La isla ibérica clama por más interconexiones con Europa tras el gran apagón

Desde una loma en Gatika, un pueblo de 1.600 habitantes a media hora en coche de Bilbao, se aprecian las cicatrices que dejó en el territorio la construcción en los años setenta de la infausta central nuclear de Lemóniz. Torres de alta tensión jalonan un paisaje verde salpicado de casitas que conviven con los cables de una instalación que nunca llegó a ponerse en marcha. Más de 40 años después de quedar abandonada, decenas de operarios se afanan ahora en la construcción de una nueva estación conversora al lado de la reformada subestación original. De aquí parte la interconexión energética que en 2028 unirá la península Ibérica con el resto de Europa. Una autopista eléctrica para conectar los sistemas eléctricos español y francés a través de dos enlaces de 400 kV desde Gatika hasta Cubnezais, cerca de Burdeos.

Es un proyecto ambicioso y complejo técnicamente, al ser un recorrido enteramente subterráneo y submarino por el golfo de Vizcaya. Pero también insuficiente para sacar de su aislamiento energético a la península Ibérica. La interconexión aumenta la capacidad de intercambio eléctrico de los actuales 2.800 a 5.000 megavatios, pero se queda muy lejos del mínimo exigido por Bruselas. “Para que el mercado interior de la energía sea realmente efectivo, la Comisión fijó unos objetivos del 10% para 2020 y el 15% para 2030. Y con esta interconexión apenas rozaremos el 5%”, reconoce Juan Prieto, director del proyecto, durante una visita a las obras en Gatika.

Harían falta, en fin, media docena de enlaces como este para equiparar a la península Ibérica con las hoy nutridísimas redes internacionales entre el resto de grandes economías del euro: Italia, Francia, Alemania y Países Bajos. Y una docena más si lo que se quiere es cumplir el objetivo fijado para finales de la presente década. El tupido mallado continental sigue y seguirá topándose con el muro pirenaico, dejando a la intemperie a España y Portugal cuando hay problemas. Una realidad que quedó particularmente patente el pasado 28 de abril, una fecha que quedará grabada a fuego en el imaginario colectivo: la del primer gran apagón de la historia de España y Portugal.

Fueron solo unas horas, casi todas diurnas, pero el inédito cero eléctrico sumió a ambos países en un extraño estado de caos e incertidumbre. Más de 50 millones de personas fueron, de golpe, conscientes de las mil y una implicaciones que tiene la pérdida del suministro. Que todo, absolutamente todo, depende de que haya luz. Que estamos mucho menos preparados de lo que pensamos ―y de lo que quieren las autoridades comunitarias, con su reciente kit de emergencia que muchos tomaron a guasa―. Que los apagones puede que no fueran solo cosa del pasado, como se creía: estos últimos días ha sido la República Checa la que ha probado esas hieles. Y que, pese a la ejemplar reacción de la ciudadanía, unas horas más de fundido a negro habrían empeorado y mucho las cosas. Solo la rápida reposición del servicio evitó males mayores.

El informe preliminar del Gobierno llegó a mediados de junio, mes y medio después del apagón, semanas antes de lo previsto y, también, tiempo después de lo que habría necesitado la opinión pública para atajar rumores y señalamientos. Sobre todo, al sector de las energías renovables, al que enseguida se cargó el sambenito de culpable.

Las conclusiones son, en síntesis, que hubo oscilaciones previas en la red eléctrica europea, que varios episodios de sobretensión derivaron en la desconexión masiva de plantas de generación y que Red Eléctrica de España (REE, el gestor del sistema) y las distribuidoras fallaron en los cortafuegos con los que se trata de encapsular un apagón para evitar que un fenómeno local acabe derivando en un desastre a escala binacional.

En lo político-empresarial, reparto de culpas entre REE y las eléctricas. En lo puramente técnico, un potente toque de atención y un reconocimiento implícito de que tanto las infraestructuras como la regulación iban varios pasos por detrás de la realidad. Solo así pueden interpretarse los dos movimientos más sonados del Gobierno desde entonces: una potente inyección de fondos para hacer más robusta la red y el anuncio de cambios importantes en los procedimientos de operación, el andamiaje normativo sobre el que descansa la operación diaria del mercado eléctrico.

