Más de 4.000 vecinos de Montecarmelo demandan al Ayuntamiento de Madrid para detener su política de “tierra quemada”
La intención del recurso judicial es evitar que se lleven adelante las obras de un cantón de basuras para que, una vez acabadas, no haya marcha atrás


Los vecinos de Montecarmelo han demandado al Ayuntamiento de Madrid por seguir adelante con su idea de construir un cantón de limpieza y una base de SELUR en pleno corazón de ese barrio. El recurso que han presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid se basa en que, según argumentan, el Consistorio está usando una técnica de “tierra quemada” para sacar adelante la obra. Es decir, que trata de construir estos equipamientos lo más rápido posible para que una vez terminada la obra no haya posibilidad de dar marcha atrás aunque finalmente se declarase ilegal. Más de 4.000 residentes de ese barrio han puesto dinero de su bolsillo para pagar al abogado y, en su caso, las costas procesales.
Para entender el contexto de esta demanda presentada por los vecinos de Montecarmelo hay que remontarse a una sentencia anterior impulsada por el Colegio Alemán, que está a solo 60 metros del lugar elegido para levantar el cantón, y que fue también emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. Según dictó en abril el juez, el proyecto tiene características para ser considerado industrial y, por tanto, si se va a construir cerca de colegios y viviendas (como es el caso) se debería haber realizado un estudio para comprender su impacto ambiental. Pero no se hizo.
El Ayuntamiento recurrió entonces ese fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aunque tiene difícil recorrido porque su defensa se basa en que la actividad que se hará allí no es industrial, cuando lo que se ha hecho público hasta ahora del proyecto reconoce que sí.
Mientras esa sentencia no ha sido aún ratificada, el Consistorio ha pisado el acelerador para seguir aprobando trámites en contra del criterio del juez, de los vecinos y de todos los partidos de la oposición municipal. Eso es a lo que la Plataforma de Afectados por el Cantón de Montecarmelo, que es la que ha presentado la demanda, llaman táctica de “tierra quemada” en su escrito.
El recurso se centra especialmente en cuestionar el decreto que aprobó el Consistorio el 3 de junio, dos meses después de conocer la sentencia del Contencioso, en el que, en contra de lo dictado entonces, ratifica la ubicación elegida y desarrolla cómo va a ser el proyecto. “El decreto municipal impugnado adolece del respaldo de la mínima fundamentación jurídica o urbanística legalmente exigible y está viciado de nulidad de pleno derecho”, escriben en el texto de la demanda. En él también acusan al Ayuntamiento de tener una “actitud carente del respeto necesario al Poder Judicial” por actuar sin esperar a que TSJM resuelva el asunto.
Interés superior del menor
Entre los argumentos que dan para que el juez tome en serio sus reclamaciones está el principio de “interés superior del menor”. En la demanda presentada explican que en un área de pocos metros alrededor de donde estará la instalación donde estarán entrando y saliendo camiones de basura las 24 horas del días hay tres centros educativos que suman 4.100 niños y 200 bebés de guardería.
“El riesgo de accidentes de tráfico se incrementaría de manera exponencial”, señalan. “En casos como el que nos ocupa, en el que están en juego los derechos, la salud y la integridad física de niños menores de edad, es cuando más debe quedar acreditado de manera indubitable, que la defensa del ‘Interés Superior del Menor’ preside y guía las actuaciones de las Administraciones Públicas en España”, añaden.
En cualquier caso, la preocupación entre los residentes del barrio de Montecarmelo por este proyecto va más allá de aquellos que tienen hijos en edad escolar. Según una encuesta del grupo Análisis e Investigación encargada por los propios vecinos, el 94% de ellos consideran que la ubicación elegida para el cantón es poco o nada adecuada. Además, nueve de cada 10 consideran que su instalación “supondrá un problema grave para la calidad de vida y el entorno del barrio” por los olores que se desprenderán, las “sustancias peligrosas”, el “ruido constante” y el “tráfico intenso de camiones”.
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