Del sexenio de escándalos de la era Rajoy al ‘caso Cerdán’: las grietas del sistema frente a la corrupción

El programa de Mariano Rajoy de finales de 2011, las primeras elecciones que ganó (con 186 diputados) y las terceras a las que se presentaba, se titulaba Lo que España necesita y en el capítulo “Una democracia ejemplar” prometía medidas de lucha contra la corrupción que en algunos casos coinciden con las que anunció 14 años después un presidente socialista, Pedro Sánchez, como reacción a otro escándalo, esta vez, en el seno del PSOE, el caso Ábalos-Cerdán. El sexenio de Gobierno de Rajoy no fue ni mucho menos ejemplar, con causas judiciales que siguen vivas hoy y a las que se acaba de sumar la investigación al ministro de Hacienda entre 2011 y 2018, Cristóbal Montoro.

“Este tipo de casos”, explica el magistrado Joaquim Bosch, autor del libro La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España, “se repiten porque no ha habido voluntad política de atajarlos. El diagnóstico está hecho hace años, a nivel interno e internacional, por el GRECO [Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa]. La corrupción que se exterioriza es solo la punta del iceberg y en los hechos probados de las sentencias vemos patrones que se repiten y que muestran debilidades estructurales, es decir, necesidad de reformas“.

La politóloga y socióloga Cristina Monge, presidenta de +Democracia, organización dedicada a detectar esas vulnerabilidades y plantear soluciones, coincide con el magistrado: “Sabemos dónde están los problemas y qué hay que hacer, pero hay que hacerlo, es decir, aportar presupuesto”. Lo que sigue es un repaso a los escándalos desde el sexenio de Rajoy y las medidas que, a juicio de los expertos, podrían haberlos evitado o, al menos, prevenido.

‘Caso Montoro’ y ‘Caso Cerdán-Ábalos’. Corruptos y corruptores

En 2004, tras perder el PP las elecciones, Montoro, que había sido ministro de Hacienda con José María Aznar, pasó a ser eurodiputado. En 2006, al cumplirse los dos años que establece la ley de incompatibilidades para que altos cargos puedan trabajar en empresas “afectadas por decisiones en las que hayan participado”, creó, con otros ex altos cargos del Ministerio, la consultora de asesoría fiscal y financiera Montoro y Asociados, que en 2008, al regresar al Congreso, cedió a su hermano. Más adelante, Ricardo Martínez Rico, que había sido jefe de gabinete y secretario de Estado del ministro en su primera etapa en el Gobierno, tomó las riendas del despacho, que cambió de nombre y pasó a llamarse Equipo Económico. Montoro está siendo investigado por crear, presuntamente, una “red de influencias” para favorecer, mediante modificaciones legislativas y rebajas fiscales, a empresas que contrataron a su despacho.

El informe de la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos D’Esquadra aportado al juzgado número 2 de Tarragona vincula un “regalo” de 2.200 millones de Hacienda a las renovables con pagos del sector a Equipo Económico. Y las compañías englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) pagaron casi 800.000 euros al despacho en siete años. Gracias a ese desembolso, según la investigación, fueron incluidas en una rebaja del impuesto especial sobre la electricidad (2014) y en otra sobre el impuesto de actividades económicas (2018). Además, en 2017, Hacienda inició una persecución fiscal al periodista Javier Chicote, del diario Abc, después de que este hubiese publicado artículos en los que desvelaba los pagos que empresas del Ibex habían realizado al despacho fundado por Montoro.

El caso Cerdán-Ábalos, ambos ex secretarios de Organización del PSOE bajo el mandato de Sánchez, alude a una forma de corrupción en adjudicaciones a cambio de mordidas. Quien “gestionaba” esas comisiones era, según la Guardia Civil, Santos Cerdán, en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio acusado de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. Además, el juez Ismael Moreno ha retirado el pasaporte y ha prohibido salir de España a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y a Javier Herrero, ex director general de Carreteras, por su presunta implicación en la trama.

Los expertos consultados coinciden en que hay varias medidas que podían haber evitado o prevenido ambos escándalos y que, de nuevo, llevan años circulando en forma de promesas o recomendaciones incumplidas. La primera es la regulación de los grupos de presión o lobbies, actualmente en tramitación parlamentaria y cuyo retraso ha provocado un nuevo tirón de orejas del GRECO a las autoridades españolas. “La transparencia y la huella legislativa han de ser totales”, señala Monge. “Que si te reúnes con el lobby nuclear, se sepa”. Bosch añade: “No deberían formar parte de lobbies personas que hayan tenido responsabilidades políticas de alto nivel anteriormente. Ahora esos plazos de conflicto de intereses son muy cortos y se restringen al área de actividad en la que haya operado ese político, pero deben ampliarse porque una persona que ha salido de Hacienda, por ejemplo, sigue teniendo mucha capacidad de influencia sobre antiguos compañeros de Gobierno”. En su último informe, conocido este viernes, el GRECO insiste en que la Oficina de Conflictos de Intereses “sigue careciendo de verdadera independencia y presupuesto propio”.

