Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo | El fiscal del caso del novio de Ayuso considera normal y “legal” que sus superiores le pidieran información sobre los correos

La fiscal provincial asegura que no le sorprendió la petición de García Ortiz para que le remitiera la documentación

María Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, está explicando (en el juicio por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado) que la petición que le hizo Álvaro García Ortiz para que le enviara los correos electrónicos del caso de la pareja de Ayuso, en la noche del 13 de marzo de 2024, a su dirección de correo electrónico personal no le sorprendió porque entra dentro de los supuestos de una dación de cuenta. Rodríguez ha contado que, en las instrucciones de la Fiscalía Provincial de Madrid, se considera que, "por razones prácticas o de urgencia", se pueden realizar estas daciones de cuenta "de palabra", "por teléfono" o "incluso por mensajería instantánea". "Y, por supuesto, por correo electrónico, que es como habitualmente se realizan", ha añadido. "A mí no me sorprende nada porque no va a salir nada de la institución. Lo está pidiendo el excelentísimo señor fiscal general del Estado", ha añadido. El abogado de Alberto González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, le ha insistido en que la vía básica de actuación es que se evite las direcciones de correo privado, a lo que la fiscal jefe provincial ha precisado que "se evita, pero no se prohíbe": "Y sobre todo si me lo pide el máximo representante del Ministerio Fiscal". "No hay ninguna clandestinidad" en esos envíos, ha subrayado la testigo, que ha estado investigada por la filtración de esos correos hasta el final de la instrucción del caso, cuando la Sala de lo Penal corrigió al juez instructor y archivó la causa contra ella. 

La fiscal provincial se centra en los "bulos" del entorno de Ayuso

Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, insiste en su declaración que la Fiscalía General del Estado comenzó a recabar información sobre el supuesto pacto con el novio de Ayuso tras la difusión de un "bulo" y de informaciones falsas que trataban de desacreditar al ministerio público. En la noche del 13 de marzo de 2024, El Mundo publicó una información tergiversada que señalaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador (cuando era justo al revés), basándose en un email del fiscal Salto; y Miguel Ángel Rodríguez propagó la mentira de que esa oferta se había retirado por órdenes políticas. "Se estaba tergiversando un correo de una manera totalmente falsa", ha afirmado en referencia a esa supuesta noticia. La realidad era que había sido el abogado de González Amador quien había propuesto el pacto originariamente en otro correo, que acabó filtrado.

Ante el enorme revuelo que había causado la difusión de esa información tergiversada, Rodríguez explica que la cúpula de la Fiscalía trataba de averiguar qué había ocurrido y comenzó a recabar información, pidiéndosela al fiscal Salto: "Como había tanta confusión en los medios, se solicitaron los correos electrónicos".

El tribunal retoma el juicio con la declaración de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez

El tribunal ha retomado el juicio pasadas las 15.30 tras un receso de una hora y media. La sesión continúa con la declaración de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Cuando declaró ante el Supremo como investigada en enero, Rodríguez mencionó que más de 500 personas tenían acceso al expediente del novio de Ayuso, Alberto González Amador, antes de que se filtrara a los medios, lo que sugiere que la divulgación de la información no fue resultado de su acción directa.

También dijo que 60 personas tenían acceso al correo del letrado de González Amador por cuya filtración está siendo juzgado el fiscal general del Estado. 

Rodríguez fue procesada por el juez Hurtado por participar supuestamente en la difusión del email, pero la Sala archivó el caso contra ella.

El fiscal Salto considera normal que sus superiores le pidieran información sobre el supuesto pacto con González Amador

El relato del fiscal Julián Salto, que llevaba el caso del novio de Ayuso, impacta directo en la línea argumental de las acusaciones. Según ellas, tras la publicación de la primera información tergiversada en la noche del 13 de marzo de 2024, en la Fiscalía General del Estado se produjeron una batería de maniobras irregulares y excesivas para obtener como fuera el correo donde la defensa de González Amador admitía los delitos fiscales y ofrecía un pacto a la Fiscalía (que era justo lo contrario de lo que había publicado El Mundo, que había difundido la tesis errónea de que el ministerio público era el que planteaba el acuerdo). Salto ha recalcado que la fiscal provincial se dirigió a él con el interés de saber a qué se había "comprometido" el ministerio público y, además, ha insistido en que considera totalmente normal y "legal" que sus superiores le pidieran información sobre ello, ya que se había convertido en un caso mediático de interés nacional.

