El alcalde de Alicante, Luis Barcala, investigará la adjudicación de vivienda pública a una concejala, un arquitecto y dos hijos de una directora municipal

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha ordenado que se abra un expediente de “aclaración de hechos” en torno a la adjudicación de varias viviendas de promoción pública a una concejala, un técnico municipal y los hijos de una alto cargo del consistorio. El primer edil sostiene que llegará “hasta el final” en el caso de que se detecte alguna irregularidad y que pondrá en conocimiento de la Fiscalía “la menor sospecha” sobre la tramitación de estos inmuebles. Se trata de pisos de unos 90 metros útiles situados en el área de La Condomina en la Playa de San Juan, con trastero y garaje y valorados en torno a los 200.000 euros, aproximadamente la mitad del precio habitual en esa zona.

Las posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas a personal del consistorio alicantino se han producido en una urbanización de 134 pisos con piscina, gimnasio, club social y diferentes pistas deportivas. La ubicación es casi privilegiada, ya que La Condomina es un área situada en la Playa de San Juan, cerca del mar. La calificación de los inmuebles de los beneficiarios es de vivienda protegida de nueva construcción de protección pública y suelen disponer de dos o tres dormitorios. Los requisitos establecidos para su adjudicación son que el solicitante sea mayor de edad, que se destine a residencia habitual y que los ingresos de la unidad familiar no superen los 54.000 euros anuales.

En un comunicado, Barcala ha asegurado “que nadie tenga ninguna duda de que no me va a temblar el pulso para tomar las medidas que haya que tomar”. En juego, según ha adelantado el periódico local Información, está la credibilidad de su equipo de Gobierno, ya que una de las adjudicatarias de estas viviendas sería la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, del PP. Y también una alto cargo (directora general) y un arquitecto municipal. El expediente para aclarar los hechos correrá a cargo del secretario general, según explica Barcala, y requiere información a tres concejalías, la de Urbanismo, la de Patrimonio y la de Contratación.

Estos departamentos deberán informar de “la relación de personal que ha participado en el expediente urbanístico, sea cual fuere la condición de funcionario, personal laboral o su puesto en dicha área”. “Si este equipo de Gobierno tiene la menor sospecha, llevaremos el asunto a la Fiscalía sin ninguna duda”. Mientras tanto, el alcalde alicantino se compromete a “informar con todo detalle de la tramitación del expediente de aclaración de hechos durante el proceso de elaboración y hasta su conclusión”.

La noticia ha coincidido con la celebración de un pleno del ayuntamiento, durante el que la portavoz socialista, Ana Barceló, ya ha avanzado que su grupo municipal trasladará los hechos a la Fiscalía. Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ya ha registrado una solicitud de información ante la Generalitat valenciana para que facilite el listado de adjudicatarios de estas viviendas.

La ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha calificado estos hechos de “escándalo” que, a su juicio, “demuestra que al PP solo le interesa la vivienda cuando sirve a intereses propios”. “La única promoción de vivienda de protección pública construida en Alicante en los últimos 25 años ha sido repartida entre concejales, técnicos municipales y familiares del Partido Popular”, declara la ministra, que también sostiene que “la vivienda no es una prioridad” para los populares. Morant adelanta que desde su partido permanecerán “vigilantes” y que actuarán “ante una práctica que es absolutamente denunciable”.