Guía para no perderse en el juicio del Supremo al fiscal general

El Tribunal Supremo acoge desde este lunes el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Es la primera vez en democracia que el máximo representante del ministerio público se sienta en el banquillo de los acusados. Está previsto que la vista oral, que llega tras una muy cuestionada instrucción impulsada por el magistrado Ángel Hurtado, se prolongue hasta el próximo 13 de noviembre. Esta es una guía de claves para no perderse durante el proceso:

¿Cuál es el origen de la causa? A Álvaro García Ortiz se le acusa de un delito de revelación de secretos por, supuestamente, haber filtrado un correo electrónico enviado a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador —novio de Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid— para tratar de llegar a un pacto en la causa que la pareja de la política arrastra por un supuesto fraude de más 350.000 euros a Hacienda a través de una trama de facturas falsas. La difusión de ese email se produjo en marzo de 2024, después de que El Mundo publicase una información tergiversada que afirmaba que el ministerio público había propuesto un acuerdo a González Amador (cuando había sido realmente al revés); y después de que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, extendiese el bulo de que esa oferta se había retirado por órdenes políticas. En ese momento, la dirigente popular se encontraba acorralada por el escándalo.

¿Qué indicios se ponen sobre la mesa? Durante la instrucción no se han encontrado pruebas de que el fiscal general facilitara ese email a los medios de comunicación o diera las órdenes para hacerlo. Los intentos del instructor Ángel Hurtado de acreditar el origen de la filtración quedaron en nada, pese a que decretó un registro masivo en los despachos de García Ortiz y de la fiscal jefe provincial de Madrid, además de incautar sus teléfonos y dispositivos electrónicos.

Esta es una de las grandes claves del juicio, que explica por qué abundan las críticas contra la decisión del juez instructor de enviar al banquillo al fiscal general (avalada después por una dividida Sala de Apelaciones). Hurtado consideró que existen suficientes indicios para juzgarlo; pero, según consta en sus propias resoluciones, su tesis se sostiene sobre dos elementos principales: que García Ortiz recibió el correo antes de que se publicara por la prensa; y que borró el contenido de sus dispositivos electrónicos.

¿Cómo contraataca la defensa? La defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, y la Fiscalía combaten precisamente esos dos indicios. Por un lado, exponen que más de una veintena de personas tuvo acceso a ese email antes que García Ortiz; y que media docena de periodistas recalcaron que conocieron su contenido (de forma total o parcial) antes de que el máximo representante del ministerio público lo recibiera en su correo. Además, el fiscal general desvinculó el borrado de su móvil de la causa abierta contra él: “Los dispositivos y el propio despacho del fiscal general albergan una cantidad de datos absolutamente inimaginables [...] Borro todo, no solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera, sino porque es una imposición legal”.

¿Cuántos días dura el juicio? El Supremo ha previsto que la vista oral se desarrolle a lo largo de seis sesiones repartidas en dos semanas. El tribunal ha reservado las mañanas y tardes de los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre.

¿Quiénes forman el tribunal? Siete magistrados del Supremo juzgarán al fiscal general: Andrés Martínez Arrieta, actual presidente de la Sala de lo Penal; su predecesor en el cargo, Manuel Marchena; Antonio del Moral; Carmen Lamela; Juan Ramón Berdugo; Susana Polo; y Ana Ferrer. A la mayoría (Marchena, Del Moral, Lamela y Berdugo) se les sitúa en el sector conservador; a dos (Polo y Ferrer), en el progresista; y a Andrés Martínez Arrieta, miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), unos lo definen como un conservador moderado y otros como un moderado progresista.

¿Quiénes acusan? La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa a la defensa de García Ortiz, piden la absolución. Enfrente tendrán a siete acusaciones. Por un lado, la particular, ejercida por el novio de Díaz Ayuso, que ha reclamado cuatro años de cárcel y cuatro años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, además de tres años de suspensión de empleo y una multa de 108.00 euros. Y, por otro lado, las seis acusaciones populares: el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que también pide cuatro años de cárcel y que justificó originariamente su iniciativa por la difusión de una nota de prensa que consideraba delictiva (aunque el propio Supremo lo descartó después); la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), abiertamente enfrentada a García Ortiz, que solicita seis años de prisión; y los grupos ultras Hazte Oír, Vox, Manos Limpias y Fundación Foro Libertad y Alternativa, que plantean igualmente cuatro años de reclusión.

¿Quiénes testifican? El tribunal ha diseñado un calendario muy intenso, con jornadas repletas de declaraciones. En total, los magistrados han programado las comparecencias de 29 testigos y 11 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Pero, ¿quiénes son todos ellos? ¿Cuándo está citado cada uno?

3-N: la Fiscalía, el epicentro

El tribunal ha previsto que se comience el mismo lunes 3 de noviembre con las declaraciones de seis testigos, todos ellos vinculados a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Madrid. El primer citado es Julián Salto, el fiscal que llevaba el caso del novio de Ayuso, que declaró en instrucción que el correo filtrado no contenía "ninguna información privada, ningún secreto". Le seguirá Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, que fue procesada por Hurtado por participar supuestamente en la difusión del 'email', pero la Sala archivó el caso contra ella. Después llega el turno de Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, que admitió que ella llamó al fiscal general para decirle que iban a salir a desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. A continuación se han fijado las comparecencias de Diego Villafañe, fiscal jefe de la Fiscalía Técnica, a quién el instructor también llegó a imputar; Mar Hedo e Íñigo Corral, respectivos jefes de los gabinetes de prensa de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.

