El juicio al fiscal general entra en la fase decisiva con el choque entre la defensa y la UCO
La vista termina esta semana con la incógnita de si García Ortiz responderá a las acusaciones
El juicio del que está pendiente toda la política española entra en su fase decisiva. Entre este martes y el próximo jueves, se cerrará la vista por revelación de secretos contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, un proceso que en sus tres primeras sesiones públicas no ha aportado una prueba incriminatoria, más allá de los indicios que ya se tuvieron en cuenta para sentarlo en el banquillo. En esta recta final se abordará uno de los pilares de la acusación contra García Ortiz: el borrado de sus dispositivos electrónicos. En ese punto se prevé un choque entre la Fiscalía y la UCO por las deducciones que esa unidad de la Guardia Civil incluyó en sus informes.
También desfilarán ante los siete magistrados del tribunal de la Sala Segunda del Supremo seis periodistas más. Algunos de ellos, al igual que tres de los que testificaron la pasada semana, habían declarado durante la instrucción que tuvieron conocimiento de que la pareja de Isabel Díaz Ayuso se había declarado ante la Fiscalía de Delitos Económicos dispuesta a admitir su fraude a Hacienda antes de que esa información llegase a García Ortiz. Estas son las claves de las tres jornadas finales del juicio.
El borrado. Que García Ortiz eliminase el historial de comunicaciones de sus teléfonos y ordenadores fue uno de los elementos centrales en que se basó el juez instructor, Ángel Hurtado, para su procesamiento. Y también el invocado por dos de los tres jueces de la Sala de Apelaciones del Supremo para ratificarlo. Lo consideraron un indicio por la negativa de García Ortiz a “colaborar con la investigación”. El fiscal aduce que borra periódicamente por seguridad los registros de sus dispositivos electrónicos, dado el carácter confidencial y altamente sensible de la información que maneja. Un tercer magistrado de la Sala de Apelaciones, Ángel Palomo, que emitió un contundente voto particular contra el procesamiento, sostuvo que emplear el borrado como elemento incriminatorio equivale a “exigir al acusado que acredite su inocencia”.
El asunto apenas se abordó en las sesiones de la pasada semana. Solo se registró un testimonio, el de Esmeralda Rasillo, jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, encargada de los soportes tecnológicos. Rasillo detalló que García Ortiz ha cambiado seis veces de móvil desde que llegó a la Fiscalía del Estado en 2020.
Este martes ya se entrará en materia con la comparecencia de otro miembro de la Fiscalía del Estado, Agustín Hidalgo de Morillo, responsable de Protección de Datos. Pero el momento álgido llegará el miércoles, con las declaraciones de varios agentes de la UCO. Esa unidad de la Guardia Civil registró el despacho del fiscal y examinó sus dispositivos electrónicos. En uno de sus informes al juez instructor, subrayó que García Ortiz borró en dos ocasiones sus mensajes de WhatsApp el mismo día que el Supremo le encausó, el 16 de octubre de 2024. El fiscal no niega borrados ese día, pero asegura que las comunicaciones con sus colaboradores durante la noche del 13 de marzo de ese año, cuando se sucedieron los hechos ahora juzgados, estaban eliminadas anteriormente.
La defensa ha aportado un informe pericial sobre los borrados que ya intentó introducir en la fase final de la instrucción y fue rechazado por Hurtado. Con él pretende mostrar, según fuentes próximas a la defensa, que no hay modo de concluir qué clase de contenido se eliminó en cada momento.
Discrepancias con la UCO. La defensa de García Ortiz rebate el contenido de algunos informes de la UCO. Como aquel que concluyó que el fiscal general tuvo “una participación preeminente en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada”. Una deducción de la Guardia Civil, pese a no haber hallado ninguna evidencia de la autoría. A partir del examen de las comunicaciones de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la UCO incide en una coincidencia cronológica. El famoso escrito del abogado de la pareja de Ayuso reconociendo el fraude ante la Fiscalía, enviado por Rodríguez a García Ortiz la noche de autos, no consta como recibido en el correo electrónico de este último hasta las 23.46 horas (aunque se mandó casi dos horas antes). Cinco minutos después, a las 23.51, la página web de la Cadena SER difundió la noticia incluyendo citas entrecomilladas del escrito del abogado. La defensa opondrá que, minutos antes, a las 23.25, la SER ya había anticipado la información en antena, al final del programa Hora 25. Y rebatirá que tal coincidencia pueda ser esgrimida como un elemento de prueba.
Más periodistas. Esa primera información de la SER es donde se sitúa en núcleo de la filtración, lo que concede gran relevancia al testimonio que prestará este martes el autor de la noticia, Miguel Ángel Campos, corresponsal judicial de la cadena. En la fase de instrucción, Campos declaró que el mismo día 13 por la tarde acudió a un despacho en Madrid donde una fuente le mostró el correo del abogado del supuesto defraudador, Alberto González Amador. Dice que no se lo entregó, pero le permitió tomar notas.
Los letrados de las acusaciones, sobre todo el más activo y punzante de ellos, Gabriel Rodríguez-Ramos, representante de González Amador, se afanarán por socavar la credibilidad del testigo. Muy probablemente insistirán en el tiempo transcurrido desde que el periodista obtuvo la información hasta que la difundió. Así actuaron ya la semana pasada con otro informador de Eldiario.es, que declaró que disponía del correo desde días antes, pero que no lo pudo publicar hasta que no se lo autorizó su fuente.
En una línea parecida, se espera la declaración de José Manuel Romero, subdirector de EL PAÍS cuando sucedieron los hechos, y tres redactores más de este periódico. Los periodistas aportaron a la causa mensajes de WhatsApp que muestran que, antes de que el fiscal general se interesase por el caso, ya estaban preguntando a sus fuentes sobre los intentos de González Amador de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, previa confesión de los delitos. Ni todos estos testimonios ni el de otro periodista de La Sexta que declaró en el juicio la pasada semana fueron tenidos en cuenta por el instructor.
La declaración del fiscal. Los testimonios se cerrarán con el del propio acusado, que se negó en su día a responder a las preguntas de Hurtado, un gesto que sentó muy mal entre algunos sectores del Supremo. Ahora debe decidir si lo hará ante las acusaciones. En el caso de las populares —del Colegio de Abogados de Madrid a grupos ultras como Vox, Manos Limpias o Hazte Oír— parece descartado. La incógnita es si lo hará ante la acusación particular de González Amador.
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