El Supremo prevé celebrar en abril el juicio a Ábalos, Koldo García y Aldama

El juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, por el presunto cobro de mordidas a cambio de contratos públicos para comparar mascarillas en plena pandemia se celebrará hacia abril, pero antes, en febrero, habrá una audiencia preliminar para estudiar las peticiones de nulidad planteadas por las defensas.

Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS indican que los planes del Tribunal Supremo son acoger esa audiencia preliminar el 6 de febrero para que las defensas expongan las razones por las que creen que el juicio ni siquiera debería celebrarse.

Los abogados de Ábalos y su otrora asesor plantean una ristra de cuestiones preliminares que resumen los argumentos defendidos a lo largo de las pesquisas. Así, denuncian que no se les han devuelto los dispositivos electrónicos que se les incautaron durante los registros con los que explotó el caso Koldo, en febrero de 2024, algo que creen que les ha impedido defenderse en igualdad de armas.

Estos dos acusados también entienden que se les ha mermado su derecho a la defensa por no facilitarles tampoco copia del contenido de dichos dispositivos. Se trata de las grabaciones realizadas por el propio García entre 2019 y 2023 y de los chats entre los supuestos integrantes de la trama, un material que constituye uno de los principales indicios en su contra y que siempre han disputado deslizando que podría estar manipulado.

En concreto, el exministro insiste en que el análisis de esos teléfonos, discos duros o USB le habría permitido saber si hubo “una investigación clandestina” en su contra, en alusión a las indagaciones que se llevaron a cabo antes de que el Congreso de los Diputados autorizara al Supremo a investigarle.

La defensa del exasesor denuncia asimismo que, una vez concedido el suplicatorio, la instrucción dirigida por Leopoldo Puente habría excedido los límites fijados por el permiso parlamentario. En este sentido, razona que solo se autorizó a investigar la compra de mascarillas pero han surgido otros hechos, como las gestiones a favor del rescate de Air Europa o las relativas a intentar conseguir que Villafuel obtuviera la licencia de operadora en el sector de los hidrocarburos.

Además, la defensa de García aduce que no debería celebrarse juicio porque versará sobre los mismos hechos que están siendo investigados por la Audiencia Nacional en la rama del caso Koldo que le compete, esto es, la adjudicación a Soluciones de Gestión S.L. ―empresa vinculada a Aldama― de contratos públicos para la compra de material sanitario y “la intervención” del exasesor; su supuesto incremento patrimonial “injustificado”; y su presunta pertenencia a una organización criminal. Esta coincidencia infringiría la prohibición de no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, advierte su letrada.

García también considera que se ha hecho “una selección estratégica de imputaciones”, que hace que “queden fuera actores fundamentales” de los hechos. Menciona, en concreto, a Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos que habría sido contratada en dos empresas públicas ―Ineco y Tragsatec― por la influencia de éste y las gestiones de su exasesor y que habría disfrutado de un piso en la céntrica Plaza de España de Madrid, como pago en especie de la trama. La defensa afirma que se le debería haber investigado como beneficiaria de los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y cohecho.

Decenas de testigos, incluidos jefes de gabinete de Hacienda e Industria

En esa audiencia preliminar también se decidirán las pruebas y testigos que finalmente se acepten en caso de que se llegue a la vista oral. Defensas y acusaciones han solicitado decenas de testigos, entre los que destacan Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; Juan Ignacio Bidart, que ejerció el mismo cargo para la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto; Javier Hidalgo, ex consejero delegado de Air Europa; o la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

El tribunal podrá resolver las cuestiones preliminares en la misma audiencia pero, dada la envergadura del caso y de los puntos planteados, lo más probable es que lo haga por escrito días después. Si las rechaza, se avanzará a juicio. La idea, de acuerdo con las fuentes consultadas, es que comience después de Semana Santa, en abril.

El calendario se ha retrasado debido a la apretada agenda del nuevo abogado de Ábalos, Marino Turiel, que avisó al tribunal de que tenía febrero y marzo ―fechas que barajaba inicialmente el Supremo― casi completos, entre otras cosas, por el juicio al exconsejero madrileño Francisco Granados por las contrataciones de ayuntamientos de la región con la empresa de festejos Waiter Music, que arranca el próximo lunes en la Audiencia Nacional.

Ábalos y García se enfrenta a hasta 30 años de cárcel por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, falsedad en documento oficial, malversación y cohecho. En cambio, las acusaciones solo piden a Aldama siete años de prisión al tener en cuenta su confesión, que permitió destapar otra presunta trama de amaño de obra pública que aún se investiga.

El tribunal encargado de juzgar esta primera pieza del caso Koldo estará formado por siete magistrados ―Andrés Martínez Arrieta como presidente y Manuel Marchena, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo, Javier Hernández y Ana Ferrer― que arrojan un equilibrio entre conservadores y progresistas.