PP, Vox y Junts se unen para tumbar la revalorización inmediata de las pensiones y el escudo social

PP, Vox, UPN y Junts se comportaron este martes como un bloque parlamentario homogéneo y tumbaron con sus 178 votos y los mismos argumentos uno de los dos decretos enviados por el Gobierno para ser convalidados en el Congreso y en el que se incluían la revalorización ya de 13 millones de pensiones, la subida del salario mínimo o el ingreso mínimo vital, ayudas y prohibiciones de desahucios a familias vulnerables. El decreto que contenía subvenciones al transporte público fue revalidado con 179 votos a favor, 32 en contra de Vox y la abstención muy crítica del PP por la gestión de los recientes accidentes ferroviarios. Los partidos de la derecha en el Congreso exigieron al Gobierno que separara esas actuaciones para aceptar la subida de las pensiones, pero están en contra de las medidas antidesahucios, que creen que favorecen la ocupación. El Ejecutivo aún no ha decidido si acepta esa exigencia o insiste en intentar colar esos decretos en próximas semanas, pero sí aprovechó para cuestionar que con esas “excusas” se va a perjudicar ya a millones de ciudadanos.

El año pasado fue la reversión de un palacete confiscado por el franquismo en Paris y devuelto al PNV lo que provocó el rechazo de una parte de la derecha en el Congreso del decreto recurrente con el que se prolongan desde hace un lustro con la pandemia una serie de actuaciones urgentes y de emergencia dirigidas para las familias en peor situación, entre las que se incluyen la revaloración de las pensiones. Este año la razón para boicotear esa norma ha sido la ocupación de viviendas. PP, UPN, Vox y Junts entienden que con las prohibiciones planteadas a los desahucios para los que no tienen ninguna alternativa habitacional lo que el Gobierno busca y pretende es favorecer las ocupaciones y atacar a los pequeños propietarios.

El PNV, que normalmente está con el sector de partidos que respalda al Ejecutivo, también advirtió de que está llegando al límite y avanzó que ante la evidencia de esta derrota el Gobierno ya no puede dar por descontados sus votos para la nueva negociación. Tampoco refrendan lo que consideran un acoso a los dueños de viviendas. El Gobierno y sus socios más recurrentes explicaron que esas prohibiciones de desahucios solo afectan en el decreto a los que tengan a partir de 11 viviendas, pero esa constatación no sirvió de mucho.

El debate principal transcurrió así entre la exposición del ministro encargado de defender la utilidad de los decretos, Félix Bolaños, titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que razonó que el Gobierno progresista del PSOE y Sumar persigue aprovechar el buen comportamiento y crecimiento económico del país “para no dejar a nadie atrás” con la llamada agenda social, algunos partidos aliados que alertaron de que no se puede llegar al Congreso permanentemente en situación de emergencia y los partidos de la derecha, que reclamaron asuntos y votaciones individuales, para fomentar un mayor desgaste político. Ese decreto decayó porque solo sumó 171 votos a favor frente a los 178 en contra.

La oposición de PP, UPN y Vox estaba muy fijada de antemano. Junts, que se separó en otoño del bloque de investidura y que lleva semanas incrementando su malestar por el colapso de los transportes públicos y ferroviarios en Cataluña, ofreció una intervención en la tribuna de distanciamiento total, pero sin formalizar aún su voto negativo.

La portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, sí lo justificó para explicar que “no tenía nada que ver” con la revalorización de las pensiones sino más bien con mezclarlo todo y especialmente con las ocupaciones. “No pueden obligarnos a que no puedas hacer nada si te ocupan el piso y no se paga el alquiler. Hagan el favor de aprobar la ley contra las okupaciones que Junts presentó y que tienen bloqueada. Votaremos que sí a la revalorización de las pensiones cuando la presenten sin el chantaje de mantener las preocupaciones y los impagos para miles de familias”, señaló Nogueras repitió sin contemplaciones sus mensajes sobre una Cataluña “colapsada”, decadente y derruida por las políticas y gestiones de los sucesivos gobiernos centrales españoles que ve empeñados en marginar y perjudicar a los catalanes en todos los servicios públicos.

