El Gobierno aprueba la actualización de las entregas a cuenta de comunidades y municipios

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley para actualizar las entregas a cuenta para comunidades y corporaciones locales por el que repartirá casi 22.000 millones más a los Ejecutivos autonómicos y cerca de 5.000 millones para los gobiernos locales. Este decreto se aprueba para revitalizar un trámite que quedó atascado por ir normalmente vinculado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que no se han presentado para este ejercicio.

El Ejecutivo central había intentado sacar adelante el reparto de fondos a cuenta del sistema de financiación incluyéndola en el decreto ómnibus votado a principios de año, pero finalmente la medida decayó por el bloqueo de la oposición y el muro levantado a última hora por Junts. La actualización de los anticipos a cuenta tendrá que pasar ahora el examen del Congreso, y supone que las autonomías se repartan unos 10.000 millones más de recursos del sistema de financiación con respecto al año pasado. Y otros 11.600 por la liquidación positiva del sistema de financiación de 2023.

“Aprobado este real decreto ley en el Consejo de Ministros, vamos ahora a ese debate en el Congreso de los Diputados y esperamos que en ese caso el PP fundamentalmente, como principal partido de la oposición, apruebe esta medida que es tan beneficiosa (...) para todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos de nuestro país”, ha dicho la titular de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa celebrada este martes tras la reunión de los ministros.

Las entregas o anticipos a cuenta son un pilar fundamental para las finanzas autonómicas y municipales. Su cálculo y reparto entre territorios se diseña en función de la previsión de crecimiento de la economía y la recaudación que se tiene para el año siguiente, de forma que los gobiernos locales y regionales sepan con antelación cuánto dinero les repartirá el sistema de financiación para confeccionar sus presupuestos y establecer sus políticas para el ejercicio.

Las estimaciones económicas para 2025 son prometedoras: el PIB español, según las previsiones oficiales, crecerá por encima del 2,5%. El Ministerio de Hacienda ya trasladó el año pasado a las administraciones territoriales que las entregas a cuentas engordarían un 9,5% para las comunidades, hasta un récord de 147.412 millones de euros. A esos importes hay que sumar la liquidación positiva de 2023, de 11.692 millones, por un total de 158.167 millones, un 2,5% con respecto al curso pasado.

La liquidación es un ejercicio de ajuste contable que se realiza cada dos años para determinar si los recursos del sistema de financiación repartidos han sido los adecuados. Si la economía ha ido mejor de lo que se había previsto, se compensa a los territorios con una revisión al alza de los importes; si su marcha no ha cumplido con las expectativas, comunidades y ayuntamientos deben devolver lo recibido demás.

Los ayuntamientos, por su parte, recibirán 28.734 millones, un 13% más, también una cifra récord. En este caso, el PSOE se comprometió con ERC a finales de mayo a desbloquear las actualizaciones.

Prórroga presupuestaria

El Ministerio de Hacienda recuerda que la actualización se produce en un escenario de prórroga presupuestaria y que el Gobierno ha vuelto a desligar la medida de las cuentas públicas, al igual que el año pasado, cuando tampoco presentó los presupuestos por falta de apoyos parlamentarios. Las cuentas en vigor son las de 2023, por lo que a falta de un decreto o algún otro trámite que revisa los importes a repartir del sistema de financiación se asignarían las cantidades que estaban previstas para ese ejercicio.

El Gobierno aprovecha estos mimbres para culpar al principal partido de la oposición de haber paralizado la actualización de las entregas a cuenta hasta el momento, también a la luz de que la mayoría de las comunidades están gobernadas por el PP. El Ejecutivo central había incluido los anticipos a cuenta en el decreto ómnibus que llevó al Congreso a principios de año, que incluía medidas como la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte público. PP y Vox votaron en contra, y Junts se sumó al bloque del no exigiendo que la actualización se vinculara a una redistribución distinta de los objetivos de déficit entre administraciones y a una “negociación seria” sobre el concierto económico catalán.

“Vamos a volver a llevar [la actualización de las entregas a cuenta], a ver si ahora el PP cambia de opinión y le da oxígeno a comunidades autónomas y ayuntamientos que necesitan esos recursos y que, siendo incluso del color político del PP, por el simple hecho de intentar hacer una derrota parlamentaria, pues no vieron la luz”, dijo el lunes la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, en una entrevista radiofónica, en al que adelantó que el Gobierno aprobaría este martes un decreto para salir del paso.