El Ayuntamiento de Alicante se lava las manos en el escándalo de las viviendas protegidas y delega la investigación en la Fiscalía

El Ayuntamiento de Alicante ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía por las posibles irregularidades cometidas en torno a la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad, un escándalo que ha provocado ya la dimisión de una concejala y de una directora general, y en la que hay implicados varios funcionarios municipales más. De esta forma, el consistorio presidido por el alcalde Luis Barcala (PP) se lava las manos y delega toda la investigación en la justicia, ya que, según ha recalcado Manuel Villar, concejal de Contratación y Recursos Humanos, entre otras competencias, y portavoz adjunto del gobierno local, “no hay ninguna norma que regule el control municipal” de este tipo de promociones.

La intención del Ayuntamiento es tratar de dilucidar “los hechos en los que hayan podido estar implicados funcionarios municipales” y “comprobar que se ha cumplido la finalidad” para la que están reservadas estas promociones públicas, que es la de ayudar a encontrar vivienda a aquellos que lo necesitan. A través de la denuncia, Fiscalía tendrá que certificar “si los adjudicatarios cumplían todos los requisitos”. Es decir, que no poseyeran otra vivienda, que la concedida fuera utilizada como primera residencia y que sus ingresos anuales, como unidad familiar, no superaran los 54.000 euros anuales.

Sostiene Villar, a cuyas órdenes directas trabaja la alto cargo que ha dimitido, María Pérez-Hickman, madre de dos de los adjudicatarios de la promoción, que el consistorio no puede hacer más. “Las circunstancias”, afirma, “son que el ayuntamiento vende suelo a precio tasado para unas viviendas protegidas” y que “la cooperativa puede elegir a los cooperativistas”, ya que ninguna normativa urbanística les obliga a fiscalizar la adjudicación. “El ayuntamiento solo puede vender y dar licencia de obras, no adjudica vivienda alguna”, dice.

Entre los deberes que el equipo de gobierno del PP ha puesto a la Fiscalía al presentar la denuncia no solo estará el de escudriñar los procesos por los que los beneficiarios de las viviendas consiguieron por unos 200.000 euros sus pisos de tres y cuatro habitaciones con garaje y trastero, en una urbanización con pistas deportivas, gimnasio, piscina y centro social en una zona exclusiva de la ciudad. También, admite Villar, lo que han hecho con estos inmuebles después.

Según ha denunciado públicamente Compromís y han adelantado tanto el diario local Información y la Cadena SER, los propietarios podrían estar haciendo negocio con la adjudicación, a pesar de que está expresamente prohibido por la legislación vigente.

Según estas informaciones, hay pisos y garajes a la venta e incluso hubo interesados a los que, presuntamente, se les pidió que pagaran 230.000 euros más una cantidad similar en dinero negro para acceder a la vivienda. “Nosotros solo podemos centrarnos en que la vivienda llegara a quien la necesitara”, indica el vicealcalde de Alicante. Por este motivo, van a “cotejar el listado de propietarios con el de funcionarios” municipales. “Lo de después”, es decir, todas las irregularidades que se hayan podido cometer una vez que los dueños han guardado las escrituras en un cajón, tendrá que investigarlo la Fiscalía.

De momento, no hay más explicaciones. Hoy se reúne la junta de portavoces para informarles de que el jueves 12, a las 17 horas, se celebrará un pleno extraordinario, solicitado por la oposición al completo (PSOE, Compromís y Esquerra Unida), en la que Barcala dará explicaciones. Entre otras, si el alcalde sabía que su concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, que ha dimitido por el escándalo, era adjudicataria de una de las viviendas. O que si la propia Gómez ha intervenido en alguna de las licitaciones. O que si había expedientes previos que ya alertaban de este presunto pelotazo. “Ahora parece que todo el mundo sabía que aquí había algo raro”, declara Villar, “y nosotros nos enteramos el pasado martes”.

También darán a conocer, posiblemente, su investigación sobre uno de los casos, en el que un técnico de la Consejería de Vivienda, ya expedientado, visó una vivienda para su mujer, funcionaria municipal. “Vamos a verificar estos hechos”, anuncia el concejal, “si es cierto, abriremos a la funcionaria un expediente sancionador con suspensión de empleo y sueldo de manera cautelar”.

Mientras tanto, siguen los movimientos en la bancada de la oposición. Los socialistas ya anunciaron que han interpuesto otra denuncia en Fiscalía, esta sí, con calificación de los hechos, ya que sospechan que en este caso, se podían haber cometido los delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, conflicto de intereses, estafa, fraude a la Administración y fraude de ley con relevancia penal. Y desde Compromís, se va a presentar una batería de actuaciones en todas las instituciones, desde el ayuntamiento alicantino a las Cortes valencianas, pasando por la Diputación provincial.

El portavoz municipal, Rafa Mas, ha instado a Barcala a que “envíe a la Policía Nacional, o que se ayude en la Nacional, para revisar piso a piso si los adjudicatarios viven allí o están alquilando”. Aduce sospechas de que se están alquilando viviendas “de 1.200 a 1.600 euros mensuales”. “Que verifique el padrón, los recibos de agua y luz, si las viviendas están ocupadas o vacías”, reclama Mas.

La portavoz adjunta del grupo en las Cortes autonómicas, Aitana Mas, ha señalado que con ello pretenden “denunciar el expolio de recursos públicos habitual en los gobiernos del PP” y “la perversión de un sistema”, el de las viviendas públicas, creado para apoyar a las rentas más bajas.

En el parlamento valenciano, proponen una comisión de investigación sobre este asunto “que beneficia a personas con sueldos de casi 70.000 euros”, subraya María José Calabuig, diputada autonómica.

También presentarán una proposición no de ley para “modificar la normativa de acceso a las VP en favor de las rentas bajas” y para exigir “máxima transparencia” en los procesos de adjudicación, “con acceso a listados, baremos y requisitos”. Defiende Compromís que “el PP debe dar la cara y explicar por qué una gran cantidad de pisos de esta promoció tiene relación con cargos de su partido”, al igual que la consejera de Vivienda, Susana Camarero, a la que también solicitarán una comparecencia en las Cortes. “También hay que revisar el Plan Vive”, lanzado por el expresidente Carlos Mazón para apoyar el acceso a la vivienda en colaboración con los municipios.