Informes al margen ―aún están por conocerse los finales, muchos de ellos a escala comunitaria―, hay una tríada de conclusiones que se pueden esbozar sin temor a la equivocación, y que pueden ayudar a otros vecinos europeos que, como España y Portugal, tienen una alta penetración de energía eólica y solar en su matriz eléctrica. Alemania o Dinamarca, sin ir más lejos. La primera sobre la regulación técnica: estas fuentes de generación, aunque intermitentes por naturaleza, podrían estar aportando ya firmeza y control de tensión. No hay razón técnica para que no lo hagan. La segunda es que el almacenamiento ―con centrales hidroeléctricas de bombeo y, sobre todo, con baterías― es fundamental para apuntalar la transición segura hacia las fuentes verdes. La tercera, y quizá más evidente, que el apagón habría sido harto menos probable y duradero si la interconexión entre el sistema eléctrico ibérico y el del resto del continente fuese la que debería ser a estas alturas del partido.

La capacidad de los cables que conectan a la Península con sus vecinos del norte, allende los Pirineos, está anclada desde hace años en el 2,8% de la potencia de generación eléctrica instalada. Lejos, muy lejos, de las exigencias comunitarias. Las obras en marcha en el golfo de Vizcaya —que deberían estar listas en 2028, bastante más tarde de lo contemplado en un principio— elevarán sustancialmente esa cifra. Pero quedará, aún, a gran distancia del objetivo.

Una mole de hormigón encajada en un acantilado de la costa vizcaína es lo que queda de la fallida central nuclear de Lemóniz. En 2024 se cumplieron 40 años de su paralización definitiva. Fue en 1984, cuando el Gobierno de Felipe González dictó la moratoria de las nucleares, aunque el proyecto había resultado inviable años atrás por la confluencia del movimiento antinuclear y una feroz campaña de atentados de la banda terrorista ETA. Frente a los edificios comidos por la maleza se empezarán a tender el próximo verano los cables submarinos de la nueva interconexión. Un proyecto al que también ha habido oposición. El movimiento Interkonexio elektrikorik ez (No a la interconexión eléctrica) protesta contra la “autopista eléctrica” con marchas y carteles que pueden verse por Gatika y otros pueblos del norte de Vizcaya.

“Es prácticamente imposible desarrollar proyectos de este tipo sin que haya algún roce”, reconoce Antonio González Urquijo, delegado regional de Redeia en el País Vasco, que destaca que solo 13 parcelas han tenido que ser expropiadas, frente al 75% de acuerdos amistosos. “Esta infraestructura va a estar aquí décadas. Seremos vecinos, no queremos que sea algo impuesto”, añade Juan Prieto, director de la interconexión. Se estudiaron 12 posibles trazados en tierra hasta dar con el definitivo, de 13 kilómetros, que serpentea por pistas y caminos ya existentes para provocar la mínima afectación, explica Prieto, que subraya que además se retirarán las torres y los cables de alta tensión que se construyeron para Lemóniz.

No es casualidad que, aunque insuficiente, el de Gatika esté en la lista de proyectos de interés común (PCI, fundamentales para recibir financiación comunitaria), una categoría en la que también figuran las futuras tuberías llamadas a llevar el hidrógeno verde ibérico al resto del continente. En el caso de la interconexión eléctrica, acaba de conocerse, además, que recibirá 1.600 millones de euros de financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El objetivo, en palabras del comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, es que los ciudadanos europeos “tengan acceso a suministros limpios y estables, dondequiera que estén”.

“Hasta que no tengamos clara la secuencia de los acontecimientos, todo sigue siendo especulativo. Pero una mayor integración en el sistema continental debería haber actuado como un amortiguador para evitar el apagón”, apunta Georg Zachmann, analista del centro de estudios bruselense Bruegel. “En general, aumentar el tamaño del sistema con más integración regional debería haber actuado como amortiguador frente a choques internos que puedan hacer caer el sistema”. El experto alemán critica, además, la falta de claridad de los informes del Gobierno y de REE: “He intentado entenderlos, y aún me resulta difícil comprender qué ocurrió exactamente”.