El ministro Bolaños, y luego los portavoces de Compromís, Águeda Micó; del BNG, Néstor Rego; de Podemos, Ione Belarra; de EH Bildu, Óskar Matute; de ERC, Jordi Salvador, y de Sumar, Aina Vidal, enumeraron las decenas de ayudas y subvenciones previstas en las 60 páginas de los decretos en favor de las personas más desfavorecidas y de 13,5 millones de pensionistas y acusaron a los que anunciaron su voto en contra de “dañarles” sin más interés que el partidista.

A la mayoría de los socios, y en especial a Podemos, aún les pareció poco lo que se pretendía impulsar. La representante del PNV, Begoña Sagastizabal, sin embargo, sí quiso lanzarle al Ejecutivo algunos avisos de inmediato futuro. El PNV está a disgusto con esos decretos no negociados de antemano y que llegan a los plenos sin consenso y con el dilema de “jugar a la ruleta rusa”. Tampoco le gustan las medidas antidesahucio. Y anticipó que para la posible revisión de los decretos habrá que hablar más con ellos.

El portavoz en la materia del PP, Juan Bravo, abundó en la tesis de que el Gobierno abusa ilegalmente en el uso de los decretos de emergencia y consideró, como había apuntado el PNV, que no se puede al mismo tiempo presumir de crecimiento y gran momento económico y recurrir anualmente desde hace ya un lustro a este tipo de salidas parlamentarias para los más desfavorecidos. Bravo lo relacionó también con la falta de Presupuestos Generales del Estado, los fallos de gestión de este Ejecutivo de Pedro Sánchez desde hace ocho años y con el contenido del “decreto ómnibus trufado” en el que se mezclan cuestiones de todo signo. El PP insistió ahí retóricamente en que muchas de las soluciones contenidas en estos dos decretos podrían contar con su apoyo si llegaran individualmente. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que sí estuvo en su escaño a primera hora para guardar el simbólico minuto de silencio por las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios, no siguió en el hemiciclo la mayor parte de los debates de la jornada.

El escenario de reproches habituales se desbocó de nuevo con la irrupción en la tribuna del portavoz de Vox, José María Figaredo, que en su deriva sobre que “la corrupción de este Gobierno mata” utilizó varias veces palabras malsonantes para concluir exaltado contra todo el Gabinete de Pedro Sánchez: “!Traen la ruina y la vergüenza, dimitan de una vez, asesinos¡“. El presidente en funciones de las Cortes, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, lo retiró de las actas y le llamó al orden. Su grupo, Vox, le recibió entre aplausos.

El primer decreto discutido, votado y derrotado incluía la subida anual de las pensiones, que suponen un incremento del 2,7% para la mayoría y entre un 7% y un 11% para las no contributivas, y para el Ingreso Mínimo Vital, pero también la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la limitación de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas), la prórroga del bono social eléctrico o la extensión de las ayudas para los afectados por la dana, entre otras políticas. El segundo decreto sí salió adelante y permitirá un conjunto de ayudas y subvenciones para la promoción del uso del transporte público mediante la bonificación de abonos y títulos multiviaje, pero se vio fatalmente marcado por el clima de inquietud y preocupación por los recientes accidentes ferroviarios y sirvió para anticipar próximas discusiones sobre la responsabilidad en esos sucesos del presidente y de su ministro de Transportes, Óscar Puente.

El Gobierno podría ahora aprobar en un Consejo de Ministros otro decreto similar al del escudo social, para que los pensionistas pudieran cobrar las nóminas con la subida que ya recibieron en enero, pero con la obligación de llevarlo al Congreso en un mes y ganar ese tiempo para renegociarlo.