El “escándalo” de la vivienda pública en Alicante: pisos de lujo adjudicados sin control ni publicidad a familiares y cargos del entorno del PP

La primera promoción de vivienda pública en Alicante en 20 años era un caramelo. Pisos de tres y cuatro habitaciones con garaje y trastero, en una urbanización con piscina, pistas deportivas, gimnasio y centro social. Y todo en una de las zonas más caras de la ciudad, en La Condomina, área perteneciente al distrito de la Playa de San Juan, y a mitad del precio medio de mercado. La golosina, sin embargo, estaba bien oculta. Fue el promotor, directamente, quien adjudicó las viviendas personalmente, sin que hubiera mecanismos de control ni publicidad de la oferta para la ciudadanía. Entre los beneficiados, la que iba a ser años después concejala de Urbanismo, una directora general del Ayuntamiento, que ha dimitido de su cargo, y un arquitecto municipal. Según el PSOE, “es el escándalo urbanístico más importante” durante la etapa del actual alcalde, Luis Barcala, que no ha podido esconderlo y asegura que lo va a investigar.

La presunta adjudicación irregular de vivienda pública, adelantada por el diario Información, será denunciada ante la Fiscalía una vez que se recabe toda la documentación, según han anunciado en rueda de prensa la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, y el diputado autonómico José Díaz. Ambos apuntan en dos direcciones a la hora de señalar quien tiene la responsabilidad de “no haber incluido en el pliego administrativo de licitación de la parcela ningún mecanismo de control para la adjudicación de pisos con transparencia y publicidad”. Por un lado, al Ayuntamiento, “que renunció a ejercer este control” y que, incluso, “se negó a constituir en 2018 una comisión de seguimiento de esta promoción” solicitada por el PSOE. Por otro, a la Generalitat Valenciana, que “o aplicó un trato de favor o cometió un fallo garrafal” al visar la promoción sin examinar con lupa las condiciones de los beneficiarios.

El “pelotazo”, en palabras de Barceló y Díaz, comenzó con la cesión de suelo público a un promotor privado para levantar vivienda pública en una de las parcelas de Alicante más codiciadas por cualquier ciudadano. E inaccesible para rentas medias o bajas, dado que los precios en esa zona superan los 400.000 euros. La adjudicación, las escrituras y la licencia de obra mayor se concedieron en 2022. Una vez construidos los pisos, “fue el promotor quien decidía” a quiénes se concedía, afirma Barceló. La lista de beneficiarios no es pública, pero ya han trascendido algunos nombres. Rocío Gómez, concejala de Urbanismo, actualmente de baja y en el momento de conseguir una vivienda, aún fuera del equipo de Gobierno. María Pérez-Hickman, directora general municipal de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos hasta este viernes, ya que ha dimitido tras conocerse que dos de sus hijos lograron colarse en la promoción. “Pero que sigue en su puesto de jefa de Contratación”, denuncian los socialistas, “del que debería ser cesada por quien la designó, Barcala”, aunque no se le pueda echar del consistorio por su condición de funcionaria municipal. Y un arquitecto a sueldo del Ayuntamiento. “No sabemos si hay más casos”, lamenta Barceló, “porque el listado de beneficiarios no es público”.

Una vez licitada la urbanización de la parcela, el ejecutivo de Barcala, que gobierna en minoría con apoyos puntuales de Vox, miró para otro lado. El pliego solo requería que el beneficiario fuera mayor de edad, que destinara la vivienda a primera residencia y que los ingresos anuales de la unidad familiar no superaran los 54.000 euros. Pero las llaves las repartió el constructor, quien, según ha declarado en una entrevista, recibía por teléfono solicitudes para llenar diez urbanizaciones más. A pesar de que la promoción no se difundió entre la ciudadanía. Y en una ciudad atacada por “la emergencia habitacional”, explica la portavoz municipal del PSOE, “con 5.500 familias registradas en la EVHA”, Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, creada por la Generalitat para el desarrollo de vivienda pública, “y muchos jóvenes que se van por no poder acceder ni a alquileres ni a compra” de casas para residir. La primera promoción de estas características en 20 años, “que nadie fiscalizó”, se convirtió así en “un pelotazo para personas con contactos”. Y que pueden haber firmado el negocio de su vida: “Si ahora se pudieran liberar, esas viviendas alcanzarían el doble de su valor inicial”, afirma Barceló.

El propio Barcala anunció este jueves que investigará lo sucedido. “Si este equipo de Gobierno tiene la menor sospecha, llevaremos el asunto a la Fiscalía sin ninguna duda”, comentó en un comunicado. Los socialistas, de momento, se fían de los mecanismos de control establecidos a posteriori por el consistorio, aunque solicitan la celebración de un pleno extraordinario en el que el alcalde “dé explicaciones”. Pero piden también responsabilidades tanto al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como a su vicepresidenta y consejera de Vivienda, Susana Camarero. “Nos preocupa el silencio” de ambos, incide Díaz. Quieren “el listado de adjudicatarios, explicaciones sobre la ausencia de controles y los visados de vivienda” para, también, presentar el caso ante la agencia Antifraude del Consell, que durante el mandato del expresidente Carlos Mazón ha rebajado sus niveles de exigencia frente a la transparencia que debe defender. Para canalizar sus exigencias, los socialistas han solicitado que sea “la presidenta de las Cortes valencianas”, Llanos Massó (Vox), la que recabe toda la información necesaria.

Barceló sostiene que la tramitación requerida es “urgente”. Primero, porque “la ciudadanía está más que molesta por ver que no puede acceder a viviendas” y porque este caso “produce alarma, hastío y desafección política”. Segundo, porque “se ha quebrado la confianza con el equipo de Gobierno de Alicante”. Y tercero, porque hay cinco parcelas municipales ofrecidas al Plan Vive de la Generalitat, junto a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, para el impulso de viviendas de protección pública. “Curiosamente, ninguna está situada en la Playa de San Juan”, ironiza Barceló. La de lujo fue tramitada por el Ayuntamiento. Y algunos de sus empleados resultaron agraciados con el premio gordo.