"¿Tuvo usted claro que lo que le estaba pidiendo la fiscal jefa provincial era una dación de cuenta del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal?", le han preguntado a Julián Salto. "Sí, sin ninguna duda", ha respondido él. El reglamento del ministerio público contempla claramente que los fiscales deben informar a sus superiores "de los asuntos de especial trascendencia". "Esto viene relacionado con un asunto que ha trascendido y que se ha convertido en un asunto totalmente mediático a nivel nacional", ha sentenciado Salto.

Salto detalla que el ‘email’ filtrado se envió a un correo genérico de la Fiscalía

El fiscal Julián Salto ha introducido varias ideas durante su declaración, que impactan de forma directa en la causa. Por ejemplo, a preguntas de la defensa, Salto ha admitido que el correo filtrado fue recibido en un correo genérico de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid, adonde lo envió el abogado de González Amador (que se lo facilitó, además, a más personas). Para la Abogacía del Estado y la Fiscalía, este detalle es fundamental pues más de una docena de personas tenían acceso a esa cuenta genérica y, por tanto, los potenciales filtradores se multiplican.

A su vez, Salto ha subrayado que la fiscal provincial de Madrid, cuando contactó por primera vez con él para pedir los emails intercambiados con Neira, insistía en saber a qué se había “comprometido” la Fiscalía, pues El Mundo había difundido la información tergiversada de que el ministerio público había ofrecido un pacto al novio de Ayuso. En esa línea, Salto ha denunciado una “campaña de desinformación” que dura meses; y que siempre entendió que la petición de información por parte de sus superiores era legal (una "dación de cuentas" habitual al tratarse de un tema mediático de claro interés nacional).

Suspendido el juicio hasta las 15.30

Tras la declaración de Julián Salto, el fiscal encargado del caso del fraude de Alberto González Amador, el presidente del tribunal ha decidido suspender la sesión hasta las 15.30, cuando se retomará el juicio con la declaración de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

El fiscal Salto asegura que en sus 20 años nunca ha interpelado a un letrado para que se conforme

El fiscal Salto acaba de asegurar en el Tribunal Supremo que en ningún asunto en sus 20 años de ejercicio profesional ha llamado o enviado un mail para ofrecer un trato, algo que contaba la información publicada por El Mundo. "En ningún asunto en mis 20 años de profesionales llamado he mandado un mail a un letrado o interpelado para que se conforme nunca. No es nuestro trabajo". Poco antes ha explicado que el ofrecimiento del acuerdo que hizo la defensa de Alberto González Amador mediante un correo electrónico no se podía llevar a cabo por cuatro motivos. Que no era el momento procesal oportuno, que no había reconocido los hechos hasta el momento (en sede judicial, aunque en el correo electrónico sí que lo hacía) por lo que no se podía aplicar el artículo 305.6, que no se había acreditado el ingreso en la Agencia Tributaria de la cantidad presuntamente defraudada (los 350.951 euros) y el cuarto, del que ha dicho que era un "inconveniente menor" era que había otras personas denunciadas como presuntos colaboradores en la red de facturas falsas para cometer el presunto fraude fiscal. "En ningún momento se dice que no va a poder haber acuerdo", ha subrayado.

Las acusaciones apuntan al borrado del móvil de García Ortiz

Las acusaciones han centrado parte de sus preguntas a Julián Salto en si existe un protocolo que inste a los fiscales a borrar el contenido de sus móviles y si él elimina ese material. Las acusaciones tratan así de cercar al fiscal general con uno de los puntos clave del juicio: mantienen que García Ortiz borró su móvil para eliminar pruebas de la filtración. Salto ha respondido que él no borra su terminal “privado” y que él desconoce “si hay un protocolo específico” que señala que el fiscal general, máxima autoridad del ministerio público, tenga que borrar su teléfono.

