El PP tiene en sus manos salvar el decreto del Gobierno que refuerza el sistema eléctrico tras el gran apagón

El PP tiene en su mano y en sus votos convertir un pleno escoba aparentemente de trámite de final de periodo de sesiones en el Congreso en otro retrato de esa manera de malvivir al límite del Gobierno en esta peculiar legislatura. El Ejecutivo sostiene que avanza e impulsa leyes y decretos, hasta hoy 37, y creía que podría marcharse de vacaciones con ese marcador en 43, con las seis iniciativas que pensaba sacar adelante sin más este martes. No parece que lo vaya a lograr. Uno de esos decretos pendientes de convalidación, el que recoge medidas para reforzar el sistema eléctrico tras lo sucedido en el gran apagón del 28 de abril, no tiene aún apoyos para prosperar. Podemos ha confirmado su negativa. El Gobierno está pendiente de que le salve en ese tropezón el voto afirmativo o al menos la abstención del PP, que se reserva su posición.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, tildó este lunes de “absurda” la convocatoria extraordinaria de este pleno del Congreso para asuntos que minimizó como muy ordinarios. Fue ahí cuando se mofó de que la media España que ya está de vacaciones está pendiente de cómo le cambia la vida que en uno de los puntos previstos se vaya a aprobar una reforma del Reglamento de la Cámara para integrar en el Parlamento el lenguaje inclusivo y llamar formalmente Congreso al Congreso de los Diputados. Todo el resto del orden del día le pareció menor, porque para el PP el Congreso está congelado. Muñoz, eso sí, no quiso adelantar qué votará este martes su partido en ningún aspecto y lo dejó en suspenso para enfatizar más el resultado si el Gobierno sufre este martes de nuevo alguna derrota.

Podemos, sin embargo, no quiso esperar. “Las grandes energéticas susurran al ministerio”, criticó su secretario de Organización, Pablo Fernández, en rueda de prensa, para justificar su oposición. El portavoz argumentó que el decreto gubernamental “ni enfrenta los intereses del oligopolio energético”, ni sirve para prevenir un incidente similar al apagón del 28 de abril en el futuro. “Este decreto no fija obligaciones a empresas del oligopolio que implementen sistemas de compensación ni establece multas para sancionar comportamientos temerarios o corruptos del oligopolio”, ha añadido antes de acusar al Gobierno de “seguir defendiendo” a estas empresas y de “engañar” a los ciudadanos.

En el Ejecutivo sitúan esa oposición de Podemos en razones más de estrategia política que de fondo y recuerdan que esa formación no quiso participar en la ronda de contactos que la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, abrió con todos los partidos y en la que tampoco estuvo el PP. En el Gobierno remachan ahí que no tiene mucho sentido que Podemos esgrima que las medidas del decreto no evitarían un nuevo apagón cuando son las mismas expuestas en el informe de los expertos encargado tras lo ocurrido el 28 de abril y constatan que no están entregados a ningún oligopolio energético cuando han sido las eléctricas las que han llevado al Ejecutivo a los tribunales. También alegan, ante la negativa de Podemos y el silencio calculado del PP, que las propuestas serán bastante razonables cuando tienen el aval de las organizaciones ecologistas como Greenpeace o de las patronales y las compañías renovables.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a la vez portavoz de Movimiento Sumar, evidenció este lunes en público el descontento gubernamental con el nuevo aguijonazo de Podemos: “Es bueno para la transición ecológica de nuestro país y resulta decepcionante que en cuestiones de transición ecológica Podemos diga que vota en contra”.

El PP resulta así fundamental para no tumbar esa propuesta, pero se guarda sus cartas hasta el momento de la votación. Si PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Podemos votan en contra sumarían 175 escaños. Todos los demás partidos tendrían la misma cantidad, pero harían falta todos los votos para empatar. Si el PP se abstiene, el decreto sería convalidado. Junts mantuvo este lunes un encuentro de trabajo de su cúpula en Waterloo y varios contactos telefónicos con el Ejecutivo para abordar ese punto y otros y tampoco quiso anticipar su postura, pero en ese supuesto sus siete escaños ya no harían ni falta, aunque se les indica que entre las actuaciones previstas figuran algunas que el partido de Carles Puigdemont había solicitado.

En el Gobierno confían en que la presión de las diferentes patronales ayude a convencer a Junts y PP de que las reformas previstas son buenas para evitar futuros apagones y para, por ejemplo, “facilitar mayor flexibilidad a las compañías de energías renovables al aumentar el perímetro de autonomía fotovoltaica de unos metros hasta cinco kilómetros, que era una reivindicación histórica del sector”.

En el Ministerio de Transición Ecológica han acumulado en estos días respaldos de las empresas industriales representadas por la Alianza por la Competitividad de la Industria Española AICE, ANFAC, ASPAPEL, FEIQUE, FIAB, OFICEMEN, PRIMIGEA, SERNAUTO y UNESID, por AEGE y la Alianza España Verde y Conectada; así como las asociaciones de renovables AEE, APPA y UNEF.

El pleno debería servir, en cualquier caso y en condiciones normales, para refrendar tres proyectos de ley que llegan con las enmiendas que propone el Senado y entre los mismos está la creación de una Agencia Estatal de Salud, que, sin embargo, ya ha sido derrotada por distintas razones políticas en alguna ocasión anterior.

Uno de los decretos más esperados y que debería ratificarse sin muchos problemas es el que contiene las entregas a cuenta del Estado a las comunidades y ayuntamientos para su financiación, que se suelen calcular con un índice de evolución aplicable en la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado. Esta cuestión debería haber quedado resuelta si se hubieran presentado y aprobado los Presupuestos Generales del Estado para 2025, algo que el Ejecutivo no ha podido plasmar, y cuando se intentó colar a través de otro decreto en enero el PP la bloqueó, pese a que en principio perjudica el dinero que reciben esas administraciones ahora gobernadas en su mayoría por ese partido. El Gobierno confía que salga con el apoyo del PP, aunque los populares tampoco han confirmado ahí el sentido de su voto.