Ábalos alega problemas de salud para no tener que ir al Supremo a la vista preliminar del juicio de las mascarillas

La defensa del exministro José Luis Ábalos reclamó este lunes el Tribunal Supremo que se le eximiera de asistir a la vista preliminar del juicio sobre las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas que se celebrará el próximo 12 de febrero y pueda seguir la sesión por videoconferencia desde la cárcel de Soto del real, donde está en prisión preventiva. El abogado de Ábalos apoyó su petición en la “dureza” de los traslados desde los centros penitenciarios, que, asegura, se realizan en furgones blindados “diseñados para la seguridad, no para la comodidad”. Pero el letrado ha registrado este martes un nuevo escrito en el que añade a ese argumento la existencia de problemas de salud, para lo que se basa en varios informes médicos de marzo y abril de 2025 que constatan la existencia de hipertensión arterial, diabetes y una dolencia cardíaca.

La Sala Penal prevé celebrar en los próximos meses el juicio por la supuesta trama corrupta en torno a la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19 por parte del Ministerio de Transportes, que en ese momento estaba dirigido por Ábalos. Pero, antes de fijar la fecha del juicio oral, los magistrados han programado una vista preliminar para examinar cuestiones previas planteadas por las partes, entre ellas, las peticiones de las defensas para que la causa sea anulada y ni siquiera llegue a juicio. A esa sesión tienen que asistir los tres acusados del caso -Ábalos; quien fuera su asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García; y el empresario y comisionista Víctor de Aldama-, pero tanto el exdirigente socialista como su antiguo asistente pretenden eludir estar presentes en el Supremo para esta vista.

Los documentos que alega Ábalos son informes del Hospital Ramón y Cajal de Madrid tras prestarle atención médica por un dolor lumbar y después de ser diagnosticado (en 2025) de diabetes mellitus. Los facultativos constatan la existencia de diversas dolencias, como hipertensión, colesterol alto y una dolencia cardíaca, y, entre otras indicaciones, le aconsejan dejar de fumar (según los informes, Ábalos fumaba 40 cigarrillos diarios). La defensa ha presentado también un informe elaborado por un médico del Congreso el pasado 27 de noviembre, el mismo día en el que el exministro fue enviado a prisión preventiva tras declarar en el Supremo. Según este documento, Ábalos sufre también un síndrome depresivo ansioso.

La Sala Penal será ahora la que tenga que decidir si, a la vista de estos documentos médicos, hay razones para permitir que Ábalos siga la vista preliminar por videoconferencia desde prisión. Además de las razones médicas, la defensa de Ábalos alega que incluso “el Defensor del Pueblo ha recomendado en ocasiones la revisión de los protocolos para evitar desplazamientos innecesarios y mejorar las condiciones”. El abogado argumenta que “España es un aspecto señalado, tanto por internos como por organismos de defensa de derechos humanos, debido a las condiciones físicas y psicológicas que implican” y considera que“el sufrimiento” que implican estos viajes “no puede sino justificarse con la necesidad imperiosa de dicho traslado a sede judicial”, que cree que en este caso no es tal porque se trata de un trámite técnico.

De esta forma, Ábalos sigue la estela de García, que también ha solicitado comparecer por videoconferencia en la audiencia preliminar por “problemas de salud y lesiones”. En su caso, el Supremo ha encargado un informe médico a la cárcel de Soto del Real, donde ambos permanecen desde el pasado 27 de noviembre.

La audiencia preliminar servirá para que las partes, principalmente las defensas de Ábalos y su exasesor, expongan al tribunal las razones por las que creen que no se debería avanzar a juicio. Entre otras cosas, el exministro y García denuncian que las pesquisa en torno al que fuera responsable de Transportes comenzaron antes de que el Congreso de los Diputados lo autorizara; que no han tenido acceso al contenido íntegro de los dispositivos que la Guardia Civil incautó en los registros de febrero de 2024, con los que estalló el caso Koldo; y que las grabaciones realizadas por el excolaborador entre 2019 y 2023 podrían estar manipuladas. La audiencia preliminar servirá también para que el tribunal acuerde la prueba a practicar en el juicio, incluidos los testigos.

La Fiscalía Anticorrupción propone casi 40, entre ellos Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Si el tribunal rechaza las cuestiones de nulidad de las defensas, la causa seguirá a juicio, previsto para el mes de abril. Se enfrentan a hasta 30 años de cárcel, frente a los 7 que las acusaciones piden para el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.