Un juzgado imputa por primera vez a dos ex altos cargos de Ayuso, autores del protocolo de triaje en las residencias

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid ha imputado a dos ex altos cargos de la Comunidad de Madrid que serán interrogados el lunes por su rol en la crisis de las residencias en 2020, según han informado este viernes dos asociaciones de familiares. Carlos Mur y Javier Peromingo fueron actores clave en la elaboración de unos protocolos que descartaban la hospitalización de personas mayores enfermas.

Es la primera vez tras cinco años de investigación judicial que resulta imputado algún alto cargo del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, a quien las familias también acusan por lo sucedido. La jueza María Isabel Durantez ha citado a Mur y a Peromingo para interrogarles el lunes a las 12.30, según una portavoz de una de las asociaciones, 7291: Verdad y Justicia.

Las familias creen que el temor a una condena podría llevar a los ex altos cargos a revelar información que implique a sus superiores en el Gobierno: “Estamos convencidas de que la responsabilidad penal y política no se detiene en Mur y Peromingo“, han dicho este viernes por la mañana en la nota de prensa las dos asociaciones, 7291: Verdad y Justicia y Marea de Residencias. ”Les pedimos que cuenten esa verdad y desvelen cuál fue la implicación del entonces consejero de Sanidad –Enrique Ruiz Escudero– y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas por el Gobierno regional que tuvieron un impacto brutal en la vida de muchos residentes”.

La presidenta Ayuso ha evitado hacer una valoración en su primera aparición tras conocerse la noticia. “Es un asunto que estaba archivado hace tres años, ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo y es toda la información que tengo”, ha dicho al mediodía, durante una rueda de prensa en Pozuelo de Alarcón.

Consultados por este diario, Mur ha declinado hacer declaraciones y Peromingo no ha contestado a una solicitud para conocer su versión.

Mur era en marzo de 2020 el director de coordinación sociosanitaria, el cargo de la Consejería de Sanidad responsable de la asistencia a las 474 residencias de mayores activas en la región. Javier Peromingo era el jefe de geriatría del Hospital Rey Juan Carlos, en Móstoles, y fue el médico que hizo de enlace entre Mur y un grupo de geriatras que trabajó en la elaboración de los protocolos para esos centros. En mayo, cuando Mur fue destituido, Peromingo ocupó su puesto.

Los geriatras trabajaron durante semanas sobre un borrador, al menos desde el 13 de marzo de 2020, y Mur acabó firmando cuatro versiones que fueron enviadas a los superiores jerárquicos de este en la Consejería de Sanidad, dirigida entonces por Enrique Ruiz Escudero, además de a los hospitales encargados de ejecutar ese triaje. Las versiones fueron distribuidas el 18, 20, 24 y 25 de marzo. Durante marzo y abril, cuando estuvieron vigentes los protocolos, murieron más de 7.200 personas en las residencias de Madrid, sin un traslado hospitalario.

Los cuatro documentos descartaban a las personas con dependencias para su día a día, ya fueran físicas o mentales, y recomendaba que fueran tratadas en la propia residencia. En teoría, se iba a producir un refuerzo médico de las 474 residencias, como había anunciado Escudero el 12 de marzo. Sin embargo, en la práctica, el virus devastó a esos centros, incluido su escaso personal sanitario. Ayuso aseguró que habían “medicalizado” cientos de residencias, pero lo cierto es que los propios responsables de las patronales de residencias lo desmintieron, además del consejero de su Gobierno responsable de esos centros, Alberto Reyero.

Hasta ahora, Mur y Peromingo habían declarado como testigos en distintos juzgados, pero ningún juez había dado este paso. La investigación se fragmentó en 2020 en multitud de órganos judiciales en función del lugar donde se encontraban las residencias de los fallecidos.

La imputación de ambos se ha producido en el marco de una nueva denuncia de las familias, que fue presentada por la Fiscalía el mes pasado, a punto de que se cumpliera el plazo de prescripción de cinco años. En esta nueva acción judicial, las familias han pedido a los jueces que investiguen un nuevo delito, el de denegación de un servicio público, la asistencia sanitaria, por motivos discriminatorios. Desde 2020, se habían querellado por una serie de delitos que no habían prosperado: homicidio, omisión de socorro o prevaricación.

Las dos asociaciones, 7291: Verdad y Justicia y Marea de Residencias, han protagonizado durante estos cinco años la batalla judicial de cientos de familiares, a quienes han prestado asesoramiento legal. “Celebramos que los altos cargos de Ayuso sean llamados a declarar por primera vez como imputados, ya que hasta ahora las instrucciones judiciales nunca se habían dirigido contra ellos”, han dicho en su comunicado.

“Todas las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora se centraron en directores o médicos de las residencias, pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los Protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias y no atender a los residentes enfermos con discapacidad en el hospital de campaña creado en Ifema o en los hospitales privados que estaban bajo el mando único de la Consejería de Sanidad”.

Nueva estrategia

Las dos asociaciones anunciaron en octubre su nueva estrategia legal. Presentaron ante la Fiscalía una denuncia colectiva en la que participaron familiares de 109 fallecidos durante la vigencia del triaje. Se basaban en el artículo 511 del Código Penal, el que castiga la discriminación en la prestación de servicios públicos. Ese tipo penal es calificado como “de mera actividad”, una característica relevante, según las familias. Los otros tipos penales que habían intentado exigían probar que una acción causaba una consecuencia, la muerte de las personas mayores. Esto supuso un reto probatorio porque los jueces entendían que no queda demostrado que los fallecidos se hubieran salvado de haber sido hospitalizados.

La Fiscalía trasladó la denuncia a los juzgados competentes. Ahora las familias se están encontrando con distintas decisiones: unos jueces han archivado y los abogados de las asociaciones han recurrido a la Audiencia Provincial, y en otros casos aún no se ha tomado una decisión.

Por este motivo, las familias no descartan que en los próximos días otros jueces puedan tomar decisiones similares a Durantez, magistrada de Juezas y Jueces para la Democracia, una asociación que representa al ala más progresista de la carrera. Además, Durantez fue directora general de la Marina Mercante durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Un abogado de la acusación, Carlos Castillo, cree que ha sido una casualidad que esta magistrada haya sido la primera en tomar esta decisión. “No entendemos que haya una predisposición especial por parte de esta jueza, sino que es un tema puramente de agenda de los juzgados”, dice Durantez.

La denuncia colectiva también se diferencia de las querellas de 2020 en las personas a las que se atribuía el delito. Si bien, las familias habían apuntado inicialmente contra Ayuso, Escudero y el consejero de Justicia, Enrique López, ahora los sujetos pasivos son responsables con menor rango: además de Mur y Peromingo, se dirigen contra el antiguo director de las urgencias Summa 112, Pablo Busca Ostalaza; y el asesor sanitario de Ayuso, Antonio Burgueño Carbonell. Los denunciantes también pidieron actuar contra los 25 geriatras que se encargaron de filtrar las peticiones telefónicas de hospitalización de las residencias.

Ninguno de los cuatro responsables señalados se mantiene en su puesto en el Gobierno de Ayuso. Mur, que es psiquiatra, es hoy jefe del servicio de Salud Mental en el Principado de Andorra; Peromingo es desde 2023 jefe de geriatría en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, del grupo Quirónsalud; Busca es desde 2024 director de Emergencias en el País Vasco; y Burgueño ejerció de asesor sanitario de Ayuso solo durante una semana, tras lo cual volvió a su negocio privado de consultoría para la gestión médica.

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