Durante la instrucción, el fiscal general ya desvinculó el borrado de su móvil de la causa abierta contra él y dijo que lo hacía de forma periódica por "imposición legal": "Los dispositivos y el propio despacho del fiscal general albergan una cantidad de datos absolutamente inimaginables [...] Borro todo, no solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera, sino porque es una imposición legal", apuntó García Ortiz durante la instrucción de la causa.

El fiscal Salto explica que el novio de Ayuso iba a “reconocer” su fraude a Hacienda

El fiscal Julián Salto ha narrado ya al tribunal dos primeros detalles importantes. El primero, que el novio de Ayuso iba a reconocer que había defraudado a Hacienda a través de unas facturas falsas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía: “La idea del señor Neira [abogado de González Amador] era que su cliente iba a reconocer los hechos y pagar la cantidad defraudada”. Y segundo, que ese pacto no era un ofrecimiento de la Fiscalía (como publicó El Mundo en la primera información tergiversada que se publicó sobre estas negociaciones), sino justo lo contrario: un ofrecimiento de González Amador a través de su abogado Carlos Neira.

Julián Salto también ha explicitado su indignación por el hecho de que el entorno de la presidenta de Madrid, con el objetivo de difundir un bulo contra la Fiscalía, filtrase a los medios un email que él había enviado al letrado de González Amador: “Yo pensaba que, por el artículo cinco del Código Deontológico de la Abogacía, los correos entre fiscal y abogado eran únicamente privados”.

Las cuestiones previas se resolverán en la sentencia

Antes de comenzar la declaración del primer testigo (Julián Salto), el presidente Andrés Martínez Arrieta ha comunicado la decisión del tribunal sobre las alegaciones planteadas por las partes esta mañana. Según ha afirmado el magistrado, se ha admitido toda la documentación nueva aportada este lunes (que analizarán para la sentencia). Y el tribunal también ha añadido que resolverá en esa sentencia todas las cuestiones previas reclamadas, como la nulidad de parte de la investigación.

Comienza la declaración del primer testigo, el fiscal Julián Salto

La primera de las seis declaraciones previstas para el juicio al fiscal general del Estado es la de Julián Salto, el fiscal que llevaba el caso de Alberto González Amador por fraude a la Hacienda Pública de 350.951 euros. Durante la instrucción, declaró que el correo filtrado no contenía "ninguna información privada, ningún secreto".

La asociación de fiscales APIF rechaza la "impugnación completa" de instrucción y defiende su pulcritud

La última acusación particular que ha intervenido en el juicio al fiscal general del Estado antes del receso en el que ahora mismo se encuentra ha sido la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).  Su letrado, Juan Antonio Frago, ha querido hacer una "impugnación completa" a la enmienda a la totalidad de la instrucción que se ha presentado por parte de la defensa. "La defensa sigue cabalgando con contradicciones internas", ha manifestado, haciendo alusión a que no han impugnado las periciales, pero sí el cauce para llegar a ellas, algo que ha considerado "jurídicamente incongruente". "Entendemos que no puede ser más pulcra la instrucción, ha añadido. Frago ha incidido en que no se registró el domicilio particular del fiscal y con respecto a la nulidad del secreto de las actuaciones ha subrayado que ya fue confirmado por la sala de apelación. Tampoco ha dado por buena la nulidad de la entrada y registro del despacho del fiscal, ya que el artículo 15 de la ley de seguridad ciudadana permite la entrada de las fuerzas policiales a domicilios públicos sin autorización judicial. En cuanto al procedimiento justo, ha manifestado que tendrán la oportunidad de practicar pruebas. 

Receso para la deliberación sobre las cuestiones previas

El presidente de la sala, Andrés Martínez, ha decretado un receso de la sesión hasta las 13.00, “en principio”, para deliberar sobre las cuestiones previas manifestadas por las partes personadas en el juicio.

Manos Limpias dice que la defensa no plantea "alternativas verosímiles" a la culpabilidad

Los grupos ultras personados como acusación popular —Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír, Vox, Manos Limpias— se suman a los contraargumentos del abogado del novio de Ayuso y del ICAM. Al igual que sus antecesores, piden que no se acepten las cuestiones previas planteadas por la defensa y la Fiscalía. En esta contraofensiva, el representante del pseudosindicato Manos Limpias ha ido más allá y ha arremetido contra el ministerio público al deslizar que, si hubiera sido por esta institución, este juicio contra García Ortiz no se habría producido. Incluso, Manos Limpias ha añadido que la defensa no ha puesto sobre la mesa "alternativas verosímiles a la culpabilidad". En un juicio, el acusado no tiene que demostrar su inocencia, sino las acusaciones probar su culpabilidad.

