El nuevo abogado de Ábalos condiciona los planes del Supremo para el juicio por las mascarillas

El nuevo y tercer abogado del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Marino Turiel, ha comunicado al Tribunal Supremo que los meses de febrero y marzo, justo los que barajaba el alto tribunal para celebrar el juicio contra el exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas adjudicaciones ilegales de contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia, los tiene prácticamente completos por otros compromisos judiciales, entre ellos el juicio al exconsejero madrileño Francisco Granados por una rama del caso Púnica.

En un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Turiel informa a la Sala de lo Penal del Supremo “de los señalamientos ya fijados por otros órganos jurisdiccionales” para que los magistrados tengan “referencias” ante “las actuaciones que procedan en los trámites del presente procedimiento, fundamentalmente en los meses de febrero y marzo”.

En el calendario que aporta, esos meses aparecen prácticamente completos ―sobre todo marzo―, más otros cuatro días ocupados entre abril, mayo y junio. El abogado adjunta como documental las sesiones programadas para el juicio a Granados, a varios exalcaldes del PP y al exsenador popular David Erguido por las presuntas contrataciones ilegales de sus ayuntamientos con la empresa de festejos Waiter Music. Él defiende un exconcejal ‘popular’ de Ciempozuelos.

La agenda del nuevo letrado de Ábalos choca con los planes del Supremo, ya que, según las fuentes jurídicas consultadas por este periódico, el tribunal confiaba en poder celebrar este primer juicio por el caso Koldo, si no en febrero —que era complicado por la agenda de la propia Sala de lo Penal—, en marzo.

Además, Turiel recuerda que el ajustado calendario no es el único problema que ha surgido con el cambio de defensa, dejando constancia de la “instrucción” que requiere “para afrontar con garantías la vista del juicio”. Las fuentes consultadas admiten que la necesidad de que el nuevo abogado de Ábalos se ponga al día con la causa podría dilatar los plazos, en aras del derecho a la defensa del que fuera número tres del PSOE.

Al menos un mes de juicio

Desde que el Supremo acordó encausarle, el 7 de noviembre de 2024, Ábalos ha pasado ya por las manos de tres abogados distintos. La mayor parte del procedimiento ha estado defendido por José Aníbal Álvarez, al que renunció el pasado octubre por lo que el exministro definió como “diferencias irreconducibles”. Entre otras cosas, el aún diputado no estaba dispuesto a renunciar al acta, como le aconsejaba este letrado para retrasar las pesquisas y que el asunto regresara a la Audiencia Nacional. Tras ello, contrató al exfiscal Carlos Bautista, que renunció la semana pasada por “discrepancias contractuales”. Fuentes jurídicas precisaron que el político había incurrido en el impago de honorarios.

Turiel asume la defensa de Ábalos en vísperas de que el Supremo revise este jueves la decisión del instructor del caso, Leopoldo Puente, de enviarle a prisión a junto a su exasesor. El magistrado les mandó a la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 28 de noviembre, pero ambos recurrieron en apelación. El juez avisó de que Bautista deberá estar presente en la vista fijada para responder a la impugnación formulada por el exdirigente socialista. No obstante, el nuevo letrado también ha solicitado estar presente, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Una vez resuelto este trámite, la causa enfilará a juicio, el primero que se celebrará por el caso Koldo, donde se investiga el presunto cobro de mordidas —tanto en metálico como en especie— por parte de Ábalos y su exasesor a cambio de favorecer a empresas vinculadas a Aldama.

La pieza que se juzgará primero versa sobre los contratos adjudicados por el Ministerio de Transportes y empresas públicas de su órbita a Soluciones de Gestión S.L. ―mercantil relacionada con Aldama― para comprar mascarillas durante la crisis sanitaria del covid.

Fuentes jurídicas calculan que el juicio no durará menos de un mes, debido a la larga lista de testigos propuestos por las partes, que incluyen, por ejemplo, a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El tribunal estará conformado por siete magistrados, como es habitual en el Supremo. El presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, será el encargado de redactar la futura sentencia porque ya fue el ponente en la fase de admisión. Junto a él estarán los otros cuatro magistrados que acordaron encausar a Ábalos —Manuel Marchena, Andrés Palomo, Eduardo de Porres y Ana Ferrer— y otros dos aún por designar.

Ábalos y el que fuera su mano derecha se enfrentan a hasta 30 años de cárcel, por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, mientras que para Aldama la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, que lidera el PP, proponen solo una condena a 7 años de cárcel, al tener en cuenta su confesión.