Suspendido de empleo y sueldo un funcionario por adjudicar a su mujer una vivienda social de la polémica promoción de Alicante

La vicepresidencia primera y consejería de Vivienda ha abierto un expediente disciplinario, con suspensión cautelar de empleo y sueldo, a un funcionario que avaló la adjudicación de una vivienda social de la ciudad de Alicante a su mujer, “omitiendo datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él formaba parte”.

La primera oferta de vivienda pública en Alicante en 20 años ha derivado en un escándalo que no cesa en las adjudicaciones de las 140 casas construidas sobre un terreno privilegiado cedido a un promotor privado por el ayuntamiento dirigido por Luis Barcala, del PP.

La Consejería ha adoptado las medidas contra el funcionario después del “segundo análisis” solicitado por la secretaria Autonómica de Vivienda tras conocerse que la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, un arquitecto municipal y dos allegados a la directora general municipal, María Pérez-Hickman, -la primera y esta última han renunciado a sus cargos- han sido adjudicatarios de viviendas públicas en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan.

En esta segunda verificación se ha conocido que este funcionario es cónyuge de una de las personas solicitantes y que en la tramitación del expediente omitió datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él formaba parte y, por extensión, de la acreditación de ingresos y viviendas en propiedad de las que pudiera disponer y que se deben sumar a dicha unidad de convivencia, según las mismas fuentes.

La dirección territorial ha informado de una supuesta comisión de varias faltas tipificadas como muy graves por parte de este técnico funcionario, que “revisó, tramitó y acreditó para su firma” el expediente de su mujer, “estableciendo como revisión favorable todos los requisitos del mismo”.

La Consejería ha afirmado que “actuará con total contundencia, como ha hecho hasta este momento, y trasladará inmediatamente la información a Fiscalía a efectos de que investigue la situación y adopte las medidas oportunas”. “Nos encontramos ante un caso en el que un funcionario, haciendo un uso indebido de su posición, habría actuado en beneficio propio o de terceros”, ha indicado.

La Consejería ha subrayado “con total claridad que en ningún caso existe participación alguna de cargos políticos en la emisión de los visados ni en las decisiones adoptadas”. “Dicho esto, y precisamente porque actuamos con responsabilidad y tolerancia cero ante cualquier irregularidad, a la vista de lo ocurrido se van a reforzar los mecanismos de control”, ha indicado.

En concreto, “además de las medidas incorporadas en el Decreto 180/2024, se reforzará el sistema de revisión en los procedimientos de visado de las Direcciones Territoriales, impulsando una nueva fórmula de comprobación a través de una mesa de verificación”, ha avanzado. “Para este Consell, hechos como los que se han producido son plenamente inadmisibles y no tienen cabida en una gestión pública responsable. No existen ambigüedades cuando se trata de proteger el interés general y de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, ha señalado.