Antonio Burgueño, ex asesor de Ayuso, también declarará como imputado por la causa de las residencias

El ex asesor sanitario de la Comunidad de Madrid Antonio Burgueño Carbonell también declarará como investigado en la causa de las residencias, según ha sabido EL PAÍS por medio de los abogados que representan a las asociaciones de familiares personadas. Burgueño debe comparecer el lunes a las 12.00 en los juzgados de Plaza de Castilla, al igual que dos ex altos cargos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Es la primera vez en cinco años de investigación judicial que una jueza cita como imputados a responsables de la Comunidad de Madrid.

Fuentes jurídicas de las asociaciones explican que por un error no comunicaron en sus notas de prensa de este viernes que Burgueño también está citado. Los otros dos comparecientes son Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, ambos involucrados en la elaboración de los controvertidos protocolos que restringieron las hospitalizaciones de personas mayores que vivían en las residencias, en marzo y abril de 2020. La jueza que los ha citado es María Isabel Durantez, titular del juzgado número tres de instrucción. Burgueño, al igual que los otros dos citados, no ha respondido a los intentos de comunicación de EL PAÍS.

Antonio Burgueño es un médico dedicado a la consultoría sobre gestión sanitaria. Fue director general de hospitales en tiempos de Esperanza Aguirre e impulsó la privatización de centros sanitarios, hasta que dejó el cargo en 2013 en medio de críticas. Ayuso le reclutó en los primeros días de la pandemia de coronavirus para que le asesorara y este elaboró un plan con medidas entre las que se encontraba que los mayores enfermos fueran atendidos en las residencias para evitar el colapso de los hospitales. Esa medicalización no se produjo, como él mismo admitió en una entrevista con este periódico.

Burgueño también fue noticia en aquellos días aciagos porque su hija Encarnación fue reclutada por Mur, entonces un alto cargo de la Consejería de Sanidad, para participar en la medicalización de las residencias. Encarnación bautizó “Operación Bicho” a aquel encargo, que fue abortado tras 12 días cuando este diario dio la noticia de ese plan fallido.

Los familiares de las víctimas ven con esperanza estas declaraciones porque confían en que el miedo a una condena les lleve a una posible incriminación de la presidenta Ayuso o del exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a quienes responsabilizan de las muertes.

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