El Gobierno trocea el decreto para salvar las pensiones y negocia a varias bandas para mantener las medidas antidesahucios

Si no hay un cambio de última hora después de una noche negociadora que se prevé muy ajetreada, el Consejo de Ministros, con Félix Bolaños al frente de la conversación a varias bandas, tiene previsto aprobar este martes de nuevo el decreto del escudo social con la subida de las pensiones que los votos de PP, Vox y Junts tumbaron hace una semana en el Congreso. Pero esta vez, según distintas fuentes gubernamentales y parlamentarias, lo troceará aún más de lo que lo hizo el año pasado, cuando ya sufrió para aprobarlo.

Salvo cambio de última hora, o un retraso in extremis —aún habría una semana más de margen para aprobarlo— el decreto se partirá en dos para que sea más fácil aprobarlo y se llevará hoy al Consejo de Ministros. En uno irán las pensiones y otras cuestiones del escudo social que sí concitaban consenso, y en otro la moratoria antidesahucios, que rechazaba Junts y a la que el PNV también pone pegas.

El Gobierno se está encontrando, en un asunto tan delicado y divisivo como la política de vivienda, con una dificultad que ya se vio cuando hubo que pactar un paquete fiscal a finales de 2024: España tiene un Gobierno progresista, pero el Parlamento tiene una mayoría claramente conservadora en cuestiones clave. Por eso el Ejecutivo hace todo tipo de malabares, incluidos los decretos ómnibus, para intentar forzar a los nacionalistas de derecha a apoyar medidas de izquierda.

Esta vez, sin embargo, todo indica que el Gobierno va a tener que ceder ante Junts —y ahora también el PNV—. El partido de Carles Puigdemont sostiene que el escudo antidesahucios perjudica a los propietarios que no pueden echar a los inquilinos vulnerables de sus pisos cuando no pagan. El decreto incluye una compensación pública para esos arrendadores, pero Junts y otras formaciones sostienen que no funciona bien.

La izquierda, por su parte, presiona para aprobar ese escudo antidesahucios que lleva en vigor desde la pandemia y que, si decae, podría dejar en la calle a más de 50.000 familias vulnerables, la mayoría de ellas con niños pequeños, si no se encuentra otra solución.

Después de una negociación intensa durante el fin de semana, y a falta de alguna sorpresa de última hora, la decisión se decantaba hacia trocear el decreto para garantizar la aprobación inmediata de la subida de las pensiones, para asegurar que los jubilados no ven reducida su paga en febrero —algo que, según distintas fuentes, nunca estuvo en riesgo—. A partir de ahí, no está claro si el escudo antidesahucios se aprobaría ya en el mismo Consejo de Ministros o se dejaría algo más de tiempo para seguir negociándolo con Junts y PNV. Todos los grupos de izquierda, pero especialmente Sumar, que está en el Gobierno, presionaban hasta el último minuto para no dejar caer la moratoria.

Sumar exige que vaya todo junto, o que al menos se cierre un pacto que garantice que el escudo antidesahucios no decaerá. Los decretos podrían votarse por separado y eso eliminaría el riesgo de que caigan de nuevo las pensiones, pero aumentaría la posibilidad de que no salga adelante la moratoria antidesahucios. Se trata de algo muy delicado para un Gobierno progresista porque se puede multiplicar un goteo de imágenes durísimas de familias vulnerables expulsadas de sus casas por no pagar el alquiler en un momento en que los precios disparados y la falta de vivienda pública hacen imposible una solución alternativa.

La semana pasada, el PP, Vox y Junts hicieron caer la norma que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de los desahucios para las personas vulnerables. Tanto el partido de Alberto Núñez Feijóo como el de Carles Puigdemont se han posicionado a favor de lo primero, pero justifican, sin embargo, que la moratoria de los desahucios favorece la okupación —algo que niega el Ejecutivo basándose en el decreto, que excluye expresamente esos casos—, y advierten de que no la apoyarán.

