La Audiencia Nacional investiga a Pardo de Vera por cinco delitos

La Audiencia Nacional investiga a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, por cinco delitos: malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal. Así consta en la resolución firmada el pasado 25 de junio por el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, para autorizar el registro de su vivienda en Santiago de Compostela (A Coruña). El magistrado dio luz verde a la Guardia Civil a entrar en su casa después de que el Tribunal Supremo pidiese la imputación de la ex alto cargo —así como la de Javier Herrero, ex director general de Carreteras— al concluir que existen “indicios consistentes” de que “hubieran podido prestar asistencia” a la supuesta trama de amaño de obra pública que anidó en el Ministerio de Transportes en época de José Luis Ábalos.

El juez Ismael Moreno, que investiga la parte de la trama que no ha asumido el Supremo por no afectar directamente a ningún aforado, ha citado a Pardo de Vera y a Herrero a declarar como imputados el próximo 21 de julio. Lo ha hecho después de que ambos fuesen señalados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe conocido el 12 de junio, que apuntó por primera vez a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, por su presunta implicación en el amaño de obras públicas a cambio de mordidas (que ha acabado con su ingreso en prisión provisional).

Leopoldo Puente, el magistrado instructor que lleva la parte de la investigación del Supremo, analizó el informe de la UCO sobre Santos Cerdán y concluyó que ese análisis de la Guardia Civil revela igualmente indicios contra la expresidenta de Adif y el ex director general de Carreteras por haber supuestamente facilitado a la red corrupta que las adjudicaciones sospechosas pudiesen “llegar a buen término”. Según el instructor, “hubieran podido” ayudar a Ábalos” a través de su exasesor, Koldo García. Por ello, Puente acordó remitir ese documento a su compañero de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, para que este decidiera si debía imputar a los dos ex altos cargos.

El magistrado del Supremo afirmaba que, según se desprende de las comunicaciones interceptadas y de los audios grabados por Koldo García, constan indicios suficientes de que Pardo de Vera y Herrero podrían haber “facilitado de manera inmediata” a la trama toda una serie de “información conveniente que obraba en los distintos expedientes (tales como la apertura de las ofertas, fechas) o la salida a licitación de otros”. “Siguiendo las directrices que [Ábalos], a través de su asesor, les impartía”, remachó Leopoldo Puente.

Según fuentes de la Audiencia Nacional, tras recibir la documentación del Supremo, Ismael Moreno abrió una línea de investigación secreta para autorizar los registros en las residencias de Pardo de Vera (una casa en Madrid y otra en Santiago) y Javier Herrero. Durante los mismos, la UCO intervino varios dispositivos electrónicos y papeles sobre un expediente de Adif para el suministro de cinco millones de mascarillas en la pandemia. Los agentes accedieron igualmente al correo electrónico y a una conversación de WhatsApp de la expresidenta del ente público, según consta en un acta del juzgado, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En el domicilio de Herrero se hallaron 4.750 euros en efectivo (27 billetes de 50 euros y 34 billetes de 100 euros).

Isabel Pardo de Vera ya se encontraba imputada en la Audiencia Nacional por otra línea de investigación del caso: la contratación “irregular” y “caprichosa” de Jésica R., antigua pareja del socialista Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Pero, en ese caso, el juez Ismael Moreno decidió imputarla el pasado 20 de mayo por dos delitos: malversación y tráfico de influencias. Ahora, las sospechas del magistrado contra ella se amplían a otros tres delitos.

Las obras sospechosas

En el informe enviado por la UCO a la Audiencia Nacional para pedir autorización para los registros de Pardo de Vera y Herrero, los agentes detallaban los múltiples indicios recabados contra ambos. Al referirse a la expresidenta de Adif, los investigadores señalaban que Koldo García “habría acudido” a ella “en repetidas ocasiones para interceder en adjudicaciones” en favor de las constructoras Acciona y LIC (Levantina Ingeniería y Construcción).

La Guardia Civil subraya, por ejemplo, que Pardo de Vera intercambió información sobre varias obras sospechosas con el asesor de Ábalos. Así lo resumen: “Estas intercesiones concretas hechas por Pardo de Vera para favorecer a determinadas constructoras han de ser entendidas junto a los extractos de las conversaciones mantenidas entre Koldo y Ábalos, de los que se deduce una notoria discrecionalidad a la hora de adjudicar contratos de obra pública. Se ha podido observar cómo Koldo alegaba haber dado indicaciones a Pardo de Vera para que adjudicase determinados contratos a empresas específicas o cómo, incluso, Koldo llegó a reconocer que le iba a dar la directriz, tanto a Isabel Pardo De Vera como a Javier Herrero, para que otorgasen alguna licitación al también investigado Víctor de Aldama”.

Los agentes recalcan que Pardo de Vera escribió en mayo de 2019 a Koldo García para “informarle del resultado de la apertura de ofertas económicas” del proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) por un valor estimado de 71,5 millones de euros. Acciona ganó ese concurso. “Se ha apreciado que Koldo García también habría ejercido influencia sobre Pardo de Vera para el presunto favorecimiento de LIC”: para “lograr una reclamación” en el marco de la construcción de la estación del AVE en Elche (Alicante), y para “proponerla directamente como adjudicataria de una obra de emergencia” por un importe superior a los 590.000 euros.

“Todos estos indicios pudieran haber resultado en la motivación del interés mostrado tanto por Santos Cerdán como por Koldo por promocionar a Isabel Pardo de Vera al cargo de secretaria de Estado, extremo este que no terminó por producirse hasta la salida de Ábalos del ministerio [en 2021]”, apostillan los agentes.

“Koldo [también] habría acudido a Javier Herrero en repetidas ocasiones para interceder en adjudicaciones [en favor de] Acciona, LIC y OPR (Obras Públicas y Regadíos)”, continúan los investigadores, que señalan la supuesta ayuda del director de Carreteras para conceder una obra a Acciona en el Puente del Centenario de Sevilla (cuya adjudicación “terminó de materializarse el 17 de mayo de 2021 por 71,4 millones”). Igualmente, según apunta la UCO, “favoreció” a la constructora OPR para que consiguiese un proyecto en la autovía A-63 en Asturias; y a LIC, para la “ejecución de operaciones de conservación en carreteras de Teruel” y para que lograse una obra en la A-12.

“Cabe resaltar el interés mostrado por Koldo y Santos Cerdán, tanto en 2018 (tras la moción de censura) como en 2020 (tras las elecciones generales celebradas en 2019), para colocar a Javier Herrero al frente de la Dirección General de Carreteras, y para darle un puesto de mayor responsabilidad, respectivamente”, remacha la UCO, que investiga al ex alto cargo por una batería de delitos similar a Pardo de Vera.