Atención del resto de Europa

Son varias las capitales europeas que miran de reojo a la reunión anual que celebrará el ente que agrupa a los gestores de la red eléctrica del Viejo Continente, ENTSO-e. De esa cita debería emerger su informe oficial sobre lo ocurrido el 28 de abril. “Saldrán conclusiones adaptadas a las características de cada país, de su mix [de energías] y de sus redes”, anticipa José Luis Sancha, divulgador energético y profesor de ICAI, con una dilatada carrera en REE a sus espaldas.

Antes, sin embargo, son ya varios los temas que están “en el debate”, en palabras de Sancha. A saber: la mejora necesaria en la coordinación entre operadores, delimitar más claramente las responsabilidades y sanciones a cada agente en caso de incumplimiento de algún precepto, como ocurrió el día del gran apagón, empoderar al operador del sistema en su gestión de control del sistema y al regulador en su vigilancia del cumplimiento de las normativas… Y, como no, “mejorar y ampliar las interconexiones”.

González Urquijo pide no “entrar en hipótesis sobre qué hubiera sucedido” el 28 de abril de tener las interconexiones que exige la UE. “Lo que sí tenemos claro”, concede, "es que a mayor capacidad de interconexión la robustez del mallado sería mayor". La recuperación del suministro eléctrico se produjo a través de las interconexiones internacionales tanto con Francia como con Marruecos. “A mayor volumen de interconexiones, mayor agilidad en esa reposición del servicio”, añade.

La otra excepción ibérica

Parece otra era, pero fue anteayer. En junio de 2022, en plena crisis energética, España y Portugal lograron que Bruselas, siempre rigorista, permitiese una inédita excepción en el mercado eléctrico europeo: el mecanismo de fijación de precios sería, por una vez, distinto al del resto de Europa para sacar al gas de la ecuación. El argumento para conseguir esa vista gorda era la desconexión física del resto del continente: más que una Península, Iberia ―se decía con razón― es una ínsula. Tres años después y un histórico apagón mediante, sigue siendo así.

Aunque en público las autoridades francesas afirman estar comprometidas con aumentar la interconexión, los hechos desmienten las palabras. Una negativa en la práctica que ha llevado a los Gobiernos español y portugués a remitir dos cartas ―a París y a Bruselas― pidiendo “compromisos” concretos para elevar el flujo de electricidad a través de los Pirineos. “Aunque no se exprese públicamente, estos retrasos [de Francia] son coherentes con una estrategia francesa para evitar convertirse en un país de tránsito eléctrico: no quiere que los consumidores franceses paguen por líneas que principalmente benefician a consumidores de países vecinos”, desarrolla Zachmann.

Francia tampoco quiere exponer a su antaño todopoderosa nuclear ―es el país con más reactores de Europa y el segundo del mundo― a precios de la electricidad mucho más competitivos: en la mayor parte de horas y días, la eólica y la fotovoltaica ibéricas son notablemente más baratas que la atómica. Preservar, en definitiva, una ventaja competitiva artificial frente a la pujanza renovable. “La solución podría ser exigir al resto de socios [España y Portugal, que darían salida a sus excedentes exportando más; o Alemania, destino natural de esa electricidad barata en muchas jornadas] que contribuyan a los costes de tránsito en Francia”, zanja el especialista de Bruegel.

Comprender los pormenores del apagón español y sacar conclusiones de lo ocurrido se ha convertido en una preocupación continental. En especial, después de que ―aunque por motivos muy distintos― la República Checa sufriera un severo apagón el pasado 4 de julio y que en los Países Bajos se estén viendo obligados a aplicar medidas de racionamiento de la electricidad para evitar tensar aún más la red. Incluso antes de que se produjesen ambos sucesos, posteriores al cero eléctrico en la Península, las autoridades comunitarias ya habían iniciado varios procesos paralelos de indagación. Hoy, la urgencia de sacar lecciones y aplicarlas es aún mayor.