Suspendida la declaración de los tres responsables del Gobierno de Ayuso en la causa de las residencias

La jueza ha aplazado sine die la esperada declaración este lunes de tres ex responsables de la gestión en las residencias de Madrid durante la pandemia. Antes de la vista, sus abogados han pedido la suspensión porque no habían recibido un CD con información del caso y la magistrada ha concedido la petición, según fuentes judiciales. La magistrada también ha aceptado que el firmante de los controvertidos protocolos de triaje, Carlos Mur, declare la próxima vez por videoconferencia para evitar nuevos desplazamientos de larga distancia a la capital, según ha sabido EL PAÍS por medio de dos fuentes.

La cita de este lunes en plaza de Castilla había generado mucha expectación porque era la primera vez en cinco años que un juzgado iba a interrogar como imputados a responsables del sistema especial por el que los hospitales descartaron a miles de enfermos procedentes de residencias. Por eso, la noticia del aplazamiento decepcionó a los decenas de simpatizantes de la causa de los fallecidos que se concentraron a las puertas de los juzgados: “¡Vergüenza!, ¡vergüenza!“, corearon con rabia. Los letrados de las familias han tachado la solicitud de aplazamiento de “maniobra dilatoria”.

Los tres comparecientes eran el alto cargo sanitario que firmó los protocolos, Mur; el redactor de esas directrices, el geriatra Javier Martínez Peromingo; y el asesor sanitario Antonio Burgueño. El juzgado era el número tres de instrucción, uno de los muchos que examinan caso por caso los fallecimientos.

Había tanto interés que los familiares se concentraron a las 11.00, hora y media antes de las declaraciones. Delante de numerosos periodistas desplegaron una lona con la cifra que se ha convertido en su símbolo, el número de fallecidos en residencias en marzo y abril de 2020, según el conteo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: 7.291.

A las 12.30, bajo un calor sofocante, una activista voceó la noticia: “¡Juicio suspendido!, ¡juicio suspendido!“. Todos miraron con incredulidad. María Jesús Valero, una de las caras más conocidas del movimiento se echó a llorar y un compañero la abrazó. ”Es muy cruel", dijo ella. Otros reaccionaron con resignación, acostumbrados a los reveses judiciales.

Minutos más tarde, salieron del edificio los tres abogados de las asociaciones de familias. Aclararon que esperan cita para una nueva vista en las próximas semanas y que no compartían esta decisión porque el auto con la imputación data del 1 de abril y los investigados han tenido casi dos meses, “tiempo suficiente” para instruirse.

Este tipo de interrupciones en el proceso son habituales. A veces, los abogados se agarran a defectos de forma para ganar tiempo. Fuentes de los juzgados informan de que la nueva declaración será más o menos en un mes.

Mur y Peromingo eludieron a los periodistas y manifestantes, pero no Burgueño, que se detuvo a su entrada, donde fue recibido al grito de “vergüenza” y “7.291”. Una mujer se le acercó: “Señor Burgueño, ¿No tiene nada que decir? Esta era mi madre. Ustedes colaboraron con matarla. ¿A qué vienen hoy aquí? ¿Qué van a decir? ¿Alguna vez van a decir algo", mientras que otros reclamaban: “Digan la verdad. Tenéis que ser valientes y señalar”. Él dirigió a los periodistas un escueto mensaje: “En esta España las víctimas y los ciudadanos estamos en el mismo sitio”.

Por su parte, Mur ha convencido a la jueza para declarar la próxima vez por videoconferencia. Este psiquiatra pasa consulta en Barcelona y Andorra. En el principado, ocupó el puesto de jefe de salud mental del sistema de salud entre enero de 2022 y febrero de este año.

Las asociaciones de familias dieron el viernes la noticia de estas imputaciones como un avance en una causa que parecía perdida después de cinco años de derrotas judiciales. En ese tiempo, han visto cómo los múltiples jueces competentes han sido reacios a conectar las muertes con las decisiones políticas. Sí han sido imputados trabajadores de residencias por no derivar al hospital a los fallecidos, aunque en ningún caso se ha producido condena alguna.

Los familiares denunciantes creen que la responsabilidad última recae sobre los políticos que diseñaron un sistema que privó de la adecuada asistencia sanitaria a los fallecidos. Por eso, han señalado desde el principio a la presidenta Ayuso y a dos exconsejeros, el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; y el de Justicia e Interior, Enrique López.

El tres de instrucción es uno de los muchos juzgados que han examinado el caso residencias, que en 2020 se fragmentó en múltiples investigaciones en función del lugar donde se produjeron los fallecimientos. Este juzgado cerró este asunto hace tres años cuando llegó a sus manos por primera vez, pero lo reabrió el 1 de abril a petición de la Fiscalía.

Este giro se debe a que 109 familiares presentaron en octubre ante el Ministerio Público una nueva denuncia por un delito que no había sido considerado antes: el de discriminación en el acceso a un servicio público, en este caso la asistencia sanitaria. Se trata, aducen, de un tipo penal más fácil de probar que el homicidio o la omisión de socorro porque estos otros delitos exigen demostrar la relación de causa efecto entre las decisiones políticas y las muertes.

El caso del juzgado tres afecta a un hombre que vivía en una residencia del norte de la capital, Atenea Mirasierra, y que sufrió la negativa del hospital La Paz antes de ser ingresado el 6 de abril. Dos días después falleció.

Después de atender a la prensa, los letrados de las familias se quedaron hablando con los familiares, quienes pedían explicaciones sobre la suspensión de la vista. Una abogada tomó un micro que le prestaron y se dirigió a las familias. Era Alejandra Jacinto, bien conocida en Madrid porque fue líder regional de Podemos: “Hay que seguir teniendo la esperanza en que se empiece a arrojar algo de verdad”, les animó, y contó luego lo que había pasado. “Vamos a esperar a ver lo que dice la instrucción en esta causa y en otras tantas que están por venir y confiamos en que algún día se haga justicia”.

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