestas radicales como las visitas de Atención Primaria (AP) a las residencias las 24 horas del día para evitar la hospitalización de esos enfermos. Ese refuerzo no se produjo en el mes crítico de la primera ola de la pandemia, entre mitad de marzo y mitad de abril, cuando más de un millar de esos profesionales fueron destinados al hospital de campaña de Ifema. Cinco años después, EL PAÍS revela ese documento, de 49 páginas, que arroja luz sobre el origen del sistema que resultó en las denuncias por falta de atención a unos centros sin recursos donde murieron miles de mayores. El plan ha cobrado relevancia por la reciente imputación de su autor, Antonio Burgueño, el estratega que Ayuso reclutó al principio de la crisis.

El documento (que puede ser consultado íntegro al final de este artículo) confirma lo que reveló Burgueño en 2020 a EL PAÍS y reiteró en febrero de 2021 en la Asamblea de Madrid. Ante los diputados, lamentó como un “fracaso” que su propuesta no se llevara a cabo. Una semana después, en la siguiente sesión parlamentaria, un excargo sanitario reveló que Ifema absorbió a los profesionales que iban a medicalizar esos centros donde vivían los mayores.

El plan suponía una reorganización del sistema hospitalario, bien conocido por este consultor que había sido director general de Hospitales durante los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Es un esquema muy básico de 49 páginas que contiene numerosos epígrafes sin desarrollo. Ha sido proporcionado por una fuente externa al Gobierno Ayuso, que aclara que lo recibió en 2020 y le añadió el índice de tres páginas para ordenarlo porque le pareció una tormenta de ideas “caótica”. Su veracidad ha sido corroborada por Burgueño y por la Consejería de Sanidad. Un portavoz autonómico responde: “Sus ideas son sus ideas: no significa que fueran asumidas, ni aprobadas”.

El doctor Antonio Burgueño en una foto de junio de 2020 cerca del parque del Retiro, en Madrid.

Burgueño entregó su plan el jueves 12, un día después de recibir el encargo en una reunión con Ayuso; su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; y los consejeros de Sanidad y Hacienda, Enrique Ruiz Escudero y Javier Fernández-Lasquetty. Él ha dicho que en ese encuentro, en la sede presidencial de la Puerta del Sol, lo nominaron “mando único sanitario”.

Ese jueves, Ayuso presentó a todos los hospitales madrileños y los sindicatos “el plan integral diseñado por el Gobierno regional para afrontar” la pandemia. Por la tarde, Escudero anunció en rueda de prensa un “plan histórico” y citó la idea contenida en el plan Burgueño para las residencias. “El plan contempla que los pacientes de residencias de mayores que den positivo por coronavirus sean atendidos en la propia residencia, es decir, también vamos a medicalizar las residencias”, dijo Escudero.

Anticipo de los protocolos de triaje

La idea del asesor de Ayuso era convertir a la AP en el pilar de la asistencia a estos centros, a los que se refiere con el nombre desfasado de “residencias de tercera edad”. Se preveía una comunicación directa con el centro de salud en caso de sospecha de contagio, así como incentivos para evitar que las cuidadoras contagiaran a los residentes.

Si el virus entraba en la residencia, se proponía su declaración “en cuarentena”. En esos casos, se hablaba de una “atención sanitaria intensificada (24h) por médicos de AP y enfermería de AP”, de incentivos para esos profesionales y de un “plan de derivación a hospitales de primera línea”, que eran 16, los de tamaño pequeño y mediano.

Fragmento del 'plan Burgueño' relativo a las residencias de mayores.

No obstante, el documento también recomendaba evitar el ingreso en esos hospitales “de agudos” (es decir, en los hospitales ordinarios, por oposición a los de larga estancia para enfermos crónicos). Burgueño incluyó un diagrama que, por medio de una flecha, conectaba esa tarea a la palabra “geriatría”. Esto parece una clara referencia al triaje que hicieron los servicios de geriatría hospitalaria de acuerdo a los famosos protocolos de triaje elaborados días después. Sus cuatro versiones datan del 18, 20, 24 y 25 de marzo.

