El Supremo descarta ofrecer señal en directo para que el juicio del fiscal general se emita por televisión

El juicio contra el fiscal general del Estado no podrá seguirse en directo desde fuera del Tribunal Supremo. La Sala Penal ha descartado habilitar señal en streaming desde la web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni ofrecérsela a las televisiones para que puedan emitir de forma íntegra en directo la vista oral contra Álvaro García Ortiz, como se hizo en 2019 con el juicio del procés. Fuentes del alto tribunal consultadas por este periódico señalan que la decisión la ha tomado el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, tras debatirlo con los otros seis magistrados que juzgarán, entre el 3 y el 13 de noviembre, al jefe del ministerio público por un delito de revelación de secretos vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal. Los magistrados argumentan que esta vista oral no tiene la trascendencia penal que tuvo aquella, en la que los líderes independentistas se exponían a casi 30 años de cárcel por un delito de rebelión, y que no les parece adecuado someter como acusado al fiscal general a esa exposición pública.

El Supremo se prepara ya para acoger un juicio insólito. Será la primera vez que un fiscal general se siente en el banquillo, aunque García Ortiz ha pedido al tribunal que le permita sentarse en el estrado, al lado de su abogado. La sala ha fijado seis sesiones (3, 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre) en jornadas de mañana y tarde, durante las que declararán 40 testigos, entre otros, el propio González Amador; el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez; la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra; y 12 periodistas, incluidos tres de EL PAÍS, que han asegurado que conocieron detalles del correo electrónico que centra la investigación (en el que el abogado de González Amador admitía que este había cometido dos delitos fiscales y proponía un pacto que lo librara de entrar en la cárcel) antes de que el mail llegara al fiscal general.

Fuentes del tribunal admiten que es un juicio excepcional y la sala ha debatido en las últimas semanas algunos aspectos de organización. Entre ellos, la posibilidad de dar la señal en directo por la web del CGPJ y ofrecerla a las cadenas de televisión, como se hizo en el juicio del procés, y que, según fuentes de la sala, fue “un acierto”. Pero en ese caso, coinciden varios magistrados consultados, el entonces presidente de la Sala, Manuel Marchena, tomó esa decisión porque desde diversos ámbitos se había cuestionado la imparcialidad del Supremo y numerosas entidades asociaciones, no solo catalanas sino incluso internacionales del ámbito de los derechos humanos, habían pedido al tribunal asistir como una especie de observadores externos, ante lo que la sala decidió emitirlo de forma íntegra y en directo como señal de transparencia.

El juicio acaparó durante cuatro meses la programación de muchas televisiones nacionales y, en el caso de la televisión autonómica catalana TV3, la parrilla quedó casi en exclusiva dedicada al juicio de la mañana a la tarde; mientras que algunos momentos del juicio, especialmente algunos cruces de intervenciones de Marchena con acusados o testigos, corrieron en vídeos de YouTube y se viralizaron por la Red.

Las circunstancias del juicio al fiscal general son otras y los magistrados han considerado que no debe emitirse en streaming. Ha pesado sobre todo la decisión del presidente de la Sala Penal, que ha insistido en que se hiciera así, aunque otros magistrados consultados consideran también que es lo más adecuado. Fuentes de la sala señalan que, pese a su trascendencia, este no deja de ser un juicio por un delito considerado menor y no se ha visto oportuno suponer al fiscal general durante seis sesiones a esa “pena de banquillo” añadida.

La vista oral, como todas, será pública, por lo que los ciudadanos que quieran pueden acudir al Supremo a verla desde dentro de la sala hasta completar el aforo, mientras que los medios de comunicación acreditados podrán seguirla también por un circuito interno de televisión desde otras salas habilitadas para ellos.

En una nota difundida este viernes, el tribunal ha aclarado que los medios de comunicación podrán captar la señal institucional de la vista oral, que será “distribuida por la oficina de comunicación y puesta a su disposición mediante distribuidores de audio analógico y video HD”. “El juicio podrá ser seguido por los medios de comunicación tanto desde la propia sala de vistas-donde se reservarán 20 plazas para periodistas- como desde el salón de actos y la biblioteca del Tribunal Supremo, habilitados como sala de prensa”, añade el tribunal. Los medios podrán recibir la señal para preparar sus informaciones, pero no se podrá emitir íntegramente en directo ni podrá seguirlo por internet cualquier ciudadano desde fuera del tribunal.

El tribunal que juzgará a García Ortiz estará integrado por siete magistrados. Cinco de ellos son los que formaron parte de la Sala de Admisión que abrió la causa contra el fiscal general: Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela. La ponente de aquella resolución, que se tomó por consenso tras un fuerte debate, fue la magistrada Polo, la única de los cinco considerada progresista. A estos cinco se sumará el nuevo presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y, según las normas de reparto, el magistrado más antiguo de los que hasta el momento no han intervenido en la causa abierta contra García Ortiz, que en este caso es la magistrada Ana Ferrer, también considerada progresista.