El magistrado también señala los “agujeros” de la legislación en materia de contratación pública. “En 2017 se aprobó una nueva ley que mejoraba la anterior, pero no por voluntad política, sino por una directiva de la Unión Europea cuya adaptación dejó grietas. Sigue permitiendo las modificaciones sobrevenidas y lo que vemos en las investigaciones judiciales es que la trama corrupta adquiere el contrato por un precio que en principio parece mejor, pero luego hay sobrecostes, que es donde obtienen los beneficios el político y las empresas. Además, la ley sigue permitiendo trocear contratos”.

Entre las medidas anunciadas en el Congreso el pasado 9 de julio, durante su comparecencia para dar explicaciones por el caso Cerdán, el presidente del Gobierno prometió poner en marcha “un sistema de exclusión y de listas negras para impedir que las empresas condenadas por corrupción puedan seguir contratando por la administración pública”. Bosch es poco optimista al respecto. “La ley ya prevé ese tipo de sanciones. El problema es que las empresas cuentan con filiales, personas jurídicas conectadas entre sí, y pueden utilizar una u otra, por lo que no afectan a todo el grupo empresarial. Además, esas sanciones no son efectivas hasta que hay una sentencia firme y eso puede demorarse diez años o más, por lo que no es suficientemente disuasorio. Habría que introducir medidas cautelares para que, cuando haya indicios suficientes, el juez de instrucción pueda prohibir a esa empresa contratar con la Administración”.

El papel en la trama que afecta al PSOE de Koldo García, chófer ascendido a asesor áulico del entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, también obliga, a juicio de los expertos consultados, a replantearse la regulación de los asesores o cargos de confianza. “Estas figuras en gobiernos, empresas públicas, mixtas o privadas de titularidad pública”, señala Bosch, “son una anomalía española y si no existieran, casos como el de Koldo o el de Montoro serían más difíciles. El Consejo de Europa lo ha señalado como uno de los focos de corrupción porque favorece que en esos espacios no haya técnicos capaces de alertar cuando detecten algo raro, sino cargos políticos que pueden formar parte de la trama”.

El último informe del GRECO, difundido el viernes y aprobado en junio, considera “no implementada” su recomendación de establecer, para los asesores, unos requisitos de transparencia e integridad equivalentes a los de quienes ocupan altas funciones ejecutivas. Sánchez no mencionó a los asesores cuando detalló el 9 de julio su plan anticorrupción en el Congreso. Preguntado el pasado lunes por si el sistema está preparado para evitar que haya un nuevo Koldo García, Pedro Sánchez respondió que el Gobierno ha tomado “muchas de las recomendaciones del Consejo de Europa” y que en “la tramitación parlamentaria” serán “bienvenidas todas las propuestas que hagan los grupos para reforzar todo lo que ha fallado”.

La policía patriótica

Durante el Gobierno de Rajoy, comisarios de Policía y dirigentes del PP como el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se conjuraron para montar operaciones a espaldas de la justicia y pagadas con dinero público contra dirigentes independentistas catalanes y contra Podemos y sus principales líderes. Además, trabajaron para obstaculizar la investigación judicial de la caja b del PP abierta en la Audiencia Nacional que terminó con una sentencia condenatoria que acredita la financiación ilegal del PP durante casi 20 años. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz instruye en la actualidad la causa por la guerra sucia contra Podemos, en la que están imputados Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y número dos de Fernández Díaz; Eugenio Pino, ex director adjunto de la Policía Nacional (máximo jefe operativo); y varios comisarios.

La presidenta de +Democracia señala que si hubiera estado entonces en funcionamiento la Oficina de Protección al Denunciante, un policía que hubiera tenido conocimiento de ese tipo de prácticas podría haber alertado de ellas. “Y eso es transversal a cualquier caso de corrupción”. El último informe del GRECO “valora positivamente las mejoras en los mecanismos internos de denuncia y en la protección de los denunciantes tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil”, pero señala que “sus regímenes disciplinarios siguen siendo inadecuados”.

La protección del denunciante de corrupción es otro clásico de los programas electorales, que ya figuraba en el de Rajoy en 2011. Para el magistrado Bosch, cuando se traspuso la directiva europea sobre el asunto “se hizo tarde y mal”. El Consejo de Ministros aprobó el pasado octubre la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, pero hasta el pasado 9 de mayo, su director, el catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria, especializado en asuntos de regeneración democrática, no tomó posesión del cargo. Para Monge es crucial que dicha oficina disponga de presupuesto. De momento, según ha sabido este periódico, han contratado a dos personas y ya han empezado a recibir las primeras denuncias.