La acusación de grupos ultras piden desestimar las cuestiones previas de la defensa

El abogado que representa a varios grupos ultras, entre ellos Vox, en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido la desestimación de las cuestiones previas solicitadas por la defensa del fiscal. Se ha centrado en las críticas de la defensa a que el instructor hizo la mayor parte de las diligencias en busca de “pruebas incriminatorias”, como por ejemplo, la orden de investigar el contenido del móvil de García Ortiz, que no se pudo realizar porque el fiscal lo había borrado, aduciendo borrados frecuentes por motivos de seguridad. “Si en el móvil no había nada incriminatorio, la orden de conocer su contenido habría sido una prueba de descargo, no incriminatoria. Por eso, si alegan que solo se buscaban pruebas de culpabilidad es porque sabían que las había en el móvil”, ha argumentado.

El ICAM contra la Fiscalía y la Abogacía del Estado

Turno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que está personado como acusación popular contra García Ortiz y que sigue la línea marcada por el letrado del novio de Isabel Díaz Ayuso. El ICAM, además de solicitar que no se acepten las cuestiones previas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, les acusa de “invocar en vano el derecho de defensa” al pedir la nulidad de actuaciones por supuestas irregularidades durante la instrucción del magistrado Ángel Hurtado. “No hemos visto ninguna vulneración [de derechos]”, apostilla el representante del ICAM.

Defectos formales y violación de derechos fundamentales, las alegaciones de García Ortiz contra la instrucción del caso

La defensa de Álvaro García Ortiz ha reclamado la anulación del procedimiento que hoy le sienta en el banquillo del Tribunal Supremo por revelación de secretos por defectos formales y, especialmente, por violación de derechos fundamentales en la obtención y uso de pruebas y en la instrucción del procedimiento. Entre ellas ha reclamado las siguientes nulidades:

La nulidad del auto de entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado el 30 de octubre de 2024, así como de todo el material incautado y las diligencias posteriores basadas en dicho material, por haberse realizado sin cumplir los requisitos legales y vulnerando derechos fundamentales. Entre ellos ha citado especialmente los artículos 18 de la Constitución que recoge el derecho al honor, a la inviolabilidad del domicilio o al secreto de las comunicaciones y el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza el derecho al respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de la correspondencia.

La nulidad de las copias de los dispositivos y cuentas del fiscal general.

Nulidad de las comisiones rogatorias acordadas y libradas a Irlanda y a Estados Unidos para recabar información de las empresas titulares de las aplicaciones Google y WhatsApp, por incumplimiento de normas esenciales del procedimiento. Esta comisión buscaba obtener información de las cuentas en estas aplicaciones del fiscal general.

Nulidad general de las actuaciones por vulneraciones al derecho de defensa, a la igualdad de armas para que todas las partes tengas oportunidades justas y equitativas para presentar argumentos y pruebas; a un proceso justo y a la tutela judicial efectiva debido a la forma en que se llevó la instrucción. En ella se incluyen la denegación sistemática de diligencias solicitadas por la defensa y el carácter prospectivo de la investigación contra el fiscal general.

La defensa también ha considerado nula la declaración de secreto de las actuaciones por falta de motivación y vulneración de los principios de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad.

El abogado del novio de Ayuso contraataca

El abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha pasado al contraataque. Al finalizar la exposición de las cuestiones previas planteadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el letrado de González Amador ha comenzado a exponer sus argumentos para que el tribunal no acepte las pretensiones de la defensa y del ministerio público. El abogado ha insistido en que todos los autos del magistrado Hurtado que se pretenden anular, lo que implicaría expulsar de la causa los informes de la UCO, fueron validados por la Sala de Apelación del Supremo. El letrado asegura que no se produjeron irregularidades: "Todas estas cuestiones [sobre nulidades] deben denegarse de plano".

