El Gobierno busca un acuerdo con Junts para recuperar la revalorización de las pensiones y el escudo social

El titular de todos los medios generó una gran alarma entre casi 10 millones de pensionistas, un colectivo con una enorme influencia política en un país muy envejecido como España: el Congreso tumbó el decreto de la revaloración de las pensiones este martes. La nómina de enero no está en juego, se va a pagar con la subida que decidió el Gobierno, el 2,7%. Pero la de febrero sí está en el aire, y se empieza a resolver su pago a mediados de ese mes. Si no se resuelve antes, los pensionistas recibirían de media 50 euros menos en esa paga. Y eso supondría un terremoto político de consecuencias difíciles de calcular.

Sin embargo, el Gobierno está convencido de que logrará, como el año pasado, encontrar una solución política in extremis para aprobar las pensiones en la segunda vuelta, con un nuevo decreto, antes de que llegue la nómina de febrero. Casi nadie en La Moncloa se plantea la posibilidad de que los pensionistas lleguen realmente a sufrir las consecuencias de esta derrota política del Gobierno. Si hubiera un acuerdo rápido, el Ejecutivo podría hacer un Consejo de Ministros extraordinario incluso esta misma semana para aprobar el nuevo decreto, pero de momento ese objetivo parece lejos.

La tensión será muy grande y la cuestión se convertirá sin duda en un asunto central de la campaña de las elecciones de Aragón, en las que tanto el PSOE como el PP culparán al otro de este freno a la subida de las pensiones, pero el Ejecutivo confía en encontrar una solución política a través de la negociación con todos los socios de la mayoría, incluido Junts —con el PP hay una gran desconfianza y parece difícil una negociación de este calibre— para sacar adelante un aumento de las pensiones que nadie se anima a rechazar.

PP y Junts aprobaron en 2025 lo que rechazan ahora

El PP y Junts han votado en contra apelando a otra parte del decreto, el escudo antidesahucios, que, sin embargo, sí aprobaron el año pasado, cuando iba un texto idéntico en el segundo decreto que se aprobó. Pero las cosas han cambiado desde entonces, el PP asegura que ya no hará más favores al Gobierno y exige un decreto exclusivo con la subida de pensiones. Junts reclama que se elimine lo que llama “ayudas a la ocupación”.

El Gobierno se niega de momento a plantear un decreto solo con la subida de pensiones, porque cree muy relevante también el escudo social, incluido el antidesahucios que afecta a 50.000 familias vulnerables, y confía en poder aprobarlo entero o con algunas modificaciones, como el año pasado, a través de la negociación.

El problema es que la versión de Junts de este año es mucho más difícil (tiene mucha más presión de Aliança Catalana) e insiste en que no piensa negociar nada con el Gobierno. También el PP es más duro que el de 2025, y también tiene más presión de Vox en pleno ciclo electoral.

Sin embargo, el Ejecutivo cuenta con una baza muy relevante que muestra que en La Moncloa las negociaciones nunca cesan para intentar recomponer una mayoría cada vez más maltrecha. El pacto del PSOE con Podemos para la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes abre la puerta a que este grupo vuelva a la negociación en la mayoría y, sobre todo, pueda permitir ahora que se apruebe la transferencia de la competencia de inmigración a Cataluña que habían pactado el Gobierno y Junts y tumbaron los morados en septiembre. “Estamos abiertas a negociar”, admitió Ione Belarra, gran negociadora de este partido, al ser preguntada por una posible recuperación de la transferencia.

Es un gesto muy importante para Junts, otro más, pensado para ver si los independentistas reconsideran su decisión de no negociar nada. Hay otros en marcha, como la publicación de las balanzas fiscales, prevista para febrero, y se sigue trabajando para avanzar en otras decisivas como el reconocimiento del catalán en la UE.

Ningún movimiento es casual, todo está conectado, pero el Gobierno no tiene ninguna garantía de éxito esta vez con Junts, y por eso tiene encima de la mesa diversas opciones para lograr que en cualquier caso se suban las pensiones en febrero. El Gobierno sigue cerrando acuerdos con todos los socios, a falta de Junts, y este martes Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, avanzaron en La Moncloa en más traspasos de competencias para antes de Semana Santa, incluido el de los aeropuertos vascos. Tras varios acuerdos en enero con ERC, PNV, Bildu y Podemos, solo falta Junts.

Distintos escenarios de negociación

La primera opción para recuperar la subida de las pensiones es la negociación con Junts de todo el paquete, como el año pasado. De hecho, en este decreto se repetía algo que ya se negoció con Junts el año pasado, una compensación al propietario durante la suspensión del desahucio en casos de familias vulnerables. Junts se queja de que no se cumple, pero otros grupos como Bildu ofrecieron datos de los beneficiarios en Cataluña de esa ayuda. Ahí se podrían negociar más garantías u otras cuestiones. La segunda, la que menos gusta al otro socio del Gobierno, Sumar, y a otros grupos progresistas, es trocear el decreto y sacar el escudo antidesahucios, algo que supondría su caída y rompería a la izquierda. Y la tercera, la más improbable, es hacer un decreto solo con pensiones para sacarlo con el PP. “El escudo social es muy importante para el Gobierno, tiene que aprobarse entero. Es lo que hicimos el año pasado y la derecha sufrió sus contradicciones. Tenemos que dar la batalla ideológica. Que intenten convencer a la gente de que tumban las pensiones porque no quieren prohibir que se eche a la calle a 50.000 familias vulnerables sin alternativa habitacional. ¡Hay que dar esta batalla!”, señala un ministro de Sumar.

El Ejecutivo de momento despliega dos estrategias paralelas con el mismo objetivo: aprobar un nuevo decreto antes de la nómina de febrero. Por un lado, como en 2025, lanza una fuerte presión para que el PP y Junts sufran el coste de haber votado en contra y poner así en riesgo la nómina de los pensionistas en febrero. A ella se sumó incluso en redes sociales Pedro Sánchez, con un mensaje con tono grave: “Lo ha vuelto a hacer. El PP toma como rehenes a los pensionistas de nuestro país”. Pero por otro, de forma más discreta, busca esa negociación con Junts triangulada con Podemos y con otros grupos de la mayoría. Ahora queda por saber si el grupo de Carles Puigdemont sigue empeñado en no hablar de nada —al menos esa es su posición formal— o está dispuesto a volver al “carpeta a carpeta” que dirigía su estrategia antes de la ruptura del pasado otoño.