Burgueño había dicho antes que su plan contenía 270 medidas, una cifra que no aparece en el escrito. Él contesta a este diario que no las enumeró y que se refería a tareas. “Cada tarea es un punto. Son 270 tareas”. Tras recibir el documento por medio de este periódico, ha añadido que llevaba cinco años sin verlo y que no sabe ni dónde lo había guardado. Según había contado antes, lo elaboró en cuestión de 24 horas con la ayuda de su equipo de consultoría sanitaria.

Aunque la Consejería de Sanidad marca distancias con el plan Burgueño, existen similitudes con las líneas maestras presentadas por el consejero Escudero a la prensa el jueves 12. El responsable de la Sanidad madrileña dijo que habían elaborado un “plan de acción con más de 200 medidas” y detalló que tenían dos objetivos, los mismos del plan Burgueño: uno, frenar al virus para evitar nuevos contagios, y dos, dar una respuesta asistencial a los enfermos.

Cinco de los siete puntos que destacó se asemejan a las propuestas del asesor: la medicalización de las residencias, los hoteles medicalizados, la ampliación de las camas de UCI, el uso de Telemadrid y Onda Madrid para informar a la población o la comunicación telefónica de los ciudadanos con los centros de salud.

El consejero Enrique Ruiz Escudero en la rueda de prensa del 12 de marzo de 2020, cuando anunció la medicalización de las residencias.

El protagonismo de Burgueño fue efímero. Ese mismo jueves 12, cuando se conoció que había sido reclutado por Ayuso, comenzó una rebelión entre los sanitarios del sistema madrileño, que conservaban la animadversión contra él por los planes de privatización que impulsó en tiempos de Aguirre y González. Él ha contado que se sintió ignorado por la cúpula de Ayuso y que el lunes 16 se fue por la puerta pequeña. También ha dicho que su propuesta de medicalización no se llevó a cabo.

“Hospital milagro”

El viernes 20 de marzo surgió un nuevo cometido para los sanitarios de Atención Primaria que Burgueño había contemplado como pilar para las residencias. Ese día, la Comunidad anunció la puesta en marcha del hospital de campaña de Ifema, que acabó reclutando a más de un millar de profesionales de los centros de salud. La idea de un gran hospital de campaña se venía gestando desde principios de marzo en otro rincón de la consejería, la dirección general de Salud Pública. Ese “hospital milagro” solo atendió a 23 mayores de residencias durante toda la crisis porque fue concebido para atender a pacientes sin pronóstico grave.

Las familias de los fallecidos han puesto durante años el énfasis en los protocolos de no derivación, pero en la nueva estrategia judicial que iniciaron el año pasado destacan que se “denegó la asistencia sanitaria” en múltiples frentes. Es decir, no solo enfatizan la falta de acceso a los hospitales públicos, sino también la exclusión por Ifema, los hoteles medicalizados, los hospitales privados, así como esta medicalización “fallida” de las residencias.

Recientemente, EL PAÍS reveló otra información que apuntala esas denuncias: durante las semanas críticas, el Gobierno de Ayuso se resistió a compartir una lista de 1.798 médicos voluntarios con el director general de la Consejería de Sanidad que debía medicalizar las residencias. No obstante, los familiares se encuentran con el reto de probar que esa “denegación” de la asistencia sanitaria se hizo por motivos discriminatorios, como exige el delito que invocan, el 511 del Código Penal.

Burgueño ha declinado pronunciarse sobre su situación procesal. En abril, fue imputado por un juzgado de plaza de Castilla, y la semana pasada, en otro procedimiento en Leganés donde declaró como testigo, la jueza le ordenó que interrumpiera su relato ante la posibilidad de que tenga que citarle en un futuro como investigado y, por tanto, con asistencia de abogado. Las familias esperan que los jueces no detengan en Burgueño sus pesquisas sobre la gestión política de aquella crisis.

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Sobre la firma

Fernando Peinado
Es reportero de la sección de Madrid desde 2018. Antes pasó ocho años en Estados Unidos donde trabajó para Univision, BBC, AP y The Miami Herald. Es autor de Trumpistas (Editorial Fuera de Ruta).
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