El Ayuntamiento cierra siete meses después el hostal ilegal cuyo derrumbe casi sepulta a un vecino

Después de siete meses, Jesús Nebreda, de 38 años, puede volver a su casa. El Ayuntamiento de Madrid cerró el pasado 19 de noviembre el hostal sin licencia que tenía encima de su vivienda en la plaza de Santo Domingo, en pleno centro, y que amenazó con costarle la vida el día de abril que se derrumbó encima de su salón mientras él dormía. ¿La causa? Unas obras que el empresario hotelero hizo, también de manera ilegal, con las que pudrió y sobrecargó el forjado de vigas de madera que divide el techo del domicilio de Nebreda del suelo que pisaban los turistas que se alojaban allí para pasar unos días en la capital de España. A pesar de ese incidente grave y de que sobre ese alojamiento pesa una orden de cese desde 2024, ha seguido funcionando sin interrupción hasta que EL PAÍS reveló lo ocurrido en un reportaje publicado en noviembre.

Ese mismo día pasaron dos cosas que parecen incompatibles. El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, preguntado por la prensa, respondía que el hostal no se había cerrado porque el empresario había hecho alegaciones sobre la orden que el Ayuntamiento le dio en 2024 para clausurarlo. “Luego va la orden de precinto, pero no se había alcanzado el último extremo”, señaló ese 21 de octubre el concejal popular. Sin embargo, tal y como ha podido conocer ahora este periódico, solo unas horas después de que pronunciase esas palabras, pareció alcanzarse. La Agencia de Actividades, que depende del área de gobierno de Carabante, abrió un expediente de ejecución forzosa de esa orden de cese. O el dueño lo cerraba, o iba la Policía Local a la puerta a precintarlo, como acabó sucediendo casi un mes después, el 19 de noviembre.

También el día que se publicó el reportaje, el Ayuntamiento de Madrid incluyó en el expediente la queja formal que Más Madrid había presentado para pedir que se actuara de una vez por todas. Eduardo Rubiño, que ejerce de portavoz en funciones del grupo municipal, considera que el Consistorio ha estado meses “mareando la perdiz” y que “solo actúa contra los alojamientos turísticos ilegales si siente la presión política”.

Jesús Nebreda, que por fin ve la luz al final del túnel tras meses removiendo cielo y tierra para recuperar su casa, comparte la misma percepción que Rubiño. “Me siento muy aliviado y muy agradecido ―dice―, pero también creo que si no me hubiera puesto en contacto con la prensa seguiríamos igual". “El Ayuntamiento de Madrid no va a actuar mientras no tenga una presión para hacerlo”, protesta.

Aun así, Nebreda todavía no puede volver a su casa porque en el salón todavía están los nueve puntales que los bomberos colocaron después del derrumbe para formar una estructura provisional que aguante el peso del piso de arriba.

El siguiente paso es aprobar en junta de vecinos una derrama para arreglar la estructura, ya que el propietario del hostal, por el momento, se ha negado a pagar al entender que el desplome no es por su culpa. “El derrumbe no tiene nada que ver con la orden de cierre”, dijo a este periódico. Después de hacer las obras para reacondicionar el edifico, a las que el Ayuntamiento de Madrid obliga por seguridad, el siguiente paso, comenta Nebreda, será demandarle para que devuelva el dinero adelantado por el resto de vecinos.

El hostal que tenía encima de casa constaba de 10 habitaciones y 10 baños completamente nuevos. Nebreda culpa a las obras que se hicieron para instalarlos de que las vigas estuvieran podridas por la humedad. “Nunca había habido fugas de agua importantes hasta entonces”, señala. El motivo de la sobrecarga, según el informe que redactaron los peritos del Ayuntamiento a raíz del derrumbe, era que el propietario había engrosado 15 centímetros el suelo del hostal para instalar un entramado de tuberías que irradiasen calor.

El caso de Nebreda es quizás uno de los ejemplos extremos de una situación bastante común. A finales de 2024, en Madrid había más de 15.200 pisos turísticos operando de manera ilegal. Es decir, que nueve de cada 10 casas que se encuentran en plataformas como Booking o Airbnb no tenían licencia para funcionar. El dato es solo una estimación hecha por el Ministerio de Consumo, pero la cifra exacta se desconoce por la dificultad de localizar viviendas que operan al margen de la ley.

Frente a esa cifra, el Ayuntamiento de Madrid solo impuso 92 sanciones a lo largo de 2024 a los apartamentos vacacionales que actuaban sin la licencia que les habilita para ello. En ese momento solo había 1.131 viviendas de este tipo en funcionamiento que contaban con el visto bueno de los inspectores municipales y, por tanto, con todas las garantías de seguridad.