El Gobierno contrapone el récord de entregas a las autonomías a las cesiones a Cataluña y Euskadi

El Gobierno contrapondrá este martes, en el pleno escoba que servirá para dar carpetazo a este enrarecido y ruidoso curso político, los datos récord de las millonarias entregas a cuenta extraordinarias para financiar todas las autonomías (300.000 millones de euros, un 47% más en siete años que con Mariano Rajoy) y los ayuntamientos (32% superior) a las acusaciones de privilegios lanzadas por el PP y Vox contra las cesiones y negociaciones bilaterales con Cataluña y Euskadi. El Ejecutivo presume así de su gestión y del crecimiento económico del país y desliga esas aportaciones de no haber podido revisar la financiación de esas administraciones con unos Presupuestos del Estado que no ha sido capaz de presentar. PP y Vox votaron en contra en enero de esas actualizaciones que perjudican a una mayoría de administraciones controladas por los populares.

El Gobierno no ha incluido en la agenda de esa sesión dos de sus proyectos estrella pendientes: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que patrocina e impulsa hace meses la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ni tampoco la ley para modernizar y facilitar el acceso a las carreras judiciales, en la que está empeñado el ministro de Justicia, Félix Bolaños. En los dos casos por el bloqueo impuesto por los siete escaños de Junts, que este lunes se reunirá con sus interlocutores en el Ejecutivo para desatascar algunos asuntos pendienes y que van avisando así de sus demandas y exigencias para Cataluña ley a ley, voto a voto y pleno a pleno.

La sesión de este martes retratará así, por lo que se discuta y lo que no ha podido llegar al orden del día, el complejo momento político del país y de esta legislatura, que está avanzando a saltos y no sin problemas en un clima de fuego cruzado de casos de corrupción.

En el Grupo Socialista en el Congreso son conscientes todas las semanas de esas crecientes dificultades y su portavoz, Patxi López, intenta minimizarlas al afanarse en multiplicar sus contactos con todos los partidos del bloque de investidura, que ya no definen como la mayoría progresista por su variedad. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes recurrió recientemente, ante la última zanja de Junts, a definirse como “una mayoría plural”.

El periodo de sesiones acabará así con un balance oficial de 43 leyes o decretos aprobados en estos dos años, al darse por descontado que saldrán adelante el martes la convalidación de las entregas a cuenta a las entidades autonómicas y locales, las medidas de refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón del 28 de abril que Junts aún no validado, los beneficios fiscales para eventos culturales, la reforma del Reglamento del Congreso para mejorar el lenguaje inclusivo y para perfilar sanciones a los agitadores ultras que simulan ejercer de periodistas en las Cortes. También se dan por ratificados tres proyectos que regresan del Senado: la Agencia Estatal Salud Pública, la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y los cambios en la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

La secretaria general del grupo socialista y portavoz del PSOE, Montse Mínguez, se agarra a esos “hechos, cifras y estadísticas verificables” para evidenciar que “el dato mata al relato y que es falso el discurso agorero que cada día traslada el PP sobre que la legislatura está agotada o acabada. A pesar de su voto en contra y el de los ultras en casi todas las leyes, el Gobierno legisla, el Congreso aprueba leyes y el país avanza”. De las 1.202 votaciones registradas, 1.056 han prosperado y solo se han perdido 146.

Uno de los asuntos concretos más relevantes que se discutirá este martes tiene que ver con el dinero que necesitan recibir las autonomías y los ayuntamientos. Las entregas o anticipos a cuenta son un pilar fundamental para sus finanzas. Su cálculo y reparto entre territorios se diseña en función de la previsión de crecimiento de la economía y la recaudación que se tiene para el año siguiente, de forma que los gobiernos locales y regionales sepan con antelación cuánto dinero les repartirá el sistema de financiación para confeccionar sus presupuestos y establecer sus políticas para el ejercicio.

El Consejo de Ministros aprobó hace un mes este real decreto ley que se debe convalidar ahora para actualizar esas entregas a cuenta con el que se repartirá casi 22.000 millones más a los Ejecutivos autonómicos y cerca de 5.000 millones para los gobiernos locales, como reclaman también desde la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), ahora comandada por el PP. Este trámite quedó atascado este año al ir normalmente vinculado a los Presupuestos Generales del Estado, que no se han presentado para este ejercicio. El Ejecutivo central intentó colar ese reparto de fondos en un decreto ómnibus con distintas medidas tributarias en enero, que decayó por el bloqueo de Junts, con PP y Vox.

El PSOE ya cuestionó entonces, y el argumentario se repetirá este martes, que PP y Vox contribuyeran con su voto en contra a paralizar una senda de estabilidad que fija el techo de gasto presupuestario que otorgaba más recursos a las comunidades autónomas y las entidades locales mientras muchas de esas autonomías, la mayoría gobernadas por el PP, exigen desde sus territorios más recursos y acusan al Gobierno central de no transferirlos o denuncian que éste ceda todo tipo de competencias y privilegios ante los chantajes de partidos nacionalistas en Cataluña y Euskadi.

Los socialistas destacarán ahí que alguna de esas autonomías arremetan contra el Ejecutivo de Sánchez, voten contra aumentar impuestos a las grandes multinacionales o energéticas y los que más contaminan y luego donde gobiernan apliquen rebajas generalizadas de impuestos, hagan dumping fiscal como en Madrid o perdonen como en la Comunidad valenciana la ecotasa a la compañía propietaria de la central nuclear de Cofrentes.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechaza que Cataluña vaya a disponer de más beneficios que cualquier otra autonomía por la financiación singular que está negociando, y que por ahora no cuenta con apoyos para salir adelante. Su Ministerio, además, esgrime que nunca antes se habían aportado las cantidades distribuidas ahora a todas las autonomías. Hacienda, durante los siete años de mandato de Pedro Sánchez, habría aportado 300.000 millones de euros más a las autonomías (un 47%) que los entregados en ese plazo por ese departamento con Mariano Rajoy y un 32% más para los Ayuntamientos.

El Ejecutivo pretende reafirmar así su compromiso con la financiación de los servicios públicos de todas esas entidades, la liquidez territorial y evitar más tensiones de sus tesorerías y es ahí cuando aporta que ha entregado 158.167 millones de euros para todas las autonomías o 147.412 millones en entregas a cuenta (un 9.5% más que el año anterior) y 28.734 millones para los ayuntamientos.