Un testigo del ‘caso residencias’ cita una reunión clave con Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y dos consejeros y la jueza suspende la sesión

Por primera vez en cinco años del caso residencias, una jueza ha oído este martes detalles sobre las decisiones de la cúpula de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia. Antonio Burgueño, ex asesor de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha testificado que el miércoles 11 de marzo de 2020 asumió el “mando único sanitario” durante una reunión en la sede de la Presidencia, en Sol, con Ayuso y otros tres altos cargos: los entonces consejeros de Sanidad y Hacienda, Enrique Ruiz Escudero y Javier Fernández-Lasquetty; y el jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Al oír esto, la jueza ha suspendido la sesión ante la posibilidad de que Burgueño tenga que declarar en calidad de imputado y, por tanto, necesite un abogado, según ha informado a los medios de comunicación el abogado de las familias.

Hasta ahora, ningún juez había conocido detalles sobre el papel de Ayuso y su equipo más cercano en la gestión de las residencias madrileñas durante los sucesos de 2020, pero el caso ha dado un giro recientemente después de la imputación de varios antiguos cargos de rango intermedio. El foco se ha distanciado de las decisiones de trabajadores de residencias y hospitales, y se ha posado sobre los políticos.

El abogado de las familias, Carlos Castillo, no ha descartado que tras oír a estos investigados algún juez pueda solicitar la imputación de los máximos responsables autonómicos, como desean las familias de los fallecidos. Además, ha adelantado que esperan en los próximos días una “cascada” de imputaciones en otros procedimientos. Por ahora solo dos juzgados han tomado esta decisión, entre ellos el que ha oído este martes a Burgueño, el número seis de Leganés.

Burgueño, que declaraba como testigo, está imputado en otro procedimiento, en el número tres de instrucción de Madrid, donde aún no ha comparecido porque su cita fue suspendida el lunes de la semana pasada. Al salir del juzgado de Leganés, ha evitado hacer declaraciones a los periodistas, que no tenían acceso a la sala de vistas. Sin embargo, sí le ha dicho unas palabras enigmáticas a una activista que lo ha seguido unos 100 metros: “A veces, otras personas pueden decir mentiras, pero un servidor no. Tengo 83 años diciendo mis verdades”.

Burgueño, que en 2020 reveló a EL PAÍS el encuentro en Sol, ha explicado este martes que Ayuso lo llamó el martes 10 de marzo para que acudiera a ese encuentro, según el abogado de las familias. Al día siguiente se encontró con la presidenta y varios de sus hombres fuertes y allí decidieron que él sería el “mando único sanitario”.

El abogado acusador ha explicado que cuando dijo esto, al cabo de unos cinco minutos de declaración, la fiscal pidió la suspensión de la vista, y la jueza aceptó debido a que en un futuro podría tener que declarar como investigado. Al conocer el aplazamiento, Burgueño ha precisado a la magistrada que solo ejerció ese rol durante cuatro días y que el nombramiento nunca fue formalizado.

Por ese motivo, la jueza no ha oído más detalles sobre si aquel 11 de marzo se habló de que las personas contagiadas en residencias no irían a los hospitales, pero el caso es que Burgueño ha contado antes, a EL PAÍS y a los diputados de la Asamblea, que él elaboró un plan de 270 puntos que incluía esa decisión. Al día siguiente, jueves 12 de marzo, Escudero anunció en rueda de prensa que los mayores de residencias enfermos serían tratados en sus propios centros.

En ocasiones anteriores, Burgueño ha lamentado que esa supuesta medicalización de las residencias no se llevó a cabo. También ha explicado que dejó de asistir a las reuniones del gabinete de crisis cuando vio que su opinión no era tenida en cuenta.

Las citas judiciales del caso residencias han cobrado una nueva dimensión desde que los jueces han comenzado a imputar a altos cargos del Gobierno de Ayuso. Hace dos semanas se conoció el primer supuesto, cuando una jueza de la plaza de Castilla imputó a tres ex responsables. Este de Leganés es el segundo procedimiento en que una jueza ha tomado esta decisión. Este martes solo han declarado testigos, pero el martes 17 de junio deben hablar como investigados tres ex altos cargos: Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, ambos involucrados en la elaboración de los llamados “protocolos de la vergüenza”, y Pablo Busca, el director de las ambulancias del Summa 112.

Los abogados de las familias creen que otros juzgados tomarán decisiones semejantes en otros procedimientos. Decenas de jueces en Madrid han recibido desde 2020 las querellas de las familias afectadas, pero las imputaciones de responsables de la gestión de la crisis solo se han producido este año, después de que las familias ensayaran una nueva estrategia, al denunciar los hechos como un delito de discriminación en el acceso a un servicio público. Antes lo habían intentado por delitos que han reconocido que eran más difíciles de probar, como el homicidio imprudente o la omisión de socorro.

Los dos circuitos

Además de Burgueño, han declarado como testigos Juan Abarca, presidente de un grupo sanitario privado, HM Hospitales; Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales (responsable de las residencias); y dos familiares de fallecidos. El caso de este martes versa sobre las muertes de dos residentes en Parque de Los Frailes, una residencia situada a solo unos dos kilómetros de los juzgados de Leganés.

Abarca ya había declarado en la Asamblea de Madrid, pero era la primera vez que lo hacía ante un juez. Las familias consideran importante su testimonio para probar la discriminación porque demuestra que los madrileños con seguro privado sí gozaron de acceso directo a una cama de hospital, como ya reveló EL PAÍS en junio de 2020.

Los hospitales privados también atendieron a personas mayores que vivían en residencias y no disponían de seguro, pero esas derivaciones se producían desde el hospital público, una vez superado el triaje de los protocolos. Según datos de HM, sus siete hospitales en Madrid asistieron entre marzo y mayo de 2020 a 253 residentes con seguro privado y a 34 sin él.

Para las familias, esto prueba que hubo dos circuitos distintos para acceder a un hospital durante la primera ola de la pandemia. Uno libre para los enfermos de residencias con seguro privado y otro bloqueado para los enfermos que dependían de la sanidad madrileña.

Ayuso y su equipo llevan años defendiendo que miles de mayores de residencias fueron hospitalizados durante la primera ola. Sin embargo, como demostró el medio InfoLibre y han confirmado investigaciones académicas, las derivaciones se desplomaron entre la primera semana de marzo y la primera de abril, cuando eran más necesarias. El grupo de geriatras de hospitales que actuó como filtro para las residencias recibió la directriz de aceptar a las personas con autonomía y descartar a las dependientes.

Abarca ha echado un capote al Gobierno de Ayuso en un escrito en LinkedIn, horas después de la vista judicial. Ha dicho que “se hizo lo que se pudo” y que las residencias de otras comunidades también sufrieron el “tsunami del Covid”.

Reyero fue aclamado por varias decenas de familiares y simpatizantes que aguardaron toda la mañana a las puertas. Al salir, contó a la prensa que ha reiterado lo que ha dicho en otros tres procedimientos anteriores donde lo habían llamado como testigo. Ha insistido en que considera que los protocolos tenían “un componente discriminatorio claro en función del lugar del residente y del nivel de discapacidad y dependencia”, pero que corresponde a los jueces determinar si eran delictivos. Cuando acabaron las preguntas de los periodistas, un manifestante gritó “¡la única persona decente de aquel gobierno!" y sus compañeros rompieron en aplausos.

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Reyero: "Los protocolos tenían un componente discriminatorio claro"

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