La Fiscalía, contra otro registro ordenado por Hurtado

En uno de sus informes, la UCO concluyó sin pruebas que García Ortiz tuvo una "participación preeminente" en la filtración del email. Para llegar a esa tesis, la Guardia Civil se apoyó en el análisis del contenido del teléfono de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez —un móvil que se incautó cuando el magistrado Ángel Hurtado ordenó el registro del despacho de Pilar Rodríguez y la intervención de sus dispositivos—. La Fiscalía, que pide en este juicio la absolución del acusado, considera que ese registro y esa incautación fueron "irregulares"; y nunca debieron producirse porque no había indicios contra la fiscal provincial. "El despacho de la fiscal provincial nunca debió ser allanado", ha dicho la teniente fiscal de Supremo, Ángeles Sánchez-Conde.

La Fiscalía recalca que esa vulneración de derechos implica, por tanto, que quedaría invalidado el informe de la UCO que concluyó el supuesto papel "preminente" de García Ortiz en la filtración del correo. La expulsión de la causa de ese informe supondría que el tribunal no podría tener en cuenta esa conclusión de la Guardia Civil.

La “insuficiencia” de indicios para el juicio

Durante las cuestiones previas, la Abogacía del Estado ha incidido en otra de las claves del proceso: la “insuficiencia” de indicios, siquiera, para haber llegado a sentar en el banquillo al fiscal general. Esto punto es fundamental para entender por qué la instrucción del magistrado Ángel Hurtado ha sido tan cuestionada. Hurtado sostuvo el procesamiento de García Ortiz en básicamente dos indicios: que el fiscal recibió el correo antes de que se publicara por la prensa; y que borró el contenido de sus dispositivos electrónicos —a los que se añade unos mensajes de la fiscal provincial de Madrid que, según incide la defensa, no tienen nada que ver con la filtración—. 

Para la defensa, con esos “insuficientes” indicios no solo no se puede condenar al fiscal general, sino que no se le debía ni haber procesado. La Abogacía recalca que ese paso dado por Hurtado (y por los dos magistrados de la Sala de Apelación que le respaldaron) implicó una “vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva”. 

La defensa de García Ortiz alega que el fiscal general ha sido sometido a un proceso “injusto” en su conjunto

Consuelo Castro, abogada del Estado que ejerce la defensa de García Ortiz está alegando que el fiscal general del Estado ha sido sometido a “un proceso injusto en su conjunto”. “Sus derechos no se han visto garantizados y no ha podido defenderse en las condiciones exigibles”, ha manifestado. En primer lugar, ha dicho, “se vulneró el derecho a la presunción de inocencia al orientar la investigación solo hacia el fiscal general del Estado y descartar sistemáticamente la investigación de otras alternativas”.  “La instrucción se centró sistemáticamente en la búsqueda por parte del instructor de pruebas incriminatorias contra el fiscal general del Estado”, ha alegado. “Son indicativas de esta orientación prejuiciosa y sesgada de la instrucción”, según ha manifestado, la forma en la que se inició la instrucción, “la resistencia del instructor a investigar otras posibles fuentes de la filtración del correo de 2 de febrero” (en el que el abogado de Alberto González Amador le declaraba culpable de dos delitos fiscales y cuya filtración se enjuicia en el Supremo), o que desde el mismo inicio de la instrucción “se presentó como un concierto delictivo entre dos personas, el fiscal general y la fiscal jefa provincial”, que estuvo implicada hasta el último momento y este lunes declarará en el juicio como testigo. 

La clave de los informes de la UCO

La Abogacía del Estado, que defiende los intereses de García Ortiz, ha planteado una cuestión de enorme importancia: ha pedido anular el registro practicado en el despacho del fiscal general por una vulneración de derechos. Esta iniciativa tiene un objetivo fundamental: expulsar del procedimiento todo el material recabado en ese registro. De aceptarse, eso supondría que quedaran fuera también, según se ha planteado, todos los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de esa actuación. Y ello implica que, aunque el instituto armado no encontró pruebas de que García Ortiz filtrase el email, se expulsarían de la causa las principales tesis, conclusiones y saltos deductivos que hizo la UCO. Por ejemplo, quedaría fuera de la causa la información sobre que García Ortiz borró sus dispositivos electrónicos. La UCO también llegó a concluir sin pruebas que García Ortiz tuvo una "participación preeminente" en la filtración. 