‘Caso Bárcenas’

El 31 de enero de 2013, EL PAÍS publicó la contabilidad oculta, manuscrita, de los tesoreros del PP entre 1990 y 2008. Los llamados papeles de Bárcenas [Luis, tesorero desde 2008] aludían al pago de sobresueldos a los principales dirigentes del partido. Pese a que Bárcenas había estado imputado ya en 2009 por delitos de corrupción, y pese a que el 15 de enero un auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz reveló la fortuna opaca del tesorero, que disponía de hasta 22 millones de euros en Suiza, el PP no le despidió hasta que este diario publicó sus papeles y el 18 de enero, Rajoy llegó a enviarle un mensaje de móvil pidiéndole que fuera “fuerte”. Unos meses después, en junio, el extesorero entró en prisión. Cuando Ruz intentó acceder al contenido de los ordenadores que había usado Bárcenas en la sede del PP, se encontró con que los discos duros habían sido destruidos. El borrado se produjo cuando ya había estallado el escándalo de la caja b de la formación.

La destrucción de los ordenadores fue objeto de otro juicio del que los responsables del PP salieron absueltos al considerar el juez que no había quedado probado que, cuando la formación ordenó a uno de sus empleados el borrado seguro ―formateado 35 veces― y destrucción de los soportes informáticos de Bárcenas, hubiera almacenado en los mismos algún dato o archivo. En mayo de 2018, fueron condenados por el caso Gürtel a penas de más de 30 años de cárcel excargos del PP como Bárcenas, Pablo Crespo y Alberto López Viejo. La sentencia establece que el partido fue “partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por la trama corrupta”. En 2021, la Audiencia Nacional condenó a dos años más de cárcel al extesorero por el pago en dinero negro de la reforma de la sede central del PP, en la calle Génova de Madrid.

Tanto Bosch como Monge recuerdan que a raíz del caso Bárcenas se modificó la legislación en lo que afecta a las donaciones de los partidos, pero sigue habiendo debilidades en el sistema. La politóloga asegura que “las auditorías al uso no son suficientes y habría que ir a otras llamadas forensic, que van mucho más allá, pero son caras”, e insiste en que el primer control “ha de ser el de los propios partidos”. Sánchez anunció el pasado julio que esos controles “se reforzarán”, obligando a las formaciones políticas y fundaciones con financiación pública superior a 50.000 euros a “realizar auditorías externas e independientes y reduciendo el umbral de publicación de donaciones a 2.500 euros”.

‘Caso Kitchen’

La destrucción de los discos duros de los ordenadores de la sede de Génova no fue la única maniobra de obstaculización de la justicia por parte del PP. En julio de 2012, el Ministerio del Interior contrató al chófer de Bárcenas para que intentase localizar los documentos del extesorero sobre la caja b del partido. Le pagó con fondos reservados durante casi dos años. El ministro, Jorge Fernández Díaz, para el que piden 15 años de cárcel; su secretario de Estado, Francisco Martínez, y media docena de comisarios están procesados por esta operación ilegal.

El juicio por la denominada Operación Kitchen se celebrará entre mayo y junio de 2026, 14 años después de los hechos. El programa electoral de Rajoy para las elecciones de 2011 ya se comprometía a reforzar “la respuesta del ordenamiento jurídico a las conductas relacionadas con la corrupción, asegurando su rápido enjuiciamiento”, algo que casi tres lustros después volvió a prometer Sánchez el pasado 9 de julio en el Congreso.

Soria y los papeles de Panamá. Ana Mato y los regalos de Gürtel

José Manuel Soria, ministro de Industria, renunció al cargo y abandonó la política en 2016 después de que se revelase su relación con los llamados papeles de Panamá y su participación en empresas familiares radicadas en paraísos fiscales. En noviembre de 2014, la entonces ministra de Sanidad de Rajoy, Ana Mato, dimitió ante las sospechas de su “participación a título lucrativo“, según el auto del juez Ruz, del dinero y los regalos de la trama Gürtel a su entonces marido y alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, quien fue condenado a 14 años de cárcel en ese caso. Aunque se presentó como una dimisión, la decisión la tomó el propio Rajoy, que esa semana iba a presentar en el Congreso su plan anticorrupción.

Los diputados han de presentar al Congreso una declaración de bienes, pero nadie en la Cámara los comprueba, al igual que sucede con los currículos. El plan anticorrupción que Sánchez detalló el pasado 9 de julio en el Congreso proponía “controles aleatorios” sobre los representantes públicos, y el llamado Plan de Acción por la Democracia, que el presidente expuso en junio del año pasado, planteaba una reforma del reglamento del Congreso y del Senado para “reforzar las sanciones por la no presentación de declaración de bienes por parte de sus miembros o la presentación de información falsa o incompleta”.