Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero se enfrentan a los indicios de la Guardia Civil

Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, expresidenta de Adif y ex director general de Carreteras respectivamente durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, se enfrentan este lunes a los indicios recabados contra ellos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. A partir de las 11.00, ambos están citados a declarar como imputados ante el magistrado Ismael Moreno, el juez instructor de la Audiencia Nacional que lleva las pesquisas del caso Koldo que no ha asumido el Tribunal Supremo por no afectar directamente a un aforado. Ismael Moreno ordenó el registro de sus viviendas tras el estallido del informe Cerdán y los investiga por cinco delitos (entre ellos, pertenencia a organización criminal), según la documentación del sumario.

A la espera de saber si se acogen a su derecho a no declarar o a responder solo a algunas preguntas; en el caso de que contesten, las acusaciones tratarán de centrar buena parte de sus interrogatorios en la gran línea de investigación que ha brotado con la imputación de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE: el amaño de obra pública a cambio de mordidas. “Pardo de Vera y Herrero habrían permitido la manipulación de los procesos de contratación”, escribió el juez Moreno en una resolución del 25 de junio, donde señalaba a ambos ex altos cargos por “favorecer de manera recurrente” que varias constructoras obtuvieran adjudicaciones “a cambio de una contraprestación económica” para el entonces ministro Ábalos y para su asesor, Koldo García.

A la expresidenta de Adif también se le ha imputado por la contratación “irregular” y “caprichosa” de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

Hasta ahora, Pardo de Vera y Herrero solo habían declarado como testigos en las causas abiertas en la Audiencia Nacional y en el Supremo. También comparecieron en la comisión de investigación abierta en el Senado sobre el caso Koldo, donde defendieron su inocencia. El 29 de mayo, aunque se acogió a su derecho a no responder a la mayoría de preguntas de los parlamentarios, la expresidenta de Adif aprovechó para desvincularse de cualquier amaño de obra pública a cambio de mordidas.

—¿No le llegaron a preguntar nunca, José Luis Ábalos o Koldo García, por unas obras y porque se les pagase? —le inquirió María Mar Caballero, de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

—No —respondió la ex alto cargo.

—¿Nunca le han preguntado por ninguna obra? —insistió la senadora.

—Sí me preguntaron por una liquidación de unas obras de hacía no sé cuántos años, [de] décadas... cuando yo no estaba. Que todavía no se habían liquidado y que había una diferencia de criterios entre el contratista y la liquidación del organismo que yo presidía. Nada más, no tiene nada que ver con una adjudicación.

El pasado febrero, Javier Herrero se manifestó en el mismo sentido. Y en el mismo escenario. “¿Alguna vez le habló Koldo García de alguna adjudicación de alguna obra?”, le preguntó la senadora de UPN. “No”, contestó el ex director general de Carreteras, contundente, antes de añadir: “Las competencias que tenía Koldo eran las de una persona de acompañamiento, pero en el ámbito de la contratación...”.

Sin embargo, cuando los dos comparecieron en la Cámara alta, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aún no había entregado en el Supremo el informe que señalaba a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, como supuesto partícipe de la trama corrupta. Un análisis policial que también dejó a los pies de los caballos a Pardo de Vera y a Herrero, al señalarlos como presuntos facilitadores de las obras amañadas. De hecho, el magistrado Leopoldo Puente, instructor del alto tribunal, pidió a la Audiencia Nacional que los imputase. Y así lo hizo este órgano judicial, que ordenó el registro de sus casas.

En un segundo informe, fechado el 24 de junio y enviado ya directamente a la Audiencia Nacional, la UCO resume los principales indicios recabados contra los dos ex altos cargos. La Guardia Civil enumera múltiples comunicaciones con Koldo García sobre las obras bajo sospecha. Por ejemplo, frente a lo que afirmó en el Senado (donde negó haber conversado con Ábalos o su ayudante sobre adjudicaciones), Pardo de Vera le escribió al asesor del ministro el 30 de mayo de 2019 para “informarle del resultado de la apertura de ofertas económicas” del proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), con un valor estimado de 71,5 millones de euros.

Los investigadores destacan igualmente que, según se escucha en una conversación con la propia presidenta de Adif grabada por Koldo García, el asesor del ministro “le solicitó a Pardo de Vera que le fuese adjudicada alguna obra de emergencia” a la compañía LIC (Levantina Ingeniería y Construcción). “Tras indicarle Isabel que LIC había resultado adjudicataria recientemente de una licitación de emergencia y que otorgarle otra tan seguida iba a ‘cantar’, esta le prometió que valoraría las opciones. Finalmente, tan solo un mes más tarde, Adif propuso directamente a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia por importe de 592.053 euros”, escriben los agentes.

“Bingo!!!!”

Para la UCO, los mensajes de Javier Herrero y Koldo García apuntan en la misma dirección. El 22 de abril de 2019, día que se abrían las ofertas económicas para la concesión de una obra en Logroño, el director general de Carreteras le escribió al asesor del ministro: “Bingo!!!! En Logroño”. En enero de 2021, por ejemplo, Herrero también le facilita información de otro proyecto en la ciudad de Sevilla.

La Guardia Civil cree que la trama llegó, incluso, a intentar “modificar el sistema de evaluación de licitaciones” de obra pública para “tener más control” sobre ellas. Y, para sostener esta tesis, los investigadores se apoyan precisamente en otro mensaje que Herrero envió a Koldo García: “Estamos enredando para intentar modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones. Para poder tener más control. Pero necesitamos trabajarnos a los interventores y abogados del Estado”, le advirtió el director general a su interlocutor.