Sumar se ha abierto este lunes a que el escudo social y las pensiones vayan en decretos distintos, pero rechaza separar los acuerdos en el tiempo. Es decir, aprobar solo las pensiones mañana y dejar para más adelante la prohibición de los desahucios.

El PNV, también con reticencias y que ya reprochó al Gobierno la forma en la que había llevado las medidas, ha advertido este lunes de que el Ejecutivo debe “replantearse” el decreto ampliando el escudo social a los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler, “dejándolos exentos de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad”, según reclama en una nota de prensa. “Esta responsabilidad no puede recaer sobre estos pequeños propietarios, la Administración debe ayudar a estas personas que se han quedado sin recursos, pero sin perjudicar a los que tienen una única vivienda adicional en alquiler”, defiende la portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero, en el comunicado. “Trabajar sin dejarnos llevar por populismos beneficia a la ciudadanía vasca a la que representamos“, concluye la diputada.

Dirigentes de Sumar, Podemos y ERC han apretado este lunes tanto a los socialistas como a las derechas para que se recupere la medida. “Queremos que vaya todo junto”, ha insistido el portavoz de Movimiento Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que se ha mostrado abierto a negociar cambios para lograr el sí de otros partidos, con la condición de que no afecten al núcleo del decreto. “La mano tendida para ver de qué manera podemos ajustar la medida, siempre y cuando no se ponga en cuestión la protección de las familias”, ha afirmado en rueda de prensa sobre posibles ayudas a propietarios, una carta que ya jugó el Gobierno el año pasado para atraer a Junts. Los independentistas se quejan de que estas compensaciones no llegan a todos los afectados.

También desde Sumar, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha pedido esta mañana en TVE no ceder al “chantaje” de las derechas y ha asegurado que la fórmula de ese nuevo decreto aún no se ha terminado de concretar. “La forma está por ver, hay que dialogar y conseguir que salga adelante. Pero no hay que ceder a este chantaje que ha pretendido sacrificar en nombre de los pensionistas a la gente más vulnerable”. Tanto Bustinduy como Urtasun han defendido públicamente que “el cómo importa menos que el qué”. “El qué es protegerles y no ceder también ante esta operación ideológica que pretende discriminar y decir: apoyar a los pensionistas, sí; apoyar a la gente que menos tiene, a los pobres, no”, ha afeado el titular de Derechos Sociales. El cómo sería que las medidas fueran contenidas en una o dos normas distintas.

“Es triste que hablemos de elegir entre pensiones o el resto del escudo social. ¿A quién dejamos caer? La respuesta es a nadie”, ha defendido en la misma línea desde Izquierda Unida su responsable de Organización federal, Eva García Sempere. En tono similar, Alberto Ibáñez, de Compromís, ha afirmado en el Congreso que se intentará “que entre todo”, también la exención del pago de la tributación de las ayudas por la dana.

Fuentes del socio minoritario de la coalición añaden que las negociaciones con los grupos están siendo profundas estos días y que en esta cuestión, su objetivo es compartido con el del PSOE. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha desvelado que los contactos con el Gobierno se iniciaron anoche y ha sido categórico en su defensa de las iniciativas. “Por nosotros no será. Creo que es una mala excusa votar en contra de un decreto con la inmensa mayoría de las cosas buenas, simplemente porque algo no te gusta. Es como en un menú quedarte sin comer porque un plato no te gusta”, ha justificado en declaraciones a los medios en la Cámara baja.

Un paso más allá ha ido el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, que ha planteado que si el PP, Vox y Junts no quieren apoyar las medidas antidesahucios, el Gobierno puede llevar al Consejo de Ministros un decreto nuevo cada mes. Si no está dispuesto, ha sugerido, la otra opción es “pagarle a las personas vulnerables el alquiler” para evitar los desahucios. “Le corresponde al Gobierno buscar la fórmula que entienda más eficaz para que se apruebe la revalorización de las pensiones. Siempre estaremos a favor y querríamos que subiesen más”, ha señalado sobre la otra medida fundamental que cayó el martes pasado y afecta a cerca de 10 millones de jubilados.