4-N: el origen del bulo

La jornada del martes 4 de noviembre comenzará, según la programación, con los interrogatorios a otros dos fiscales: Esmeralda Rasillo, de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía General del Estado; y Diego Lucas Álvarez, que también llevó parte de las pesquisas sobre González Amador. A partir de entonces, el calendario aterriza en las maniobras gestadas en la Presidencia de la Comunidad de Madrid para difundir mentiras sobre el ministerio público, con la declaración de Miguel Ángel Rodríguez; al que seguirá el novio de Ayuso y su abogado, Carlos Neira. También se ha previsto para este día la citación de Francesc Vallés, quien fuera secretario de Estado de Comunicación hasta que La Moncloa lo sustituyó en diciembre de 2024.

5-N: salto al PSOE

El tribunal ha establecido que la sesión del miércoles 5 de noviembre arranque con la comparecencia de Juan Lobato, ex secretario general del PSOE de Madrid, que acudió a un notario para registrar unos mensajes de WhatsApp que se cruzó en la mañana del 14 de marzo (cuando los medios ya habían difundido el contenido del 'email' filtrado) con Pilar Sánchez Acera, actual secretaria de Organización de los socialistas madrileños y que entonces trabajaba en La Moncloa. Sánchez Acera, que también está citada esta jornada al juicio, le envió ese día a Lobato una copia del correo electrónico bajo sospecha y, ante la pregunta de cómo la habían conseguido, ella dijo: "Porque llega, la tienen los medios". Tras ellos están citados seis periodistas que publicaron informaciones sobre el caso: Isaac Blasco, de 'Vozpopuli'; Olivia Moya, de 'Libertad Digital'; Esteban Urreiztieta, de 'El Mundo'; Alfonso Pérez Medina, de La Sexta; y José Precedo y Marcos Pinheiro, de 'Eldiario.es'. Urreiztieta, que firmó la primera información tergiversada sobre el supuesto pacto de González Amador con la Fiscalía, admitió en instrucción que sus fuentes le estaban facilitando datos sobre las conversaciones entre la defensa del novio de Ayuso y el ministerio público. Pérez Medina y Precedo también relataron que tuvieron acceso al contenido del 'email' antes de que le llegara al fiscal general.

11-N: los periodistas

El calendario elaborado prevé que la jornada del 11 de noviembre comience con la declaración de Eugenio Ribón, decano del ICAM. Al empezar el caso, en una entrevista con EL PAÍS, Ribón justificó que el ICAM hubiese denunciado a la Fiscalía por la difusión de una nota de prensa por parte del ministerio público para desmontar el bulo del PP de Ayuso; y, según añadió, la acción del Colegio se circunscribía únicamente a ese comunicado. Sin embargo, cuando el Supremo desechó que la emisión de esa nota fuese delito (pues la prensa ya había publicado los datos que contenía), el ICAM mantuvo su acusación y aseguró que la nota formaba parte de un supuesto plan para filtrar la información. Según el calendario, tras Ribón, se ha citado a María Antonia Sanz, fiscal jefa de la Inspección de la Fiscalía General del Estado; y Agustín Hidalgo, fiscal delegado de Protección de Datos. Después se ha fijado el turno de otros seis periodistas: Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER; Cynthia Coiduras, de 'El Plural'; José Manuel Romero, que era subdirector de EL PAÍS; y Fernando Peinado, Berta Ferrero y Juan José Mateo, también de EL PAÍS. El redactor de la Cadena SER ya contó que se había hecho con el 'email' filtrado antes de que le llegara al fiscal general. Y los periodistas de EL PAÍS también subrayaron que manejaban detalles de esa información antes que García Ortiz.

12-N: la UCO

El tribunal ha reservado el miércoles 12 de noviembre para los guardias civiles de la UCO. Los magistrados prevén escuchar primero como testigos a tres agentes que participaron en la entrada y registro del despacho del fiscal general; a otros cinco que hicieron lo propio en la Fiscalía Provincial de Madrid; y al funcionario que se encargó del volcado de los dispositivos electrónicos de García Ortiz. Después, ya como peritos, se ha citado a tres agentes (uno de los cuales también está llamado como testigo) que elaboraron informes con el material intervenido, incluido el que atribuía al máximo representante del ministerio público "un papel preeminente en la filtración".

¿Cuándo declara el fiscal general? Los magistrados calculan que García Ortiz declarará en la sesión del 12 de noviembre, cuando se acabe con los interrogatorios de los testigos y de los agentes de la Guardia Civil. De esta forma, el Supremo consolida una práctica que impulsó con el juicio del procés para reforzar el ejercicio del derecho de defensa: que los acusados puedan responder a las preguntas en la fase final de la vista. El tribunal prevé que el juicio termine al día siguiente (13 de noviembre), con la exposición de las conclusiones de todas las partes.

¿Podrá verse en directo? El Supremo ha decidido que, a diferencia de lo que ocurrió con el juicio del procés, la vista contra el fiscal general no se emita en directo. Además, los magistrados también han restringido el uso que la prensa podrá hacer de las imágenes que capte de las sesiones a través de la señal interna del tribunal.