La pareja de Ayuso pide en el Supremo cuatro años de cárcel para el fiscal general por filtrar el correo de su abogado

El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal, pide cuatro años de cárcel para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. El abogado de González Amador ha presentado este jueves en el Tribunal Supremo el escrito de acusación contra García Ortiz, para quien, además de cárcel, reclama cuatro años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, tres de suspensión de empleo y una multa de 108.00 euros. Para la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, solicita tres años de cárcel e inhabilitación especial, dos de suspensión de empleo y una multa de 36.000 euros. La asociación de fiscales APIF reclama seis años de prisión para García Ortiz y cuatro para Rodríguez.

El escrito registrado por la defensa de González Amador, de 73 páginas, recoge sus pretensiones de cara a un posible juicio contra el fiscal general y la jefa provincial, una vez que el instructor, el magistrado Ángel Hurtado, ha dado por finalizada la instrucción. La pareja de Ayuso acusa a García Ortiz de haber filtrado el correo enviado por su abogado a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, en el que este admitía que González Amador había cometido dos delitos fiscales y proponía al ministerio público un pacto que le librara de entrar en la cárcel. Ese mail se difundió la noche del 13 de marzo, después de que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, hubiera filtrado a varios medios el contenido de un correo posterior para difundir una versión tergiversada de los hechos, según la cual, era la Fiscalía la que estaba buscando un acuerdo con González Amador, aunque el escrito del abogado de la pareja de Ayuso, Gabriel Rodríguez-Ramos, no alude a ello.

“Resulta imposible concebir una actuación de las autoridades constitucionales y legales de fiscal general del Estado y fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid de mayor apartamiento de sus deberes constitucionales y legales de secreto, reserva y sigilo que la realizada por los investigados”, asegura la defensa del empresario, que da por hecho que los fiscales actuaron dentro de un “plan delictivo para ganar el debate político” acordado con La Moncloa.

La pareja de Ayuso acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haberle utilizado para intentar tapar los casos de corrupción en su entorno. “La intensidad de uso del relato político” construido contra él por culpa de la difusión del mail de su abogado, asegura, “ha sido continua, y, además, directamente proporcional a la intensidad con la que el Gobierno y el PSOE [,,,] han tenido que enfrentarse con relatos a la actuación de la justicia en causas judiciales que le afectan”.

El empresario acusa a García Ortiz y a Rodríguez de un delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417.2 Código Penal, que castiga con entre dos y cuatro años de prisión a la autoridad o funcionario público que revele secretos de un particular de los que tenga conocimiento por razón de su cargo. La pareja de Ayuso reclama la pena máxima prevista para García Ortiz y un año menos para la fiscal provincial.

El escrito desgrana los ”padecimientos" que asegura haber sufrido González Amador por la filtración de aquel correo electrónico, entre ellos “el continuado e incesante daño en la intimidad, la protección de datos, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el honor de imposible resitución”. Como resarcimiento, el empresario reclama una indemnización de 300.000 euros.

El escrito de la defensa de González Amador incluye las pruebas que quiere que se practiquen en el juicio si, finalmente, García Ortiz y Rodríguez se sientan en el banquillo. El abogado reclama la comparecencia de una veintena de testigos, entre ellos el jefe de gabinete de Ayuso; la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; dos ex altos cargos de Moncloa (la antigua asesora de Óscar López Pilar Sánchez Acera y el que fuera secretario de Comunicación, Francesc Vallés; y varios periodistas de EL PAÍS, la SER, La Sexta y El Mundo). El escrito del el abogado de González Amador no menciona a los WhatsA, no obstante, los whatsApp portados por este periódico para demostrar que tenía la información del reconocimiento del delito por parte de la pareja de Ayuso 31 horas antes de que el fiscal general accediera a esa información.

La APIF pide seis años de prisión

La Asociación Independiente de Fiscales (APIF), una de las acusaciones populares personadas en la causa, ha presentado también este jueves su escrito de acusación, en el que, además de un delito de revelación de secretos, atribuye a atribuye a García Ortiz otro de prevaricación, lo que eleva su petición de pena a seis años de cárcel y 12 de inhabilitación. La asociación, representada por los abogados Juan Antonio Frago, Verónica Suárez, Álvaro Bernad Sánchez y Napoleón Cánovas, consideran a la fiscal jefa provincial cooperadora necesaria de los mismos delitos, y piden para ella cuatro años de prisión y 12 de inhabilitación.

La APIF considera que García Ortiz y Rodríguez se prevalieron de su condición “para perseguir objetivos puramente privados y políticos”. Esta asociación respalda el daño que González Amador esgrime haber sufrido por la filtración del correo de su abogado y recalca que los hechos también han cuestionado notablemente el prestigio del Ministerio Fiscal".