El PSPV lleva al fiscal el escándalo de las adjudicaciones de las viviendas sociales de Alicante

El grupo del PSPV-PSOE en el ayuntamiento de Alicante ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción el caso de las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas sociales en la ciudad, al apreciar hasta cinco presuntos delitos. La portavoz municipal, Ana Barceló, ha acudido este lunes a Anticorrupción en torno a un escándalo que ha provocado la dimisión de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, del PP, una de las beneficiarias de las viviendas públicas, y una directora general municipal, cuyos dos hijos y un sobrino también fueron adjudicatarios.

Para Barceló, en este “escándalo” se han podido incurrir en los delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y conflicto de intereses, estafa, fraude a la Administración y fraude de ley con relevancia penal.

Ha indicado que el gobierno municipal del alcalde popular, Luis Barcala, ha vulnerado el derecho de acceso a la vivienda, “que debe responder al interés general” en una ciudad donde hay “más de 5.400 familias en lista de espera para acceder a una vivienda pública, y cuando cada vez son más las que se tienen que marchar por la imposibilidad de pagar el precio de una vivienda en alquiler o en propiedad”.

“Cuando una promoción de vivienda pública”, ha proseguido la socialista, “acaba beneficiando a cargos públicos o personas vinculadas al PP, nos vemos obligados a pedir que se abra una investigación judicial” dado que “la ciudadanía tiene derecho a saber qué ha pasado y por qué”.