La defensa del fiscal general cuestiona la instrucción del juez Ángel Hurtado

La Abogada del Estado, Consuelo Castro, que ejerce la defensa de Álvaro García Ortiz comienza sus cuestiones previas cuestionando la instrucción que hizo del caso el juez Ángel Hurtado. En su intervención, que sigue en curso,  considerado que es nula la declaración de secreto de las actuaciones, el auto de incoación de diligencias previas y el auto acordando la entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado el 30 de octubre de 2024.

Las acusaciones intentan evitar que se incorporen tuits de MAR

La defensa de García Ortiz, ejercida por la Abogacía del Estado, ha pedido incorporar a la causa una serie de tuits de Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Según se ha expuesto, en esos mensajes, MAR hablaba de una especie de "confabulación" del Gobierno, Hacienda y la Fiscalía contra Ayuso. Para la defensa, esos tuits ofrecen un "contexto" clave para entender todo el procedimiento. Rodríguez admitió en instrucción que difundió un bulo para defender a su jefa y que se inventó que existía una conspiración contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, varias acusaciones populares se han opuesto a la petición de la Abogacía de incorporar esos tuits. Entre ellos, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que considera que esos mensajes no tienen nada que ver con los hechos investigados.

Lectura de las acusaciones

La letrada de la Administración de Justicia ha leído los supuestos hechos punibles que se le atribuyen al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de un delito de revelación de secretos. Ahora está leyendo las penas solicitadas por las siete acusaciones. Por un lado, la planteada por la acusación particular, ejercida por el novio de Díaz Ayuso, que ha reclamado cuatro años de cárcel y cuatro años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, además de tres años de suspensión de empleo y una multa de 108.00 euros. Y por otro lado, las propuestas por las seis acusaciones populares: el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que también pide cuatro años de cárcel; la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que solicita seis años de prisión; y los grupos ultras Hazte Oír, Vox, Manos Limpias y Fundación Foro Libertad y Alternativa, que plantean igualmente cuatro años de reclusión.

El fiscal que investigó el fraude de González Amador, el primero en declarar

El primero de los testigos de la primera jornada del juicio será, si no hay cambios sobre la agenda prevista, el fiscal Julián Salto. Es el fiscal de la sección de Delitos Económicos encargado de la investigación sobre el supuesto fraude fiscal y falsedad documental de Alberto González Amador. Intercambió correos con el abogado del comisionista en los que el letrado se abría a pactar con la Fiscalía librarse de prisión a cambio de reconocer dos delitos fiscales. Salto envió el cruce de correos a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, “en cumplimiento de una orden legítima para saber qué ha pasado con ese asunto”, según indicó el fiscal en su declaración ante el juez del Supremo que lo investiga por revelación de secretos. 

Aquí puede ver el vídeo de su declaración ante el juez durante la instrucción

Vídeo | Las claves de una cita judicial inédita

Más de 40 testigos prestarán declaración durante seis días, entre ellos el novio de Ayuso, Alberto González Amador, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Puedes ver aquí el vídeo completo

Las cuestiones previas, el primer paso

La sesión de este lunes, con la que se inicia el juicio al fiscal general del Estado, comenzará a las 10.00 de la mañana con las llamadas cuestiones previas. Estas consisten en una serie de manifestaciones que pueden exponer las distintas partes y que pueden incluir desde objeciones sobre la competencia del tribunal hasta irregularidades en la acusación que puedan cuestionar la validez del proceso. 

Buenos días. Arrancamos la narración de la última hora de un juicio histórico. Desde este lunes, por primera vez en España se juzga al fiscal general del Estado, por un delito de revelación de secretos. El Supremo intenta decide si Álvaro García Ortiz filtró un correo en el que Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos fiscales por más de 350.000 euros. El juicio está programado para desarrollarse en seis jornadas, tres esta semana y otras tres la que viene, que comienzan este lunes con las cuestiones previas y las declaraciones como testigos de cuatro fiscales que intervinieron de distinta forma en el caso.