La Comunidad de Madrid ha perdido casi 10.000 viviendas de protección oficial en los últimos seis años

La Comunidad de Madrid presume de ser la región “líder“ en España en materia de vivienda protegida oficial (VPO). Según datos de la propia Administración autonómica, entre las que se han construido ya y las que están en proceso, la región cuenta “con más de 25.200″ inmuebles con esa clasificación, cuyo objetivo es controlar los precios a los que se vende o alquila. Lo que no publicita es que ese número pudiera ser mucho mayor si no se hubieran perdido 9.871 viviendas de protección oficial (VPO) entre 2019 y 2025. El dato, que ha adelantado la Cadena SER este lunes y proviene de una petición de Transparencia de Más Madrid, demuestra que desde que Isabel Díaz Ayuso llegó al poder, la Comunidad ya no tiene buena parte de los inmuebles construidos con esta calificación ―la mayoría bajo el Plan Vive― porque se ha vencido su período de protección y han pasado al mercado libre con precios muy superiores a los que fueron adquiridas.

Las casi 10.000 VPO menos que tiene una región tan tensionada en cuestiones de vivienda como esta se deben a las políticas de su Ejecutivo, que ha manifestado en varias ocasiones su negativa a hacer permanente la clasificación de VPO, algo que ya ocurre en otras comunidades como País Vasco y en ciudades de Europa como Viena, cuyos modelos demuestran el éxito social que tiene esta regulación. De hecho, en la Comunidad de Madrid no hay ni un solo piso que mantenga la protección, mientras País Vasco cuenta con 55.000. En la Comunidad de Madrid las VPO están amparadas por una normativa que las protege entre 15 años, las que tienen como objetivo final su venta, y 10 años, las que se dedican al alquiler, no más.

El viceconsejero de Vivienda, José María García, dijo en la Asamblea de Madrid en mayo de 2024 que mantener las VPO para siempre provoca “una pervivencia en el tiempo de un modelo que acaba degradando la calidad de las edificaciones, va deteriorando los barrios, y finalmente va perjudicando a las familias”. La tesis que defendió García es que, además, la venta de las viviendas de esas familias “vulnerables” permite “a las siguientes generaciones disponer de oportunidades de vida”. Para el diputado de Más Madrid en la Asamblea Jorge Moruno, esta afirmación confirma que el Ejecutivo no se quiere hacer cargo de la gestión de esos inmuebles por razones materiales, y por eso prefiere que pasen al mercado libre.

Cuando acaba la protección, esas viviendas pueden pasar, en el mejor de los casos, de las manos del propietario a las de otro cualquiera. Los vecinos que adquirieron esas viviendas por un precio módico y luego las vendieron por mucho más, incide el diputado, fueron los únicos beneficiados en la operación. Luego existe la gran probabilidad de que un fondo buitre adquiera esas propiedades para especular con un activo que nació para todo lo contrario. “No podemos consentir que la vivienda de protección oficial acabe en manos de fondos buitre después de invertir recursos públicos en ella, y para ello hay que blindar la regulación como ya se ha hecho en el País Vasco”, denuncia la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que añade que la fórmula para bajar los precios en Madrid pasa por crear un parque de vivienda protegida que crezca en lugar de perderse con el paso de los años.

El Gobierno regional ha defendido ser la autonomía en la que más VPO se construye en España, con casi 11.000 entre 2021 y 2023, según los últimos datos del Ministerio de Vivienda. Y aún más, ha sostenido que esa cifra duplica las que tiene Cataluña, que quedó en el segundo puesto con 5.495 viviendas de este tipo. Moruno explica que estos números tienen truco porque son cifras absolutas que no valoran la relación con la cantidad de población o la proporción que representaron esas VPO frente al total de viviendas construidas. Teniendo en cuenta este último parámetro, País Vasco, de nuevo, se llevaría el primer puesto porque de todas las viviendas que se construyeron en ese mismo período (3.586) el 37% corresponde a VPO, mientras que las de Madrid quedan en el 22% del total.

Según un estudio realizado por el Observatorio Vasco de Vivienda con datos del ministerio, si se tiene en cuenta la cantidad de VPO construida en relación con los habitantes de cada región, Madrid no queda siquiera en el podio. Muy lejos están las cerca de cuatro viviendas construidas por cada 1.000 habitantes en esta región, frente a las 17 de Euskadi, a las cerca de ocho que construyen Canarias, Cataluña, Asturias y Andalucía, o a la media de cinco de España.

La normativa para regular la venta de la vivienda protegida que convierte a País Vasco en el paradigma se firmó en 2003. Desde entonces, los inmuebles con esa clasificación mantienen ese estatus para toda la vida y en ningún caso pueden pasar a venderse en el mercado libre a cualquier precio. Si los vecinos que han adquirido este tipo de viviendas a un precio asequible quieren deshacerse de ella, deberán ponerle un precio regulado por la Administración, y lo mismo sucede con los familiares que hereden esas propiedades.

En Cataluña, las VPO no tienen esa clasificación de forma permanente, sino que están protegidas entre 10 y 30 años, pero al descalificarse el precio de venta sigue siendo limitado y el Gobierno autonómico tiene preferencia de compra para evitar que entre en el libre mercado. En la Comunidad Valenciana sucede de forma similar, es decir, que aunque no están protegidas para siempre, la normativa dificulta su liberación con medidas como el tope de los precios.

Sin embargo, la situación general en España es que las VPO tienen “fecha de caducidad”, dice Moruno. Señala que de seis millones de viviendas de este tipo que se construyeron entre 1951 y 2015, la mayoría ya no cuenta con esa calificación. “La ley no ofrece una alternativa que dé seguridad a los necesitados, sino un activo para la especulación”, concluye Moruno.